3 de septiembre de 2025
Fuente: Masas 2850
Un 21 de agosto de 1985, el proletariado minero iniciaba la “Marcha por la Vida” en su lucha contra la política antiestatista del gobierno del MNR encabezado por Víctor Paz Estenssoro, el mismo que la revolución del 1952 había encumbrado en el Poder por las masas triunfantes que habían derrotado el ejército de la rosca minero-feudal levantando las banderas de la toma de las minas de los barones del estaño. Así concluía el ciclo nacionalista pequeñoburgués, como instrumento antinacional del imperialismo.
Manifestación que reunió y convocó en las carreteras a más de 25 mil trabajadores mineros, se habla inclusive de treinta mil obreros junto a sus familias provenientes de las minas estatales en una movilización sin precedentes con el apoyo de las poblaciones a lo largo del recorrido y de las comunidades campesinas.
Desde antes de la marcha, los trabajadores mineros estaban luchando en defensa de la COMIBOL como empresa estatizada y como su fuente de trabajo. Recordada como una expresión del ímpetu revolucionario: “La marcha por la vida”. El ampliado d la FSTMB en Oruro aprobó la medida de la marcha cediendo a la presión de las bases en buena medida como repulsa al método del interminable diálogo y la componenda con el gobierno por parte de los dirigentes.
El cierre de las minas afectaba a las industrias y empresas comerciales de Oruro y Potosí que habitualmente proveían suministros y alimentos a las empresas mineras. Afectó, además al cierre de otras industrias fabriles, ferroviarios, gremiales que empezaron a despedir a trabajadores obligándolos en parte, a migrar al oriente boliviano.
El ímpetu de la marcha era una gran amenaza para el gobierno que no podía permitir que llegue a la sede de gobierno.
El 28 de agosto de 1985, 2.000 militares apoyados con tanques, aviones y carros de asalto cercaron a los marchistas en la localidad de Calamarca (La Paz), tras el estado de sitio decretado por el gobierno de Paz Estenssoro.
La dirigencia de la COB encabezada por Simón Reyes nunca estuvo de acuerdo con la realización de la marcha y se apresuraron en, a nombre de evitar una posible masacre, convencer a los marchistas de disolver la marcha y retornar a sus distritos negociando un acuerdo de que no haya represión contra los participantes de la marcha.
La huelga de hambre
Para la burocracia y la “izquierda” capituladora, la “Marcha por la Vida” constituía el fin de la movilización y que no correspondía embarcarse en nuevas acciones y, más bien, preocuparse en salvar a los efectivos.
La marcha no concluyó en derrota, sino en una retirada ordenada, ni los trabajadores habían abandonado su disposición a continuar en la lucha contra el cierre de sus fuentes de trabajo. El primero de septiembre un piquete de mineros de la Sección Ánimas, a la cabeza de su delegado Andrés Lora, instaló en los socavones una huelga de hambre convencidos de que habían condiciones para que ésta se masificara y se constituyera en una poderosa medida de presión contra el gobierno. Efectivamente la huelga de hambre se masificó, la burocracia sindical empeñada en liquidar el conflicto y conciliar con el gobierno adoptó una posición dual; algunos de sus dirigentes se plegaron a la huelga mientras la dirección de la COB negociaba un acuerdo con el gobierno.
El convenio de la traición
De espaldas a las bases el 13 de septiembre por la noche, cuando se sumaban más y más personas a los piquetes de huelga, fue firmado un vergonzoso convenio entre los burócratas de la FSTMB y los ministros del gobierno bajo la mediación de la iglesia. El convenio lo único que señala es que la COMIBOL se mantiene como empresa estatal pero de ninguna manera compromete la aplicación de las medidas de ajuste del 21060 que implica el cierre de minas.
La disolución de la marcha por la dirección cobista fue una maniobra cobarde de la burocracia para dar fin a la lucha contra el 21060 permitiendo finalmente el cierre de las minas y el éxodo de los trabajadores tentados por la medida del gobierno, con financiamiento del imperialismo, de conceder una indemnización “extralegal” de mil dólares por año trabajado, adicional a lo que legalmente les correspondía.