La Razón - Carlos Orías B. - La Paz
Exautoridad. Llorenti sostuvo durante toda la entrevista que, pese a las contradicciones de sus ahora exsubalternos, ambos coinciden en que no recibieron orden para actuar.
Sacha Llorenti - En su primera entrevista desde que dejó el cargo de ministro de Gobierno, Llorenti dijo a La Razón que ni la declaración de su exviceministro Farfán ni la del exsubjefe de la Policía, Óscar Muñoz, ante la Fiscalía demuestran que su antiguo despacho hubiera emitido la orden para que el contingente policial desplegado en Yucumo actúe contra los indígenas que marchaban para rechazar el proyecto carretero por el TIPNIS. Reconoce que hubo planificación del operativo, pero no orden de ejecutarlo.
En entrevista con La Razón, la primera que concede desde que dejó el cargo, señala que “no se respetó” la línea de mando en la ejecución del operativo, y reitera que no dio a la Policía la orden de actuar.
—¿Cuál su versión respecto a la publicación reciente, que señala que usted ordenó la represión a la marcha indígena?
—Remitámonos a lo que dice el diario Página Siete. Si uno confronta el titular con el contenido de la nota, no hay coincidencia. El título dice que “Farfán revela que Llorenti instruyó el operativo de Yucumo”. Y la nota señala una declaración de (el exviceministro de Régimen Interior y Policía Marcos) Farfán en la que refiere (que el exsubcomandante de la Policía Nacional, general Óscar Muñoz): “Me indicó que la situación se había precipitado y se estaba interviniendo”. Farfán preguntó si tenía la orden y el oficial dijo: “Sí, de La Paz”. En ningún momento señala que la orden vino de mí.
Sobre quién dio la orden hay dos versiones, la del general Muñoz —que señala una comunicación telefónica con el viceministro Farfán— y la de éste, que dice que Muñoz recibió la orden de La Paz.
Ninguna versión habla de una instrucción directa ni del comandante de la Policía (general Jorge Santiesteban) ni mía. Esto demuestra que ninguna instrucción para realizar el operativo salió del Ministerio de Gobierno.
Cabe recordar que el sábado 24 de septiembre fue agredido y tomado como rehén el canciller del Estado (David Choquehuanca) y otras autoridades. Había un escenario de violencia con heridos, y esa situación ameritaba que se tomen medidas en el marco de una constante evaluación. La Policía tenía que estar lista para cualquier eventualidad, pero que quede claro que ninguna orden para dar curso a un operativo salió del despacho del ministerio.
Es importante distinguir que más allá que se haya podido instruir el operativo —cosa que no sucedió, lo digo para explicar bien—, es que de acuerdo a nuestras normas, no sólo la Constitución sino la Ley 101 de Régimen Disciplinario prohíben cualquier tipo de maltrato o tipo de uso abusivo de la fuerza.?Entonces, los abusos que hemos visto todos por supuesto que tienen que ser castigados.
—Farfán dice que hubo planificación del operativo, pero que se decidió suspenderlo hasta el lunes. ¿Sucedió así?
—Estas situaciones ameritan evaluación permanente. Tenía que haber una reunión operativa a las 18.00 para informar cuál era la situación y recién tomar determinaciones.
—El plan de evacuación se había trazado en líneas generales después de lo ocurrido con el canciller David Choquehuanca, ¿dependía de esas evaluaciones?
—La Policía tenía que estar preparada para cualquier eventualidad y el objetivo central de la presencia policial era evitar un escenario de violencia, evitar un enfrentamiento entre los bloqueadores y los marchistas.
—El exviceministro Farfán afirma que el general Muñoz le reportó que la situación “se había precipitado y que estaban interviniendo” ¿A qué se refiere con que la situación se había precipitado? ¿Qué ocurrió en Yucumo que detonó, según dice Farfán, la intervención.
—Eso lo tiene que indagar la investigación. Hay dos versiones. Una la del exviceministro Farfán y otra del general Muñoz. Las dos tienen puntos de contradicción, pero coinciden en que no hubo una instrucción directa de parte del Ministro de Gobierno.
Ni el exviceministro Farfán ni el exsubcomandante de Policía recibieron orden directa. No hubo esa orden, yo tomé conocimiento cuando ya estaban interviniendo.
