Gobierno busca evitar otro caso de “espionaje” con un decreto

secreto de fuente informativa

Redacción AquíCom

(AquíCom/26-05-14) Sorpresivamente, antes de los festejos del 25 de mayo por el aniversario de Chuquisaca, nos enteramos por algunos medios de difusión que el gobierno emitió el Decreto Supremo 2000 que determina que “cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, ex autoridades, servidoras y servidores públicos o particulares deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva”.

Además ese Decreto entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores “los lineamientos que compatibilicen la reserva establecida con los de orden constitucional”, entre ellos, los derechos de información, expresión y opinión.

La norma no fue emitida en un acto público, como en ciertas ocasiones lo hace el gobierno, y se lo conoció por lo que informó un medio internacional que hacía seguimiento del tema, ni siquiera los medios estatales ni el Ministerio de Comunicación informó sobre la nueva norma.

Al parecer ese decreto busca evitar que algún funcionario público, ex autoridad o autoridad que sepa acerca de las gestiones relativas al tema de la demanda marítima boliviana que tendría que atender Chile, divulgue información al respecto y se filtre hasta llegar a una publicación que pueda conocer el vecino país.

“Evitar que la gente que está en su entorno divulgue información confidencial y de reserva”. Como lo sucedido con el diario paceño La Razón que publicó un artículo por el cual, según el gobierno, se comete el delito de “espionaje” y “difusión de secretos” del Estado boliviano, causa por la que el Procurador del Estado le inició una demanda a dos periodistas de ese matutino.

El objetivo, según explicó el Procurador del Estado, Héctor Arce, es conocer el nombre de la persona que pasó la información a uno de los periodistas, autor del artículo. ¿Cuál sería la reacción si lograra su objetivo?, el procurador no se quiso referir a algunas sanciones o medidas contra la persona que habría divulgado información que considera  “reservada”. No se quiso adelantar porque sabe que quien pasó los datos es gente de su entorno e incluso podría ser uno muy cercano al presidente Evo Morales. Pero se emitió aquel Decreto para que ese tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

Mediante la demanda contra los dos periodistas, el gobierno, que controla la justicia en muchos casos, hizo que un juez incompetente ordene levantar el secreto de la fuente al periodista autor del artículo, sin embargo, éste no lo hizo, fiel a la Ley de Imprenta que en su  Artículo 8, señala que “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y en el artículo 9 “que el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal” (AquíCom/26-05-14).