Luis Fernando Cantoral
(AquíCom/14-06-014) El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) en la publicación ‘Consumo y Consumidores de Drogas en Bolivia’ recomienda al gobierno boliviano cambiar el enfoque que estigmatiza y criminaliza a los consumidores de drogas de uso ilícito por uno orientado al tratamiento y a la rehabilitación, toda vez que la drogadicción se trata de un problema social.
“Y es que el consumo de drogas sigue siendo abordado, desde el Estado y la sociedad, con un enfoque represivo y autoritario, que simplifica la realidad, y que asume a la represión penal y al castigo como medios idóneos para resolver la problemática vinculada al consumo de sustancias psicoactivas”, señala el informe.
Bajo este enfoque, agrega, se deja de lado el debate sobre los factores sociales, familiares e individuales que rodean el consumo, y se desconoce que la problemática de las drogas se genera en el marco de una interacción social.
En ese contexto, señala, “los consumidores de drogas se han convertido en el chivo expiatorio de una sociedad problematizada por el consumo de sustancias psicoactivas”.
El CEDD subraya que la reacción del Estado es básicamente de tipo policial-penal porque “las respuestas estatales están guiadas por las actividades de interdicción, dirigidas por el Ministerio de Gobierno, con escasa participación de las instancias de salud que no cuentan con presupuesto para llevar adelante los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación”.
Por otra parte, indica que ni en la legislación ni en los discursos existe una diferenciación entre los diferentes tipos de consumidores —a quienes se asume como una población homogénea— ni entre los tipos de droga.
“El consumo es considerado una desviación, y en esa percepción no se diferencia entre el consumo problemático y el no problemático; el consumidor un desviado cuyo tratamiento responde a una noción de peligrosidad. Existe una fuerte estigmatización social de los consumidores que se aprecia en los medios de comunicación”, manifiesta.
En este contexto, dice, no se han dado las posibilidades de debatir sobre una política de drogas que esté basada en los Derechos Humanos y en la reducción de daños.
La investigación concluye que es necesario avanzar hacia un cambio del enfoque actual, que solamente criminaliza y estigmatiza a los consumidores de drogas de uso ilícito, sin haber aportado a una reducción de los índices de consumo.
Agrega que una política de drogas debe tomar en cuenta los derechos de los consumidores. “En ese sentido, es prioritario supervisar los programas de tratamiento y rehabilitación que se imparten desde el Estado y desde iniciativas privadas”.
Así también pide la abrogación de la Ley 1008 porque coloca un tema de salud, como es el uso y abuso de drogas, en el campo de acción de la Policía (AquíCom/14-06-014).