Una intervención en una situación de violencia es legal, apoyada por la Constitución. Lo que no es legal son los abusos, el uso excesivo de la fuerza como el que hemos visto. Es una diferenciación clara entre ambos escenarios. En el primero, no existe evidencia que señale que la orden salió de parte del ministerio. Lo ratifica Farfán, lo ratifica Muñoz.
—Si la situación en Yucumo se “precipitó”, ¿qué ocurrió? ¿Tuvo usted conocimiento de qué ocurrió en esa “precipitación” de los hechos?
—Ahí hay dos versiones. Una que señala que un grupo de policías había sido agredido y la otra que señala que los agredidos habían sido los marchistas. Son dos versiones.
—¿De quién proceden esas dos versiones?
—De los marchistas y de los policías que estaban en el lugar. Hay dos versiones contradictorias que tendrán que resolverse en el marco de la investigación.
—Usted sostiene que hubo planificación, pero que no hubo orden directa de ejecución del operativo, ¿que falló entonces?
—Se dice que hubo planificación, pero no hubo orden, eso suena bastante confuso y nos puede llevar a interpretaciones de distinta índole. Había un escenario de violencia el 24. La Policía tenía que estar preparada con el objetivo de evitar más violencia.
No se siguió la línea constitucional para llevar adelante ese operativo.
—¿Dónde se saltó esa línea?
—Esa es la contradicción que existe. Farfán dice que Muñoz tenía la orden que venía de La Paz. Muñoz afirma que conversó con Farfán para realizar el operativo. Esa contradicción, sin embargo, ratifica lo que he dicho desde un inicio, que la línea constitucional fue saltada al realizar el operativo.
Según la línea constitucional, el ministro debe dar la instrucción al comandante de la Policía, y éste a los distintos niveles. No se respetó esa línea de mando. Según entiendo, el comandante no dio la instrucción al subcomandante.
—¿Usted está diciendo que la Policía actuó sin orden de las instancias superiores?
—Lo que estoy diciendo es que hay esa contradicción. La instrucción no salió del despacho del ministro.
—En ese sentido, ¿qué falló?
—Creo que los abusos cometidos son absolutamente censurables y condenables...
—¿Y de responsabilidad de quién en ese caso?
—Hay responsabilidades inmediatas. Los policías son profesionales con años de experiencia. Lo he dicho, en mi caso, en el periodo que estuve como ministro de Gobierno se han hecho las transformaciones estructurales más importantes de la historia de la Policía. Esas transformaciones han causado resentimiento, intereses afectados, y no nos debe extrañar que algunos de esos intereses hayan tratado de generar un escenario como el que se vivió.
—Ésta es una versión que la ha dicho también el presidente Evo Morales. ¿Usted va a querellarse contra alguien?
—Voy a presentarme de manera voluntaria para declarar sobre este tema. En cuanto a derechos humanos, hemos tratado de hacer lo más posible en este corto tiempo en el ministerio.
—¿Cuándo declarará?
—Todavía no hay fecha.
—Según el exviceministro Farfán, el general Muñoz dijo que la situación se estaba precipitando y que estaba interviniendo. ¿El oficial de mayor rango en el campo lleva la responsabilidad de lo sucedido?
—Las responsabilidades las determina la investigación. Sise tiene un contingente policial, imagínese responsabilizarse por todos ellos. Por ejemplo, imagine si usted como editor manda a un periodista a hacer una entrevista y en lugar de hacerla, él le da dos sopapos al entrevistado. ¿Es responsabilidad suya o es responsabilidad individual? Así sucede. Lo que puedo decir es que no hubo una instrucción de realizar el operativo.
Perfil
Nombre: Sacha Sergio Llorenti Soliz
Nació: 31 de marzo
Cargo: Exministro de Gobierno
Del activismo al ministerio
Es cochabambino y egresó del colegio La Salle. Es autor de media docena de libros, todos referidos a la temática de los Derechos Humanos. Se desempeñó por más de dos décadas como activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y en el anterior gabinete de Evo Morales ocupó el cargo de viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, luego de rechazar la invitación del Mandatario para ser embajador de Bolivia en Estados Unidos. En 2007 ocupó el viceministerio ligado a la actividad de los movimientos sociales. En 2010 pasó al Ministerio de Gobierno.