Gobierno de Evo Morales es de empresarios grandes y de medianos propietarios

derechos humanos

Declaración del XXI Congreso, “P. Luis Espinal”, de la APDHLP

En los últimos años del gobierno de Evo Morales, el Estado Plurinacional se ha inclinado con énfasis en entregar a grandes capitales (rusos, chinos, japoneses, europeos y estadounidenses), dentro de nuestro país, la extracción de recursos naturales, así como la construcción de caminos para ponerlos al servicio de esa actividad extractivista.

Esta constatación es importante para la defensa de los derechos humanos debido a que la actividad extractiva se realiza, entre otros, en territorios de pueblos indígenas, sin consulta previa, la que se reduce a un trámite administrativo sin participación de aquellos pueblos. El DS 2298 fija en 45 días el plazo para la consulta previa, y el DS 2366 abre las áreas protegidas para las empresas petroleras; así éstas cuentan con 31.685.190 hectáreas para la prospección y explotación hidrocarburífera en el país. La voluntad del gobierno de Evo Morales, de abrir paso a las transnacionales derivó, en 2015, en la represión contra el pueblo guaraní de la capitanía Tacovo Mora, cuyos miembros demandaron la aplicación de esos decretos y, específicamente, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Los cooperativistas-empresarios mineros forman otro sector que incrementa sus parajes para la extracción y exportación de materias primas, actividad por la que no pagan impuestos. Unos 130.000 afiliados a esas empresas practican un capitalismo salvaje, en un sistema de empresa privada, y en contra de una segunda nacionalización de la minería.

Tampoco existe un proceso de industrialización del gas. La planta separadora de líquidos de Gran Chaco, “Carlos Villegas Quiroga”, además de funcionar con el 15% de su capacidad, no industrializa ese hidrocarburo.

En vez de una segunda reforma agraria, reclamada legítimamente por los pequeños campesinos, especialmente en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, hay un proceso de monopolización y extranjerización de la tierra. Empresarios brasileños, por ejemplo,  detentan un millón de hectáreas en las que siembran soya transgénica, mientras colonizadores de Santa Cruz están impedidos de ampliar sus tierras.

A pesar de que la bonanza de los últimos años derivó en un crecimiento de las capas medias de la población, una parte de ellas sobreviven o se arruinan, no están entre los que viven bien ni es seguro que eso ocurra de inmediato.

Frente a las organizaciones populares y asociaciones de la sociedad civil, el gobierno ha profundizado supolítica de cooptación de los dirigentes (COB, FSTMB, CSUTCB y otras); de división y fomento del paralelismo de las instancias orgánicas que cuestionan la política gubernamental (CONAMAQ, CIDOB) y/o que denuncian la corrupción, o la destrucción de los movimientos que se mantienen independientes. La violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, es una de las consecuencias de la cooptación de las dirigencias nacionales, departamentales y locales.

Los dirigentes de obreros,campesinos, indígenas y colonizadores se benefician con dinero del ex Fondo Indígena, para ellos ésa es la llamada inclusión y para eso es el poder político ejercido por Juan Evo Morales Ayma y un grupo de corifeos y palaciegos, en nombre de los pobladores del campo, de las áreas de colonización, y de las reservas nacionales y de los territorios indígenas.

El gobierno ejerce el poder en beneficio del grupo palaciego citado, para los empresarios grandes (criollos y transnacionales), para los medianos propietarios (cocaleros, cooperativistas-empresarios mineros, colonizadores) y para los dirigentes de los llamados “movimientos sociales”.

Aquellos hechos, entre otros, han llevado a importantes sectores del pueblo a votar NO en el referéndum del 21 de febrero de 2016. El comportamiento del Presidente como padre y como hombre que pudo facilitar el tráfico de influencias, ha influido en los que todavía ven con esperanza la dudosa, para nosotros imposible, reconducción del denominado proceso de cambios, en realidad un ciclo de reformas cada vez más burguesas.

Advertimos que los gobernantes, incluso por vías antidemocráticas y/o antielectorales buscarán reproducir su poder, y prolongar su mandato después de 2019.  

En ese contexto, la APDHLP alerta sobre el riesgo de la represión, que resistiría el pueblo boliviano, para imponer un probable desacato de los resultados del referéndum y de otras consultas democráticas. Ahora, pensar diferente al gobierno del MAS significa para muchas bolivianas y muchos bolivianos persecución, amedrentamiento, cárcel e incluso la muerte (como con las siete personas muertas en la Alcaldía de El Alto, el 17 de febrero).

La libertad de expresión, amenazada incluso en las redes sociales; el derecho al trabajo vulnerado para los sospechosos de haber votado por el NO en el referéndum; la persecución política para dirigentes críticos; la imposibilidad de reproducir su vida diaria de las personas con discapacidad; el derecho a la salud insatisfecho de las personas con enfermedades crónicas; la vida de las mujeres amenazadas por una sociedad machista y de un Estado patriarcal, son hechos que se suman a las violaciones de los derechos que el pueblo boliviano sufre a diario al no encontrar trabajos que aseguren beneficios sociales, ni que se garantice servicio de salud gratuito y público, ni que se asegure el acceso a una educación gratuita y de calidad, ni que se posea una vivienda digna, ni que se cuente con a una justicia imparcial, entre otros derechos.

En esta coyuntura, la APDHLP ratifica su independencia frente al Estado y ante el gobierno que, en vez de dificultar debe facilitar la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos en La Paz y en Bolivia

La APDHLP alerta sobre indicios de endurecimiento de la represiónpolítica contra gente contestataria del pueblo boliviano, de sindicatos independientes, de organizaciones de jóvenes, de universitarios (UMSS, UAJMS), de pueblos indígenas, de políticos independientes y otros.

Asimismo, señalamos el intento de intervención y búsqueda del control, por el MAS, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ante lo cual esperamos el apoyo, con el que hemos contado en momentos críticos, de compañeras y compañeros de organizaciones sociales y sindicales para asegurar la independencia de nuestra Asamblea respecto del gobierno y del Estado.

La Paz, 19 de marzo de 2016.

Presidium del XXI Congreso “P. Luis Espinal Camps” de la APDHLP