Espinosos retos para la cartera de Comunicación

Por Baldwin Montero Plaza - La Razón

Tremenda responsabilidad la que recayó en las espaldas de la colega periodista Amanda Dávila tras su posesión como Ministra de Comunicación en reemplazo de Iván Canelas.

La nueva autoridad debe enfrentar, a saber, al menos cuatro grandes desafíos durante su gestión, todos ellos bajo la vigilante mirada no sólo de los movimientos sociales, sino además de sus colegas, fiscalizadores del poder por naturaleza, como seguramente lo fue ella cuando se trasnochaba en las salas de redacción.

Aunque con seguridad hay muchos más, los cuatro desafíos que dan la bienvenida a la nueva autoridad son: la aprobación de una Ley de Medios y probablemente la "actualización" de la Ley de Imprenta, la consolidación de los medios del Estado como tales y no como medios propagandísticos gubernamentales, ajustes en las políticas de comunicación del Gobierno y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de los medios del Estado.

Sobre el primer punto, Dávila comenzó sus funciones con anuncios alentadores. Dijo que el tema será tratado con todos los sectores interesados, que se tomarán decisiones de consenso y que se preservará un precepto fundamental para el trabajo de los periodistas: el secreto de fuente. "Es un principio que siempre se va a respetar, porque es la base de nuestro trabajo de información, no podríamos llevar a cabo ningún trabajo si no tenemos derecho de preservar nuestra fuente", anticipó.

No sabemos si otras autoridades comparten este criterio, pero hay antecedentes que llevan a pensar lo contrario, entre ellos el caso de la aparición del video en el que se ve a Ignacio Villa Vargas ('El Viejo') recibiendo dinero de un presunto e funcionario del Ministerio de Gobierno. En este caso, lo que más inquietó a las autoridades fue conocer la fuente y no el contenido de semejante revelación.

Dávila deberá hacer entender a estas personas que sin secreto de fuente los periodistas quedarían en parte amputados en su labor fiscalizadora. Sobre el debate en torno a la Ley de Medios y la Ley de Imprenta, el desafío es que esta vez no se repita el mecanismo del diálogo tras la decisión, como ocurrió en el caso de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari o el reciente decreto para aumentar las horas de trabajo en el sector salud. Hasta este viernes, día en que se entregó este artículo, las invitaciones para el diálogo aún no habían llegado.

Pero la cosa no acaba con la instalación del debate. Lo más importante será garantizar que de él salgan decisiones concertadas y sin contaminación de intereses políticos, meta que se perfila realmente difícil y que forma parte de los desafíos de Dávila ministra y Dávila periodista.

"Cualquier nuevo instrumento se hará en consenso con las organizaciones de propietarios de medios y periodistas, que son los llamados a trabajar en esto. En este momento no hay un proyecto nuevo y está en proceso de construcción", ha dicho la autoridad sobre el tema.

En el caso de los medios del Estado, Dávila también dio un mensaje alentador el día de su posesión. "Prometo en este despacho continuar los pasos para cumplir el objetivo de tener una comunicación estatal que no solamente sea gubernamental, una comunicación que pueda acercarnos a la sociedad, entre el Estado y la sociedad que forma parte de él".

En una entrevista que concedió al periódico oficialista Cambio el 16 de febrero de 2011, dijo que la estructura accionaria de varios medios de comunicación privados está comprometida con grandes negocios y que "lógicamente esta estructura accionaria provoca una política informativa y editorial ligada a estos intereses".

Totalmente cierto, los medios de comunicación están ligados a los intereses de sus propietarios y, como dice su nombre, los "medios del Estado" también deberían estar ligados a los intereses del Estado. Pero lamentablemente están ligados a los intereses de los partidos de turno en el Gobierno y ahora en particular hacen una labor propagandística que ya resulta grosera.

Con seguridad ésta es la meta más ambiciosa para la nueva autoridad y la que personalmente considero inalcanzable, tomando en cuenta la importancia que el Gobierno otorga al área de comunicación, donde seguramente le gustaría que todos los periodistas informen bajo el libreto de los medios gubernamentales, asunto que felizmente Dávila también descartó de entrada.

Dijo que regular los contenidos de los medios de comunicación sería una forma de "coartar la libertad de expresión y de información y eso es imposible que se pueda hacer". Bien por el anuncio, aunque a primera impresión pareciera innecesario.

Ahora, no sólo se trata de que los medios del Estado sirvan al Estado, sino también de que los medios privados, y en particular los periodistas, cumplan con el mandato constitucional de la autorregulación, pero no una autorregulación nominal que lo más severo que hace es jalar las orejas a los responsables de faltas éticas. El tema debe ser necesariamente abordado en el diálogo que se avecina.

En el caso de los ajustes a las políticas de comunicación del Gobierno, ya hace un año la ahora ministra detectó que no existe relación entre el bombardeo de información oficial y la efectividad de los mensajes, cuando en una entrevista con el periódico Cambio analizó cómo manejaron los medios de comunicación el tema del gasolinazo.

"Creo que hay una especie de énfasis más en la propaganda que en el contenido informativo" dijo, tras apuntar que "el Gobierno tiene que corregir y considerar la política de información estatal desde el punto de vista de los datos, abrir las fuentes, actualizar las páginas web de las entidades estatales".Un diario colega, Página Siete, contabilizó que en diciembre de 2011 tres de los principales periódicos de La Paz otorgaron más del 50% de sus aperturas a noticias que se originaron en el Gobierno y en el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero no obstante los mensajes no logran los resultados deseados. Ahora la receta queda en manos de Dávila.

Finalmente, urge también discutir sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios de los medios del Estado, que si bien no hacen públicas sus denuncias para no perder sus fuentes de trabajo, se quejan constantemente por ello en conversaciones entre gente del gremio. A fines de 2011, algunos de ellos denunciaron ante la red Erbol que intentaron descontarles los aguinaldos, que les quitaron el refrigerio y que deben trabajar hasta 15 horas diarias sin pago de horas extras.

Dávila deberá investigar esto, y una buena señal sería que promueva el surgimiento de sindicatos fuertes en esos medios. En fin, menudo trabajo el que le espera a la ministra.