Viernes, 13 de diciembre de 2019
La última actuación de esa comisión de derechos humanos que vino de Argentina nos mueve a reflexionar sobre el peligro de que también esa instancia se convierta en un elemento superficial e irresponsable de intervención política. Personalmente, fui el primer presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en Santa Cruz, en 1978, en tiempos en que terminaba la dictadura de Banzer, tiempos en que realizamos el entierro simbólico de Luis Espinal en cada capital de departamento…
Con el paso del tiempo, dicha Asamblea fue capaz de mantener la dignidad y el valor en todos los momentos, incluido el actual (cosa que no pasó por ejemplo con esa otra importante institución que fue el Defensor del Pueblo y que hoy no se sabe si da más pena que vergüenza). En Bolivia se sigue defendiendo los derechos de las personas y de los grupos sociales de manera consecuente (y Amparo Carvajal es todo un símbolo).
Pues en los días pasados se apareció, procedente de Argentina, un grupo de la llamada CIDH (Comunidad Internacional de los Derechos Humanos), con típicos aires de superioridad, y, sin investigar nada seriamente, sin entrevistar a sujetos clave del momento político que vive Bolivia, emitió un informe absolutamente negativo sobre la situación que vive nuestro país; en una abierta toma de partido por el presidente prófugo y por la turba de llunk’us que se han autodeclarado perseguidos políticos para poder disfrutar de un exilio que valga la pena…
Somos muchos quienes nos sumamos al mensaje crítico que escribió Marco Gandarillas —de cuya idoneidad teórica y política nadie ha podido dudar— cuando comenta que esa CIDH “nos ha fallado” al emitir un criterio arbitrario en el sentido de que un presidente indígena es intocable y que sigue evaluando a Evo Morales, a partir de sus intervenciones en Naciones Unidas, como aquella en que afirmó la prioridad de los derechos de la Madre Tierra sobre los derechos de los seres humanos.
Efectivamente una formulación atrevida —a la vez que irrefutable— que a todos nos llegó al alma, pero que ha quedado en mero verso, dado que en Bolivia hace por lo menos 10 años que no se toma una sola medida en defensa de la Madre Tierra (ahí está la deforestación masiva para el cultivo de soya transgénica; ahí están los irreparables incendios provocados en la Chiquitania; ahí está la exploración de gas en territorios indígenas y parques naturales, y muchas desgracias más).
Y no faltaron instituciones, y personas que les advirtieron —a los agentes argentinos— lo que en realidad está pasando: la ruptura constitucional del 21F, la burla de la democracia y sus principios, el fraude electoral de las últimas elecciones, y toda una grave crisis social que ha llevado a una inevitable crisis de la izquierda y le ha entregado todas las oportunidades a la derecha. Por supuesto, es un resultado triste pero que no justifica cerrar los ojos ante la evidencia de que los causantes de toda esa crisis han sido diferentes actores del gobierno del MAS, empezando por el binomio Evo-Linera.
Pero estos señores de la CIDH no se han molestado en investigar, en hablar con sujetos involucrados y responsables (que los hay en ambos bandos), para poder sacar como “conclusiones” lo que ellos traían como “prejuicio”. Indudablemente, han sido muy tristes los enfrentamientos, las muertes, los incendios; pero nada de eso habría ocurrido si Evo Morales no hubiera decidido desconocer un referéndum, presentarse de candidato inconstitucionalmente y, encima, organizar un fraude para evitar una segunda vuelta (y esto del fraude no sólo ha sido reconocido por la OEA —siempre susceptible de estar sujeta a malas influencias— sino también por la Unión Europea…)
Marco Gandarillas tiene toda la razón. Las organizaciones de derechos humanos no pueden servir para fines político-partidarios, ni pueden pretender imponer sus criterios a nivel internacional. Tienen que ser mucho más serias y responsables, ¿entendieron, señores de la CIDH? ¡Ojalá!
*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba