Juicio de responsabilidades a Evo Morales

Flechas yuracarés

Alejandro Almaraz

Durante las tres últimas décadas, la democracia boliviana ha estado muy sólidamente preservada de los golpes y dictaduras militares que antes la conculcaron o imposibilitaron. Esto ha obedecido, además de a la incidencia del contexto internacional y a la adopción de una cierta institucionalidad democrática en las propias FFAA, al saludable efecto ejemplarizador y disuasivo del juicio de responsabilidades que, no obstante sus grandes dificultades y dilaciones, finalmente llevó a la cárcel a García Meza, Arce Gómez y varios de sus secuaces.

En el mismo sentido, es razonablemente previsible que el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y su consiguiente castigo a los responsables militares de la masacre de El Alto, disuadan, a los militares en el futuro, de disparar contra las protestas populares, por mucho que se los ordenen sus mandos civiles. Gracias a este juicio, el mismo Sánchez de Lozada, si bien evadido de la justicia boliviana como está y seguramente permanecerá, no ha quedado totalmente impune, pues pasará a la historia como un asesino genocida y, bajo el enorme peso de esa condena jurídica y moral, en el mejor de los casos para él, tendrá que morir en EEUU como ha vivido en estos últimos años: atemorizado y humillado, ocultándose del desprecio del mundo.

El juicio de responsabilidades es el mecanismo judicial por el que la institucionalidad democrática se defiende a sí misma, y a la sociedad en su conjunto, de los crímenes cometidos desde la alta función pública, en especial  de aquellos que lesionan la democracia y el estado de derecho. Si este mecanismo fue justo y efectivo para defender y restablecer las instituciones democráticas, las garantías constitucionales y los derechos humanos frente a las agresiones que les infligieron las dictaduras militares y el poder neoliberal, debe serlo también frente a los crímenes con los que el autoritarismo de Evo Morales viene lesionándolos gravemente.

Si el pueblo boliviano decide conservar las conquistas democráticas obtenidas al precio de tanto dolor y sangre como los que tuvo que pagar, no pueden quedar impunes la represión criminal de Caranavi, Yapacaní o Chaparina; la montaña de corrupción con la que los nuevos jerarcas del poder consuman la "revolución” que los convertirá en "nueva burguesía” con el dinero ajeno; el avasallamiento de la ley, la soberanía nacional  y los más básicos derechos sociales, para mantener los recursos naturales y la economía del país en el depredatorio servicio de los intereses extranjeros; el brutal y abyecto sometimiento global de la justicia y de cuanta institución pública ha sido posible, a la discrecional y prepotente voluntad del poder central; pero, muy en especial, no puede quedar impune el constante, alevoso y cínico pisoteo de la Constitución Política del Estado que los bolivianos, como nunca antes, construyeron desde sus más hondas esperanzas, con su más comprometida voluntad colectiva de transformación, y aprobaron como la norma suprema que los conduzca a conquistar un mejor futuro en paz y democracia. 

Por esto último, tan importante como enjuiciar a Evo Morales, es enjuiciar a todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que, cometiendo la más total y abierta traición al pueblo boliviano, cambiaron su misión de garantizar la vigencia de la Constitución, por la legalización servil de su profunda y sostenida vulneración.

El juicio a Evo Morales, y a todos los que desde las altas responsabilidades de la función pública colaboraron con sus crímenes, es un insoslayable acto de justicia que el Estado boliviano le debe a su sociedad. Pero, además, por los efectos reparadores y preventivos de su finalidad esencial, es la más indispensable condición para asegurar, en el futuro y por mandato constitucional, la vigencia real de las instituciones de la democracia representativa gravemente lesionadas y, más aún, la efectiva  construcción de la nueva democracia, participativa, directa y comunitaria, negada por las mismas acciones anticonstitucionales y punibles del poder político.

Como es obvio, no pretendo que este juicio sea tramitado ante legisladores autómatas, fiscales extorsionadores ni magistrados elegidos en las pedagógicas papeletas legislativas de la vergüenza. Sería absurdo enjuiciar a los inculpados ante sí mismos. El juicio de responsabilidades contra Evo Morales es una fundamental y absolutamente imprescindible tarea democrática que, por eso mismo, sólo podrá cumplirse cuando la ciudadanía haya impuesto algo de decencia en las altas funciones del Estado, lo que, estoy seguro, empezará a ocurrir bastante pronto, desde enero de 2015 para ser más preciso.

*Abogado y ex Viceministro de Tierras