“Todas las políticas del Gobierno van en sentido contrario a la sostenibilidad ambiental”, dijo Cecilia Requena, entrevistada por Página Siete.
La Paz, Página Siete, domingo, 22 de mayo de 2016
Fotos: Álvaro Valero / Página Siete. Isabel Mercado, Subdirectora de Página Siete; Cecilia Requena y Juan Carlos Salazar, director.
Los acuerdos firmados por el Gobierno con la empresa rusa Rosatom para la instalación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el distrito 8 de El Alto "tienen pies de barro”, debido a que son "inconstitucionales y tienen vicios de nulidad”, dice la comunicadora e investigadora ambientalista Cecilia Requena.
"Si la ciudadanía es mínimamente consciente de los peligros y de la barbaridad que se está haciendo, se va a movilizar contra este proyecto”, subraya en el Desayuno de Trabajo de Página Siete.
Docente universitaria, Requena es una estudiosa de la situación y los problemas ambientales del país, y una importante investigadora. En 2013 publicó, junto a Dirk Hoffman, Bolivia en un mundo 4 grados más caliente.
En su opinión, prácticamente todas las políticas económicas del Gobierno atentan contra la sostenibilidad ambiental, a pesar de los discursos de defensa de la Madre Tierra. "Estamos en un círculo vicioso en el que utilizamos lo que ganamos como rédito de nuestras materias primas, para seguir explotando más materias primas y acentuar el modelo extractivista”, subraya durante la entrevista.
Bolivia aparece en el mundo como un adalid de la defensa de la Madre Tierra y los derechos ambientales. ¿Esta imagen corresponde a lo que está pasando en Bolivia?
La respuesta corta es: en absoluto. De hecho, todas las políticas del Gobierno van en sentido contrario. Me refiero a la política hidrocarburífera, minera, industrial, agrícola, agropecuaria, energética, todas están yendo en sentido contrario a la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental no es nada más ni nada menos que la viabilidad a largo plazo de lo que estamos haciendo. Normalmente se entiende al medio ambiente como un sector que tienes que tomar en cuenta para mitigar los daños que haces en los otros sectores de la economía, pero concebir así el medio ambiente es un grave error porque no es un sector, es la base vital. Cuando hablamos de lo ambiental, estamos hablando de aquello que hace posible todo lo demás, es la base de sustento de la vida —de los seres humanos y de las otras especies—. Dependemos de esa base vital para vivir. Dependemos de que haya agua dulce en cantidades suficientes para subsistir. Cuando todas las políticas erosionan esa base vital estamos yendo hacia el suicidio colectivo y en este momento el mundo entero, no sólo Bolivia, tiene que asumir que las actuales inercias —sustentadas fundamentalmente en una cierta visión de desarrollo— no son viables.
La idea del desarrollo como un crecimiento permanente, indefinido, que es nuestro modelo de vida, exige un incremento creciente de producción y de consumo a costa de los recursos naturales. No hay forma de producir y consumir más sin hacer uso de los recursos naturales y el problema es que estamos llegando ya a varios límites biofísicos. Somos tantos en la Tierra haciendo eso y tantos más que queremos llegar a los niveles de producción del Primer Mundo, que la base biofísica del planeta ya no da. Los datos científicos son muy concretos; nos dicen, por ejemplo, que el 80% de las reservas probadas de hidrocarburos deberían quedarse bajo tierra para que no tengamos un cambio climático por encima de los dos grados, encima de los cuales se pueden dar efectos catastróficos. No estamos asumiendo la responsabilidad ni como humanidad ni como políticos.
El Gobierno ha firmado una serie de compromisos internacionales para proteger al medio ambiente, ¿los está cumpliendo?
Podría ser que en ciertos aspectos sí, pero mi impresión es que Bolivia no está haciendo en este momento ningún esfuerzo serio por cuidar su medio ambiente. Por el contrario, hace tiempo que no veía una situación en lo ambiental tan desatendida en términos institucionales. ¿Quién es la Ministra de Medioambiente? Apenas sabemos de ella. No se toman en cuenta las consideraciones en materia ambiental para los megaproyectos, se los impone y luego se hace quién sabe qué. Sobre los estudios medioambientales, no se habla ni siquiera del tema. Por ejemplo, en los grandes proyectos de industrialización de hidrocarburos no hay una consideración del impacto en el medio ambiente. Es más, a las áreas protegidas se las ve como obstáculo para el desarrollo.
Sin embargo, las propuestas de este Gobierno en el ámbito internacional, con un discurso bastante progresista, son muy bien recibidas y tomadas inclusive como ejemplo. ¿Qué está pasando, cuál es la ruptura entre la parte discursiva y lo que estamos haciendo?
El prestigio internacional del Gobierno de Bolivia y del Presidente en particular es una realidad que está cambiando aceleradamente porque los hechos no lo están corroborando. Ha sido fácil tener una Constitución que incorpore una perspectiva fundamental de ecología profunda, como diría Eduardo Gudynas, que es el de la Madre Tierra y los derechos de la naturaleza. En términos de formulación jurídica hemos tenido un avance, sin duda. El problema es que no ha habido más que eso no y eso se está haciendo cada vez más evidente.
Bolivia ha estado atrapada en una situación muy complicada. Por un lado, durante el gobierno de Evo Morales se produjo el alza de precios internacionales de las materias primas, y era casi imposible pedir que el Gobierno no aproveche esa situación. Eso ha implicado la profundización del actual modelo de desarrollo extractivista, que implica un círculo vicioso en el que utilizamos lo que ganamos como rédito de nuestras materias primas para seguir explotando más materias primas. Hemos utilizado casi toda nuestra capacidad de inversión pública en profundizar esta dependencia. Afuera defendemos la Madre Tierra, pero lo que planteamos en política agropecuaria es 10 millones de hectáreas de deforestación para la habilitación de tierras para la monoproducción de soya, deforestando aproximadamente un millón de hectáreas por año; en política minera se aprueba un código que no cobra por el uso de agua a las empresas mineras; no tenemos menos exigencias ambientales para proteger ciertas áreas críticas, como son los glaciares; la política hidrocarburífera que ha dejado como nunca antes en completa desprotección a las áreas protegidas. Entonces, ¿en qué consiste la convicción sobre la defensa de la Madre Tierra?
Como país productor de materias primas, ¿qué alternativas tendríamos de crecimiento y desarrollo?
Es una pregunta difícil de responder, porque es más fácil reconocer que el actual modelo no tiene destino en términos de viabilidad y es mucho más difícil encontrar alternativas. Justamente porque estamos poniendo en cuestión un modelo que es hegemónico ideológicamente para el progreso. A lo que estamos enfrentados como humanidad en este momento es a un cambio civilizatorio y un cambio civilizatorio es muy difícil: tenemos que cambiar paradigmas. Pero, hay que hacer algo y las propuestas razonables son aquellas que hablan de transiciones.
¿Y qué se puede hacer en el caso de Bolivia?
Si tenemos claro que debemos ir hacia un modelo de convivencia sostenible con el entorno, podemos utilizar los recursos de la exportación del gas para ir sustentando un modelo sustentable de energías renovables: dejar los recursos de los hidrocarburos para la exportación, pero hacia adentro promover las energías renovables que ahora no sólo son más limpias, sino más baratas, incluso compitiendo con el gas, si se excluyen las subvenciones del gas; promover una agricultura orgánica; sistemas de transporte de vanguardia... Eso lo está haciendo, por ejemplo, Medellín, con un transporte público con energía solar y buses hechos con material reciclado.
Lo energético y lo alimentario son dos claves muy importantes. Se puede tratar de darle un valor económico a la conservación y hay países que han sido exitosos en ello, como Costa Rica; promover una industria forestal sostenible, que mantenga el bosque en pie; e impulsar los pequeños proyectos sostenibles con productos de la Amazonia, la almendra, el cacao orgánico, los cueros de manejo sostenible de lagartos, etc. Sería una economía más distribuida, más descentralizada, con proyectos más acordes para cada región. Sin duda esto es un desafío, pero no es que no haya ninguna señal hacia dónde ir. Seguramente iremos descubriendo otras si vamos por ese camino.
¿Qué opinas sobre el Centro Nuclear que proyecta Bolivia?
No hay justificación alguna para ese proyecto. Los países que han desarrollado energía nuclear lo han hecho sobre todo por razones geopolíticas y militares. De hecho la energía nuclear comienza como tecnología para la guerra, con las bombas, y luego se transforma en una tecnología para fines pacíficos, con aplicaciones en la medicina, la salud, etc., en el siglo pasado. La mayor parte de los países que tienen esa energía no tenían otras opciones, no tenían hidrocarburos y en ese momento no estaban desarrolladas las energías alternativas. Bolivia tiene hidrocarburos para su mercado interno en el corto y mediano plazo. En términos de futuro, tiene todas las condiciones deseables para el desarrollo de energía eólica, energía solar y también hidroeléctrica, pero hidroeléctrica de pequeñas represas, en ningún caso las megarrepresas como la de El Bala. Entonces, no hay argumento defendible en términos de cierta racionalidad para desarrollar ese proyecto. Progresar significa estar menos expuestos a peligros terribles, como la radiación, el cáncer, la muerte instantánea, la muerte lenta, a tener que desalojar toda una ciudad… Esos son los peligros de la energía nuclear. La energía nuclear no es solamente ultra peligrosa, sino es ultra cara, dependiendo de cada caso, por tiempo de construcción, lugar de construcción, por las normas de cada país, etc.
Hay una infinidad de factores, pero está claro que la energía nuclear no es competitiva en términos de precios con las renovables, y cuando digo que no es competitiva, no incluyo los costos de la seguridad continua. Las empresas nucleares se han convertido en bombas nucleares en potencia por el terrorismo, lo que implica la militarización del territorio donde están ubicadas. No se está contando tampoco los costos de desmantelamiento, que según cálculos conservadores ascienden a unos 400 o 500 millones de dólares. Alemania está calculando que el desmantelamiento de sus plantas costará aproximadamente unos 50.000 millones de euros. Y, por supuesto, no se toma en cuenta el costo de un posible accidente, así no sea grande. No hay forma de calcular el costo del accidente de Chernóbil.
Las energías limpias tienen además la particularidad de que son descentralizadas y, en ese sentido, le devuelven el poder a la gente; porque, como está ocurriendo en Alemania, puede producir su propia energía con un panel solar en su techo, entonces tiene independencia energética, lo que es un gran avance democrático.
¿Qué posibilidades hay de esto cuando los acuerdos y el proyecto con Rusia están avanzados?
Soy optimista. La decisión del Gobierno no sólo ha sido completamente inconsulta, sino deliberadamente ocultada. Si bien al principio hablaban de una central nuclear, en el último año y medio sólo hablan de un centro nuclear para la salud. Cada vez que alguien decía que detrás está la central nuclear, nos decían que éramos unos exagerados, que es un "centro” no una "central”. De todas formas es una decisión inconsulta, inconstitucional, con vicios de nulidad y eso implica que esos acuerdos tienen pies de barro, tienen un problema básico de legalidad y de legitimidad. Es una decisión que va a afectar grandemente al país por los montos de inversión, que van a ser por supuesto mucho más que 2.000 millones de dólares. Ninguna central nuclear cuesta 2.000 millones de dólares hoy en día. Además, tendrá consecuencias para muchas generaciones. Los expertos que le han mandado una carta al Presidente dicen que "la energía nuclear es un camino sin retorno” por el tema de los desechos. Por todas esas razones, yo creo que es un proyecto indefendible. Yo confío que la información va a crear una resistencia social natural ante semejante despropósito. Creo que si la ciudadanía es mínimamente consciente de los peligros y de la barbaridad que se está haciendo, se va a movilizar contra esto. No creo que sea fácil de detener el centro, pero sí la central.
Aunque en el caso del centro, es un despropósito gastar 280 millones de dólares, aproximadamente, en un reactor de investigación que dijeron que era de 30 kilowatios y resulta que, según el acuerdo, es de 200 kilowatios, y eso implica desechos, material radiactivo.