Un poder ineficiente, dentro de un Estado incapaz

Roberto  Ibarguen Chávez

Durante toda la semana previa a la publicación de este artículo, los noticieros de los medios de difusión estuvieron inundados de comentarios, entrevistas y artículos sobre temas relacionados al ejercicio de la justicia en Bolivia y a la actividad realizada por la instancia a cargo, el Órgano Judicial. Y resulta hasta preocupante que de las opiniones vertidas en cualquiera de los formatos, no hubiera una que se atreva a considerar hechos positivos vinculados al tema o a defender su gestión o por lo menos a justificarla.

Ese interés por el tema, de parte de los medios difusión lo que, supuestamente, se  traduce en el interés de la población (incluidas las opiniones desfavorables que se tiene al respecto, me llevó a considerar que era natural que en estos días se toque el tema porque en esta semana  se conmemoraba —sin sentencia y sin que exista posibilidades de que se dicte una sentencia—  los 5 años del caso denominado terrorismo separatista, a lo que en la memoria de los ciudadanos se suma una larga lista de casos sin resolver, comenzando por el de Porvenir, Chaparina, el de los ex funcionarios extorsionadores del Ministerio de Gobierno, la detención de al menos un fiscal o juez al mes, que se dejan pillar con las manos sobre el dinero ajeno, etc. Lo que lleva a explicar que no existen opiniones positivas sobre el tema. Mientras que en comentarios y en análisis sobresale la mala aplicación de la justicia,  justicia en crisis, corrupción en la justicia, etc.

Pero los humanos tenemos el defecto de que cuando comenzamos a pensar, que no es cierto que sea una actividad que realicemos todo el tiempo, vayamos problematizando las cosas cada vez más y es este defecto el que me llevó a preguntarme si los casos y criterios expuestos, bastaban para considerar que exista una justicia en crisis y, ante la falta de respuestas, se me ocurrió trasladar mi preocupación a un amigo que sí sabe del tema, quien de manera muy docta me aclaró,  primero en broma:

¿Sí? Lo que dices es parte del problema pero, además, si el Gualberto Cusi y hasta nuestro presidente lo afirman: que esa crisis no la puedo cambiar ni habiendo metido ponchos y ojotas al poder judicial, entonces que más necesitas para darte por enterado de que la justicia de este país, no solo que está en crisis sino que es una mierda.

Y ante mi mirada de alumno aplicado, que exige una respuesta más sustentada de parte de un profesional, tan formal en apariencia, aunque no en la práctica, continúo en serio. Explicó que desde su perspectiva es posible afirmar que la aplicación de la justicia y el poder judicial están en crisis porque es visible el grado de ineficiencia suyo, lo que se puede apreciar en la cantidad de casos jurídicos no resueltos;  que, por ejemplo,  para tener una idea,  solamente en los juzgados que se encargan de los  procesos penales, los pocesos son más de 100.000 mil casos, cuando los juzgados asignados al tema tienen una capacidad de resolución de menos del 15.000; lo que deja una enorme cantidad de casos sin resolver, los que año a año se acumulan, lo que y lleva a que la gente pierda la fe en el poder judicial . Crisis que según el análisis de mi amnigo responde a una serie de problemas como por ejemplo:

—La falta de independencia del órgano judicial. Que se refleja en la injerencia del órgano ejecutivo y que se puede apreciar en cómo se llevan algunos de esos casos que parecen sin solución solución, como cuando llega la designación de miembros del órgano judicial; lo que no se superó ni con la elección de autoridades del órgano jiudicial. La ineficiencia en la administración de los recursos del poder judicial. Que no solo se puede apreciar en que incrementan juzgados y personal en ámbitos y lugares que no lo requieren, sino también en los flujos inadecuados que tienen que seguir los casos lo  que parecería indicar que nunca va poder tener las condiciones para satisfacer la demanda.

—La corrupción del órgano judicial. Que a pesar de la posible existencia de algunos funcionarios probos, hace pensar que los ciudadanos que hacen uso de ese servicio que presta el poder judicial busquen o sean condicionados a buscar, como forma de solución y agilización, de sus problemas vías ilegales.    

—La poca importancia que se le asigna al órgano judicial. Lo que se puede apreciar si se considera que su presupuesto (sin incluir el presupuesto de la Fscalía) alcanza a menos del 1% del presupuesto general de la nación frente al presupuesto de la policía y Fuerzas Armadas que sobrepasa el 50% del Presupuesto General de la Nación.       

Estos temas son mencionados a la hora de plantear soluciones a la crisis de la  administración de justicia, pero que nunca son analizados a la luz de diagnósticos, adecuadamente realizados, que permitan precisar características, datos y volúmenes. Trabajo que, por suerte, este amigo realiza y se comprometió a colaborar con este  semanario, por lo que en los siguientes números tendremos esos materiales que nos ayuden como individuos, organizaciones o gremios, a plantear una demanda sustentada para afrontar este problema que, sin duda, nos preocupa o nos debería preocupar a todos.