Bolivia en transición

Bolivia en transición

Erick R. Torrico Villanueva*

sábado, 30 de mayo de 2020

Transitoriedad y transición no significan lo mismo en política. Y esto debieran tenerlo claramente presente los que gobiernan hoy, los que no dejan gobernar, los que aspiran a hacerse del poder y la ciudadanía toda que necesita de un gobierno, ahora y después.

El primer término hace referencia a una situación temporal, que durará un lapso relativamente corto; el otro remite a un cambio de estado, al paso de una condición dada a otra que se anuncia distinta y que puede perdurar.

En ese sentido, tras la renuncia y huida del anterior gobernante en noviembre pasado, se instaló en Bolivia un gobierno transitorio que deberá entregar el mando de la nación al binomio que resulte electo en los venideros comicios que se espera subsanen los resultados fraudulentos de las anuladas votaciones de octubre de 2019.

Este gobierno, producto de la posibilidad de sucesión que dejó el vacío de autoridad provocado por una serie de dimisiones voluntarias, mereció el consentimiento de la ciudadanía y asumió no sólo la misión de convocar a nuevas elecciones generales, sino ante todo la de comenzar a recomponer la institucionalidad democrática. Las circunstancias, políticas primero y sanitarias más tarde, hicieron que su plazo constitucional de 90 días hubiese sido ampliado mediante aprobación de la estructura parlamentaria heredada del antiguo régimen, lo cual, aunque confirma su legalidad, no modifica su carácter transitorio.

Pero a semejanza de lo acontecido con el lapso de transitoriedad que devino tras la crisis del esquema neoliberal en 2005, el tiempo actual coincide con el fin de un ciclo que había dado variadas señales de agotamiento. El denominado “proceso de cambio”, que tomó las riendas del país a inicios de 2006, desfiguró muy pronto su propuesta; ya en 2009 se convirtió en un proyecto de poder tradicional que fue acumulando un rechazo colectivo que se convirtió en resistencia en octubre del año pasado, misma que dio término al autoritarismo prebendal en que desembocó aquella experiencia. El camino de la transición política, entonces, comenzó hace ya largo tiempo y encuentra en 2020 la probabilidad de empezar a concretarse.

En lo que va de su historia contemporánea, Bolivia tuvo varias ocasiones para reestructurarse y hasta consolidarse como nación. Al respecto, cabe citar en especial las etapas de la revolución modernizadora de 1952, la de la reconstitución democrática en 1982 o la del ya mencionado “proceso de cambio” en 2006, oportunidades todas –a su manera– frustradas y frustrantes, pues en ningún caso consiguieron los propósitos de maduración estatal que ofrecieron alcanzar, pese a que no todo lo hecho en ellas deba ser desestimado.

Al margen de los aspectos que pueden ser recuperables de cada uno de esos lapsos, conviene tomar nota de un denominador común que les caracteriza: la ocurrencia previa de una fase de profunda descomposición. La victoria del nacionalismo revolucionario en abril estuvo precedida por el desastre generalizado que supuso la derrota en la guerra contra Paraguay; el retorno a la democracia fue antecedido por la debacle económico-política que hizo insostenible la continuidad de las dictaduras militares, y la improvisada emergencia de un fenómeno híbrido rural-izquierdista a mediados de 2005 resultó anticipada por las crisis que reventaron en la “guerra del agua” (2000), “febrero negro” (2003) y la “guerra del gas” (2003).

De ese modo, en todos los casos señalados, situaciones de diverso grado de calamidad preludiaron tanto el sacudón que sufrieron luego las estructuras del poder y la política como la subsecuente remoción de sus actores protagónicos, movimiento de magnitud que abrió caminos para la reinterpretación de la historia nacional y para la consiguiente intervención colectiva con potencial transformador. Se trató, pues, como diría René Zavaleta, de la apertura de “momentos constitutivos”, es decir, de momentos en que Estado, sociedad y economía reconfiguran sus contenidos y relaciones en términos de organizar una arquitectura diferente con pretensiones de duración relativamente larga.

Lo que vive hoy Bolivia es, así, una nueva coyuntura de ese carácter. Su punto formal de arranque se dio en octubre-noviembre de 2019, pero sus antecedentes tienen más de una década. El complejo y delicado cuadro del presente, en que una inesperada pandemia puso al descubierto la dramática precariedad de los sistemas de salud, el cuentapropismo predominante en la economía, la inmoralidad y el oportunismo instalados en el accionar del campo político, la pobreza que mantuvieron escondida y hasta los deprimentes niveles en que se halla la educación ciudadana, constituye un panorama de gran preocupación y que convoca a respuestas y propuestas de la mayor responsabilidad posible.

