Jonatan Condori Roque
(AquíCom 18-05-14) La defensa de la “conveniencia política”, como advierten algunos ciudadanos en la redes sociales, de los derechos de las mujeres por parte de algunas autoridades del gobierno, preocupa porque las ministras de Estado no aparecieron, por lo menos para rechazar, la violencia que ejerció el alcalde cruceño, Percy Fernández, en desmedro de la periodista Mercedes Guzmán.
El 10 de agosto de 2012, las asambleístas y las ministras de Estado salieron en defensa del presidente Evo Morales y de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, dos autoridades que fueron afectadas con las declaraciones no comprobadas del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que posteriormente tuvo disculparse.
Fernández, en septiembre de 2012, en un acto de inauguración de un mercado en el barrio El Triunfo, en la ciudad de Santa Cruz, afirmó que el MAS, es su aliado político; entonces, no le conviene al oficialismo reprochar y menos pedir se haga justicia ante los actos de violencia contra mujeres, cuyo protagonista es P. Fernández.
Fue el activismo y el movimiento ciudadano de rechazo a esa acción, en las redes sociales, lo que presionó al acosador, quien como una “mosca impúdica” ejerce violencia contra mujeres, ante la “paciencia” y permisividad de las autoridades de la justicia.
Fue la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), algunas legisladoras de la oposición y la protesta de la ciudadanía influyeron para que Fernández se “disculpe”; mientras que el Ministerio Público (que debe investigar de oficio los hechos delictivos) y, el Gobierno, demuestran permisividad.
¿La Ley 348 Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a la Mujer, que tipifica la acción del alcalde cruceño como delito de “acoso sexual”, con el agravante de que el actor infraganti es un servidor público, funciona en el país? (AquíCom 18-05-14).