secreto de fuente informativa
Juan León
En estos tiempos de cambio en que no cambia mucho de lo malo de siempre, el de la justicia es uno de los casos más emblemáticos. Lo prueban escándalos que van de la base a la cúpula, desde denuncias de compra-venta de cargos y títulos de jueces y fiscales a líos en los máximos tribunales, en el marco de una evidente dependencia del poder político. Es dato de análisis del lío en torno a una nota sobre la demanda marítima de Bolivia a Chile publicada el 13 de abril en el matutino La Razón de La Paz.
Un juez en lo Penal ordenó de manera sumaria a la directora y al autor del reportaje que levanten el “secreto de fuente” y revelen quién o quiénes dieron la información publicada. Según los colegas de La Razón, el Procurador del Estado presentó su denuncia el 22 de abril, el fiscal se pronunció el 25 y el juez emitió la orden el 29 de abril. Todo ese rápido trámite en absoluto secreto. Los involucrados lo conocieran recién el 7 de mayo, cuando el fiscal los convocó a declarar el viernes 9. La pregunta es ¿a qué ya, si el juez dictó la orden? Los juzgó y dictó su fallo sin escucharlos.
Otro dato, al margen de la rapidez y el secreto, tiene que ver con el fallo mismo. El juez se pasó por alto y violó el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Y ese artículo es cortito y concreto: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”, dice. La ley estipula también (Art. 9) que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”. Pero como es sabia, define (Arts. 10 y 11) los casos en que se delinque contra la constitución y la sociedad y los casos en que no hay delito.
Como todo es tan claro, habrá que pedirle al Juez que “levante el secreto” y justifique por qué no derivo el caso a los Jurados de Imprenta. Porque el reportaje, por cierto muy bien escrito por Ricardo Aguilar, no revela sustancialmente nada que no se conozca, que ponga en riesgo la seguridad nacional, la estrategia judicial o que se considere secreto de estado. En realidad, no tiene nada que afecte la demanda contra Chile.
Así la cuestión, ¿qué sentido tiene o qué busca armar un lío utilizando políticamente un sistema sumiso al poder político? La respuesta genera tantas figuras como un poliedro. Entre muchas, por ejemplo, la de suponer que la artillería apunte a cuestionar a un candidato vicepresidencial vinculado a la propiedad del matutino o, simplemente, que es un nuevo ataque a la prensa y la libertad de expresión.
En todo caso, La Razón festeja este 10 de mayo, Día del Periodista, arropada por una protesta gremial y ciudadana, absolutamente legítima por cuestión de principios, que exige respeto a la ley de Imprenta como garantía de los derechos de expresión, información y opinión.
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_05/nt140511/opinion.php?n=26&-rapida-para-unos