Por eso no se debe permitir que la transición que está en proceso vaya a repetir los errores del pasado, del inmediato ni del más remoto. El país necesita de certezas, porque tal vez no le quede mucha historia para volver a fracasar. ¿Estarán los actores políticos, económicos y sociales conscientes de la dimensión de la transición a que se enfrentan? ¿Serán capaces de superar este reto?

*Es especialista en Comunicación y análisis político

Twitter: @etorricov

(Publicado en la Agencia de Noticias Fides el 30 de mayo de 2020)

Reconciliación y elecciones en tiempos de pandemia

Reconciliación y elecciones en tiempos de pandemia

Pedro Portugal Mollinedo

jueves, 28 de mayo de 2020

Revuelo y objeciones provocó a inicios del mes de mayo la promulgación por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa, de la Ley 1297 para celebrar en un plazo de 90 días elecciones en Bolivia. Las reacciones se enfocaron más en las —supuestas o reales— fallas leguyescas de su texto y de su promulgación, y menos en la necesidad política —o no— de elecciones en Bolivia. 

Hubo también otra objeción: ¡estamos en época de pandemia y primero está la salud! Quienes reclaman elecciones serían insensibles al sufrimiento y la muerte por coronavirus. Empero, las elecciones más que supeditarse a la salud de los electores, determina el tipo de salubridad que recibirán los mismos. 

En ese ambiente confuso y ante el silencio del Tribunal Supremo Electoral, hasta la fecha no sabemos cuándo se efectuarán elecciones generales en Bolivia.

La relación elecciones-pandemia es asunto mundial. El calendario internacional señalaba para el año 2020 celebrar 149 elecciones. La mayoría fueron pospuestas. Sin embargo, en 15 países se desarrollaron 22 comicios: nueve municipales, cinco legislativas, cuatro primarias, tres locales y un referéndum en las fechas inicialmente programadas (marzo y abril). El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en Burundi y España acaba de programar para el 12 de julio elecciones regionales en Galicia y Euskadi.

El asunto no es, entonces, si las elecciones son o no saludables respecto al Covid-19. Se trata de si son o no imperiosas por la situación política concreta de cada país. En unos casos, su estabilidad permite posponerlas —así sea indefinidamente—; en otros, no realizarla entraña riesgos políticos mayores. ¿Cuál es la situación en Bolivia?

El actual gobierno se legitimó como “de transición”. El acceso de Janine Añez a la Presidencia se justificó porque el MAS vulneró las reglas de la democracia, al no respetar los resultados de un referendo sobre la reelección de Evo Morales y porque habría cometido fraude en elecciones generales. Por ello, su único “tránsito” es el de la restauración del proceso democrático, mediante una gestión breve, centrada en poner en funcionamiento mecanismos institucionales que aseguren la transparencia del proceso electoral.

La emergencia del Covid-19 aceleró una tendencia. De gobierno temporal, se pasó a gestión indefinida.  De administración restringida, a ejecutar orientaciones económicas y políticas mayores. Se asentaron así las condiciones para el despliegue de las taras constitutivas del poder político en Bolivia: corrupción e ineficiencia. 

La única manera de disipar este malestar es que el gobierno establezca fecha definida para las próximas elecciones y que ese proceso esté enmarcado en un mecanismo de reconciliación.

Es interesante considerar el vínculo religioso del término “reconciliación”. Al referirse a la relación entre Dios y los hombres, resalta la transformación en estos últimos. Se restaura la armonía donde imperaba el conflicto. No me refiero necesariamente a un acuerdo entre oposición y gobierno, o entre las fuerzas dispares del fenómeno “pititas”. Aludo a una reconciliación histórica entre los componentes desajustados con la llegada de los españoles a estas tierras. 

La corrupción, la nimiedad estatal, la informalidad económica, la inexistencia de nación y el conflicto interétnico tienen raíces coloniales. Si se encara sin ambages uno de estos elementos, se emprende la solución del conjunto. Sin embargo, a quienes buscan solo disfrutar del poder les es más conveniente medrar de esos defectos y no solucionarlos. 

Esta reconciliación implica modificar la relación de aparatos políticos con miembros de grupos excluidos. Del indígena funcional al estado de cosas, sumiso, nada influyente en las decisiones, pero exótico, a veces chocarrero y siempre intransigente defensor del amo, se debe transitar al individuo cuya identidad se conjuga con la capacidad contemporánea de entender y administrar el asunto público. De lo contrario, la implosión del inicuo sistema será obra de fuerzas que, en la necesidad de transformación, pueden alejar circunstancialmente toda reconciliación. La historia, en ello, es pródiga en ejemplos.

*Es director de Pukara, autor de ensayos y estudios sobre los pueblos indígenas de Bolivia.

(Publicado en Pagina Siete el 28 de mayo de 2020)