El Estado mantiene injustamente detenidos a pobladores de Apolo

Caso Apolo

Redacción de Aquí

La situación de los apoleños detenidos en Patacamaya, como presuntos autores de la muerte de tres uniformados erradicadores de plantas de coca y de un médico, empeora, más en el último tiempo porque aparecen, en la agenda pública, otros casos que han desviado la atención pública en ese atropello estatal contra los derechos humanos de aquellos ciudadanos.

La Constitución Política del Estado (CPE), por la que votamos para que ayude a cambiar la sociedad, es violada permanentemente por los gobernantes. En el caso de los detenidos de Apolo, las autoridades del Ministerio Público (Fiscalía) y los organismos de represión dirigidos desde el Ministerio de Gobierno, con aprobación del Presidente, incumplen el artículo 115 en sus dos incisos:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Los apoleños detenidos arbitrariamente no gozan de los derechos señalados porque en primer lugar los fiscales y jueces determinaron mantener en reserva la investigación, dicen que para evitar “filtraciones”, con lo que se mantiene “incomunicados” a los detenidos, lo que es una limitación de otros de sus derechos e intereses legítimos, por lo que no hay proceso debido ni ejercen el derechos a la defensa.

Los detenidos también denunciaron que los fiscales les obligaron a declarar sobre hechos en los que no estuvieron e incluso señalaron que sus declaraciones fueron cambiadas: "El domingo (10) nos han hecho declarar el fiscal, nos han hecho declarar y nos han hecho firmar. Hemos dicho que no estábamos presentes y contra nosotros han venido. Nos han querido obligar a declarar cuando no hemos visto nada”, contó Darwin Choque Surco, uno de los acusados. "En la declaración todos tenían nombres, de dónde habrán sacado. De lo que hemos declarado algunas cosas no han puesto y directamente nos han acusado”, contó  Percy Fernández Avelino, otro de los detenidos en Patacamaya. "Yo estaba en La Paz, vivo en El Alto, yo estaba viajando a Apolo (he llegado) me he encontrado con ellos (compañeros). Mi mamá vive allá (en Apolo), y como estaba hablando con ellos, me han agarrado, eso le he dicho al fiscal”, dijo Carmelo Enrique Quispe. Además, relataron que el  comandante de los uniformados (FTC) a quien llaman “Serpiente” se comprometió, el día anterior,  a dialogar antes que ingresar a erradicar. "Nos han dicho que íbamos a ir como testigos, pero ya nos han detenido, ellos (los uniformados) también tenían nuestros nombres. Nosotros, de miedo, hemos abordado el avión, los camuflados nos han apuntado, nos decían 30 años en Chonchocoro van a estar”, relató Gonzalo Baquiata. Estas revelaciones recogidas por Oxígeno Digital señalan que  los fiscales les presionaron para que declaren algo que ellos no vieron y les obligaron a firmar papeles en que cambiaron sus declaraciones; asimismo, los detenidos desmintieron que el día del hecho haya habido una emboscada como afirman autoridades del gobierno, como también miembros de la comisión de asambleístas del legislativo[1]

Hay que recordar a los gobernantes, fiscales y a jueces que llevan este caso, todos ellos empeñados en sentenciar  a los detenidos de Apolo que la CPE en su artículo 114 prohíbe “toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”; asimismo, el mismo artículo en su inciso II señala que “Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho”. No pueden las autoridades de turno seguir actuando como en las dictaduras, donde los derechos eran conculcados por el poder ejecutivo y sus satélites (Fiscalía y Judicatura).

Lo cierto es que el caso Apolo ha dejado al descubierto las diferencias que existe entre los cocaleros que los hay de “primera” (del Chapare) y de “tercera” o “cuarta” categoría (los de Apolo); y éstos están en el grupo de los perdedores, tanto los que aceptaron ser registrados en el censo biométrico como los que rechazaron, que están entre los parias.

La biometrización significó aceptar que aquélla no es zona tradicional de producción de coca y, por tanto, para los lugareños reconocerse como colonizadores; además, fue como ponerse una soga al cuello, porque al hacerlo no podrán plantar coca otra vez. Al respecto el párroco de Apolo, Dionicio Zavala, señaló a este medio que esos cultivos son lo único que permite a sus pobladores tener un mínimo de recursos ya que la zona es pobre en sus suelos y, aunque pueden tener algunos cultivos, como yuca, éstos no son suficientes para “vivir bien”, como supuestamente dicen los gobernantes que vive la población.

El padre Zavala añade que, como resultado de la pobreza de los suelos, la gente también es pobre, por lo que no se puede entender el porqué se les privó de esos cultivos, cuya erradicación fue intensiva luego de la represión a que fueron sometidas las comunidades de Miraflores, Copacabana, Piedra Blanca, Concepción y, últimamente, Santa Catalina.

En las zonas de los cocaleros de primera clase (Chapare), las pozas de maceración de droga que se descubren no son publicitadas, como tampoco se dice o se dice poco, sobre las zonas aledañas al Chapare que no son territorios libres de narcotráfico, como San Germán.

Oscar Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, máxima entidad de la Iglesia Católica, al iniciar su 69 Asamblea de Obispos del país, el pasado 7 de noviembre, pidió a las autoridades del Estado “una profunda e imparcial investigación” de los sucesos acaecidos en Apolo, para establecer responsabilidades y asegurar las “sanciones adecuadas” para que esos acontecimientos no se repitan. “El narcotráfico, así como la producción de cocaína, al ser  actividades que se lucran de la muerte y están en contra de los principios básicos de la moral y la ética, nos van empujando a una espiral de violencia y muerte con efectos perversos, que no pueden ser ignorados ni permitidos en una sociedad”, expresó Aparicio. Lo sucedido en Apolo, señaló que es un ejemplo de que en el país se viven “tiempos cada vez más difíciles en los que preocupa el nivel de violencia que va creciendo y el desprecio por la vida humana”.[2]

Se informa que hay la intención de los operadores del Ministerio de Gobierno de “sugerir” a la Fiscalía y Judicatura de “congelar” el proceso y “liberar” a los detenidos; sin embargo, esa medida deja latente las acusaciones, que pueden ser reactivadas, si es que no se someten plenamente los ahora detenidos injustamente y las poblaciones castigadas por los gobernantes; en otras palabras, pueden ser chantajeados. En consecuencia, si hubiera, de parte del Estado, la intención de remediar la injusticia que impusieron a los detenidos de Apolo, el proceso indebido al que son sometidos debe extinguirse.

Uno de los fiscales asignados al caso Apolo, a medios de difusión, ha dicho que el 4 de diciembre se realizará una audiencia (la primera) en la que se ordenaría la libertad de los 17 detenidos preventivamente en Patacamaya, aunque el juez que atiende el proceso señaló que, también, se podría aprobar medidas sustitutivas, como la libertad de los detenidos y el arraigo de éstos en su comunidad y/o en Apolo.

Las vivencias de los detenidos, como de sus familiares, son desgarradoras, como aquélla de la madre de uno de los apoleños presos en Patacamaya, la que entregó a una comisión que se apersonó en la zona, una encomienda para su hijo: “Este paquetito llévenle a mi hijo: sólo es una camisa y esta flor que sé que le gusta mucho”.

[1] http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/11/18/detenidos-apolo-dicen-cambiaron-declaraciones-6312.html

[2] http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20131108/iglesia-advierte-violencia-por-narcotrafico-en-el_234472_508376.html