TIPNIS: Estado plurinacional contra pueblos indígenas

Rafeal Puente

Al cabo de otra larga y agotadora marcha de la CIDOB y el Conamaq en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se puede afirmar que las cosas han empeorado en lugar de mejorar. Y lo decimos con tristeza, pues a nadie le puede alegrar que estemos dando este espectáculo al país y al mundo. Resumamos los elementos más llamativos del mismo: Tras el enfrentamiento fratricida que fue la VIII Marcha —incluida la bochornosa represión de Chaparina, que hasta ahora nadie ha logrado esclarecer— el problema pareció encontrar una solución con aquella ley que declaraba el TIPNIS "intangible" y por tanto aseguraba que no sería cruzado por ninguna carretera. Sin embargo, acto seguido se promovió una contramarcha (en torno a dirigentes del Conisur, que ya no es parte del territorio en cuestión) que pedía la abrogación de la ley anterior y nomás la construcción de la carretera. Primera muestra de una falta de seriedad que no le hace ningún bien a nuestro Gobierno (ni a nuestros pueblos indígenas originarios).
A continuación se promulga una Ley de Consulta Previa que no sólo es extemporánea sino que —además de pretender una manipulación de la democracia— entra en franca contradicción con la ley anterior, mostrando nuevamente una deplorable falta de seriedad.
Luego viene una larga etapa en que desde diferentes instancias de Gobierno se empieza a distribuir motores y otros implementos a comunidades del TIPNIS, ayudas que ciertamente se justifican —a base de la pobreza histórica de dichas comunidades— pero que aparecen sospechosamente coincidentes con el momento en que se trata de ganarse la voluntad de esas comunidades cuya pobreza nunca antes le había preocupado al Estado. No deja de ser pues un prebendalismo de corte colonial.
Al mismo tiempo empieza —y todavía no ha terminado— una campaña de descrédito y descalificación de dirigentes indígenas. No se trata de defender ni excusar a dirigentes (que en muchos casos han dado motivos para esa descalificación), pero sí debemos dejar claro que lo que está en juego es una causa —la causa de la Madre Tierra— y no la calidad ética de tal o cual dirigente. Lo mismo diríamos si fueran los dirigentes los que en lugar de defender esa causa se dedicaran a cuestionar la calidad moral de tal o cual gobernante.
Paralelamente se desata desde el Gobierno una campaña de escandalizada denuncia de los graves daños que se le ha causado ya a la Madre Tierra con negociados de madera, de lagartos y de ganado, y con fabricación de droga en pleno TIPNIS, sin añadir que todo eso debió haber sido controlado e impedido precisamente por las autoridades estatales (y que las pozas de maceración se encuentran mayoritariamente en tierras del Conisur, el nuevo mimado de las autoridades).
Desde que arranca la marcha el Gobierno adopta una actitud de doble cara: Mientras el Presidente instruye que se deje paso libre a la marcha —marchar es un derecho— y se la respete, autoridades subalternas como el viceministro Pérez aparecen alentando a la población de San Ignacio a que hostilice la marcha, y de hecho ésta ha sufrido permanentes agresiones, llegando al extremo de contramarchas "en defensa del Gobierno".
Una vez llegada la IX Marcha a la ciudad de La Paz —donde todavía acampan los y las marchistas en espera de un diálogo constructivo— el Gobierno toma dos medidas adicionales: Por una parte anuncia que escogerá a sus interlocutores (¡es decir que el Estado pretende definir quién representa y quién no a organizaciones de la sociedad civil!); y por otra parte se esmera en negociar por separado con algunos pueblos —es el caso de chimanes, mosetenes y tacanas— con el fin de dividir y debilitar la movilización.
"Sí o sí la carretera se construye" había sido ya el año pasado la consigna gubernamental, y al paso que van las cosas parece que se acabará construyendo, en contra de la voluntad de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, en contra de amplios sectores de la opinión pública, y sobre todo en contra de los Derechos de la Madre Tierra. "Hemos dividido y vencido a los indígenas" podrán decir, satisfechos, los titulares del nuevo "Estado Plurinacional". ¿No suena muy triste?
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.