Rafael Puente*
- 05/01/2012
En estos momentos sigue avanzando penosamente la marcha indígena encabezada por las comunidades del Conisur, es decir de la zona ya intervenida del TIPNIS, que pide la anulación de la llamada ley corta y la construcción nomás de la carretera Cochabamba-Trinidad atravesando el corazón del Parque Nacional del Territorio Indígena Isiboro Sécure; y aseguran que, a pesar de las muchas penalidades que vienen padeciendo, llegarán a La Paz.
A muchos les da rabia este empeño por ignorar todo lo que significó la gran marcha del año pasado, en términos de expresión de una voluntad indígena de hacer respetar los derechos de la Madre Tierra, como también en términos de un amplio y creciente apoyo de la población urbana a esa voluntad y a esos derechos. Fue demasiado empeño, demasiado heroísmo, demasiada movilización —y demasiada victoria— como para que ahora se pueda intentar invalidarlo todo con un remedo de aquella marcha.
A mí más que rabia me da pena. A fin de cuentas se trata también de comunidades indígenas de Tierras Bajas —en su mayoría yuracarés— que han padecido y siguen padeciendo una doble o triple discriminación por parte del Estado y de la sociedad a la que formalmente pertenecen, y que probablemente no fueron tenidas en cuenta por sus propias hermanas que protagonizaron la gran marcha anterior. Además se les ocurrió marchar en plenas fiestas de fin de año y con toda seguridad están sintiendo que su sacrificio —marcha es marcha y peor con mujeres y niños— está siendo ignorada por la sociedad civil, a la que pretenden convocar, e incluso por el Estado que aparentemente las iba a respaldar. Su paso por Cochabamba no despertó mayor interés —menos aún solidaridad— pese a la convocatoria de movilización por parte de la Gobernación (y a la correspondiente instrucción de aportes voluntarios de su personal). ¿No daba pena escuchar a su dirigente Gumersindo Pradel afirmar que se irían cuanto antes de Cochabamba por la frialdad con que habían sido recibidos? Y efectivamente se fueron y como que nadie se enteró.
¿Habrá una recepción y apoyo más entusiasta en otras poblaciones de su itinerario? ¿Habrá quien se anime a aplaudirlos si es que llegan a La Paz? Hubo denuncias de que el Gobierno estaba movilizando incluso helicópteros para apoyar esta marcha, pero a todas luces eran denuncias infundadas, ya que la marcha aparece más bien huérfana de todo apoyo material, ya sea en alimentos o en atención sanitaria.
Pero lo que da más pena es la orfandad política de esas comunidades indígenas que en realidad no saben por qué ni por quién se están sacrificando. Para empezar, ellas mismas se han presentado como un grupo de comunidades del TIPNIS —y por tanto con todo el derecho de opinar sobre la famosa carretera— ¡que están inscritas en las Seis Federaciones del Trópico!, sin percibir, hasta qué punto esa inscripción pone en tela de juicio su opinión. Pero además parecen creer que están luchando por una carretera para ellas y no se dan cuenta de que se trata de una carretera que en todo caso estaría al servicio de los intereses económicos de los departamentos de Cochabamba y Beni —ninguno de los cuales se ha acordado ni se acordará de estas comunidades indígenas, para ellos marginales—, y de los intereses económicos del Brasil —para los que dichas comunidades tienen menos importancia que tal o cual especie de mariposas—.
¿Quién ha engañado a las comunidades que ahora marchan sin rumbo ni esperanza? ¿Quién les ha hecho creer que con su humilde sufrimiento podrán revertir la epopeya de la Octava Marcha Indígena de Tierras Bajas, que por supuesto también significó grandes sufrimientos, pero sufrimientos fecundos?
No hay derecho a utilizar de esta manera a los más pobres y marginados de la sociedad. Me atrevo a pedirle a la población paceña que si estas comunidades de la marcha llegan a atravesar sus calles, no las denigren ni vituperen ni vuelquen contra ellas su justificada bronca. Porque no son culpables, son víctimas.
*Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio de Cochabamba (CUECA).