El TIPNIS desalienta

Por Antonio Peredo Leigue

Ayer, en Palacio de Gobierno, Evo Morales se entrevistó con los representantes de la segunda marcha del TIPNIS y dijo algo importante, aunque con muchas semanas de retraso: lleguen a un acuerdo entre ustedes para reformular la ley corta. Los marchistas del CONISUR fueron recibidos por el Presidente y sus ministros, al terminar la tarde, luego de enfrentar a policías y maltratar a periodistas. Se sentaron en una misma mesa donde, las autoridades, tuvieron la paciencia de escuchar a cada uno de los 37 corregidores presentes en la negociación. Todos, sin excepción, reclamaron la modificación de la ley corta, dijeron que quienes dirigieron la primera marcha no los representan y reclamaron por la construcción de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos.

Todo esto era de esperar. El Presidente Morales dijo estar de acuerdo en sus peticiones, pero dejó establecido claramente que, la modificación de la llamada "Ley Corta" sólo era posible en la Asamblea Legislativa. Añadió que, los legisladores, no propiciarían una modificación, si no hay acuerdo entre los pueblos del Parque Nacional Isiboro Sécure. Durante 47 días caminaron hasta llegar a La Paz, con la esperanza de que, el gobierno, los recibiera y les dijera que su marcha hacía ver la necesaria anulación de aquella ley que declara la intangibilidad del TIPNIS.

Pero fueron otros tantos, o algo más, los días de la marcha del otro sector que llegó a La Paz demandando que la carretera no pase por el Parque. Llegaron después de muchos incidentes, incluyendo la represión policial. Cuando llegaron a La Paz lograron, en negociación con el gobierno, la promulgación de una ley que expresamente prohíbe la construcción de la carretera a través del TIPNIS, para asegurar lo cual incluyeron el término 'intangibilidad' que dio motivo a interpretaciones exageradas.

Desde este lunes 30 de enero, están aquí los marchistas contrarios a esa ley. El presidente ha convocado a un diálogo entre las dos partes, pero no hay base para dialogar. Los primeros alcanzaron su objetivo; no hay razón alguna que los lleve a discutir la revisión de esa ley. Pero, quienes llegaron ayer, están convencidos de que el gobierno puede lograr esa revisión. Ya los dirigentes de quienes rechazan la construcción de la carretera, que tienen representación parlamentaria, han formado un bloque para defender la llamada 'ley corta'. Los llegados ahora no tienen ese tipo de representación, pero pueden contar con otros apoyos. La alternativa no se ve conciliadora; más bien aparece como otra confrontación, cualquiera sea el resultado. Es una perspectiva desalentadora.

Pero, quedarnos en esa expresión sería como resignarnos al enfrentamiento, del que seremos espectadores, sin tomar partido. No es correcto, tratándose de un tema que concierne a todos. Técnicamente, podría proponerse la formación de una comisión internacional de expertos que establezca las posibilidades de esa construcción; pero ese no es el caso. La confrontación tiene características políticas y es en ese terreno que debe resolverse.

La consulta previa a los pueblos indígena originario campesinos es un requisito que sanciona la Constitución Política del Estado. El artículo 30, parágrafo II, inciso 15, establece este derecho de los pueblos indígena originario campesinos: "A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan". Es una definición muy clara que incluye, sin duda alguna, la posibilidad de construir una carretera. Sí. Ese tipo de construcción, además de afectar sus usos y costumbres, modifica su medio ambiente. Que esa afectación sea constructiva, corresponde demostrarlo al Estado en una consulta de buena fe y concertada, particularmente con sus instituciones.

No se trata de hacer referendo, como algunos diputados y senadores han propuesto. Se trata de los derechos de uno o más pueblos indígena originario campesinos. Son una minoría, frente a los pobladores del Chapare y de Moxos. Nadie lo desdice. Pero se trata de aplicar la consulta previa a esos pueblos que son minoría, precisamente porque lo son, porque la Constitución les reconoce el derecho a ser iguales a los demás pueblos, etnias y naciones que conforman Bolivia, más allá de su número.

Reconozcamos que cometimos un error muy grave que tendrá un fuerte costo. Reconozcamos que, quienes se oponen a la construcción de la carretera, son también indígenas que viven en el TIPNIS, tal como los que reclaman la construcción. Estos últimos dicen que no fueron consultados por sus dirigentes. El Estado tiene la responsabilidad de hacer la consulta, esa consulta que debió hacerse antes de comenzar la construcción, no del tramo, sino de la carretera. Tendremos que hacerla con muchos factores en contra. Hagámosla de buena fe y busquemos la concertación. Es responsabilidad del Estado, según dice la CPE. El peor error, más grave de los cometidos hasta ahora, sería dejar que se enfrenten entre pueblos que viven en aquel parque.

Busquemos soluciones, no dejemos que la confrontación sea más profunda de la que existe en este momento. Chimanes, yuracarés, moxeños y otras etnias asentadas en el TIPNIS son nuestros hermanos. Tratémoslos como tales.