La burocracia sindical capitula una vez más

La cúpula de la COB sabotea la movilización 

y declara tregua de 30 días sin conseguir nada

Miguel Lora Ortuño

Los dirigentes de la COB y de las confederaciones de los diferentes sectores han actuado como quinta columna del gobierno al aceptar una renta equivalente sólo al 70% del promedio de los últimos 24 sueldos del trabajador. Han mostrado total incapacidad en los debates cuando las movilizaciones se adueñaban de los caminos y las calles, y han esperado criminalmente a que la valerosa lucha de los explotados se desmorone.

La lucha de los trabajadores por una renta de vejez igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos, una vez más, terminó en frustración como consecuencia de la acción traidora y la incapacidad de la burocracia sindical. Como ya dijimos en notas anteriores, el Talón de Aquiles de la movilización fue la ausencia de un objetivo que encarne las reales necesidades de los explotados.

La burocracia (dirigencia) de la COB declaró en seco la huelga general inde­finida con el claro propósito de hacerla fracasar. Una huelga se la prepara, se uni­fica los objetivos, se propicia el debate con el gobierno, se lleva a cabo acciones cada vez más radicales hasta concluir en la huelga general inde­finida con paralización del aparato productivo.

La burocracia esperaba que la huelga no se materialice y la movilización fracase para luego transar cómodamente con el gobierno. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores, sobre todo del sector del proletariado (minero y fabril) fue contundente, y por momentos a la burocracia cobista se le escapó de las manos.

Se produjo una ruptura entre las bases y los dirigentes oficialistas en el planteamiento de la consigna central de la movilización. Mientras los dirigentes de la COB y de las confederaciones se aferraban al 70% como cálculo de las rentas, repitiendo algo que ya está en la Ley 065 con la idea de que de este modo sería más fácil arrancarle algunas concesiones secundarias al gobierno, las bases de los trabajadores (fabriles, salud, CASEGURAL, maestros, etc.) se adueñaban de las calles y los caminos exigiendo una “renta igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos”.

Esta consigna significaba modificar sustancialmente la naturaleza de la Ley de Pensiones, afectaba directamente a los intereses de la clase dominante nativa, de las transnacionales y del Estado burgués. Su materialización implicaba arrancar un sustancial aumento en el aporte patronal e imponer el aporte estatal para hacer posible la sostenibilidad del fondo solidario del régimen de rentas. Se produjo así una ruptura entre el sentimiento de las bases y la posición conciliadora y progubernamental de los dirigentes de las cúpulas sindicales.

La actitud de las bases, de manera instintiva, estaba expresando la posición obrera sobre quién debe financiar la jubilación de los trabajadores; de manera natural, llegaron a la conclusión de que deben ser la patronal y el Estado burgués quienes carguen con todo el peso de las rentas. De esta manera, nuevamente fue el partido revolucionario el que encarnó los intereses materiales de los explotados, aplicando el concepto marxista de la renta como una forma del salario diferido para cuando la fuerza de trabajo ya no puede seguir produciendo en condiciones normales.

Las masas, sobre todo las obreras, se apropiaron del planteamiento del POR de manera instintiva por el lugar que ocupan en el proceso de la producción, y la lucha de las masas por la jubilación se convirtió en el meollo mismo de la lucha de clases: la acción de los explotados por recuperar una parte de la plusvalía que le exprime el patrón durante toda su vida útil para garantizarse una vejez en condiciones humanas.

Por el contrario, los dirigentes, al igual que el gobierno, se limitaron a discutir sobre los topes mínimos y máximos como si de éstos dependiera el cálculo de las rentas; ambos se dedicaron a engañar a las bases haciéndoles creer que estos topes serían las rentas que iban a percibir cuando se jubilen. Sin embargo, nada desvió a los trabajadores de su verdadero objetivo: rentas del 100% con aporte patronal y estatal como la única posibilidad de garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas.

Cuando los explotados todavía estaban en las calles resistiendo heroicamente la represión policial, la sañuda campaña de amedrentamiento del gobierno con millonarios spots en la prensa, y las amenazas de las juntas escolares, de los cocaleros y de los campesinos, por el contrario la burocracia fue cediendo a la presión de sus amos, tratando de desmovilizar a los huelguistas con la declaratoria de treguas para sentarse a la mesa de negociaciones.

Los burócratas acuñaron la consigna “que nos derroten en las calles”, revelando que nunca estuvieron seguros de la posibilidad de la victoria. Al limitarse a plantear rentas del 70% tenían la seguridad de arrancar migajas, como por ejemplo subir un poco los límites superiores e inferiores de las curvas del cálculo de las rentas, al gusto de la minoría con altos sueldos (mineros), sin importarles las aspiraciones de una inmensa mayoría de trabajadores que agonizan con sueldos de hambre que fluctúan entre 1.200 y 3.600 Bs., que ya son absolutamente insuficientes para que el trabajador y su familia pueda cubrir sus necesidades más elementales como comer y vestirse.

El problema fundamental de quién paga la renta fue llevado a segundo plano por los burócratas incapaces y ahí radicó su debilidad cuando el gobierno puso en duda la sostenibilidad del régimen de pensiones. La dirigencia cobista ha mostrado total incapacidad en los debates con el gobierno, que, reiterativamente, les ha jabonado con el cuento de que no tienen propuesta técnica para fundamentar los planteamientos que esencialmente son los mismos que maneja el gobierno.

La estupidez de los dirigentes sindicales radicó en acomodarse a la política anti obrera de los gobernantes, a los intereses de la clase dominante y de las transnacionales que operan en este país. A pesar de que la consigna del 100% se enseñoreó en las bases, la burocracia hizo oídos sordos y, por el contrario, combatió públicamente a las expresiones más radicales del movimiento encarnadas en los magisterios de La Paz y Cochabamba.

Sabotearon desde todas las posiciones que ocupan; los delegados sindicales oficialistas en Cochabamba (FDM y LUMAC) pelearon tercamente para impedir el acatamiento de la huelga en sus Unidades Educativas; los Sindicatos de Punata, Vinto y Arani, manejados por el frente pro-gubernamental denominado “Defensa”, se ocuparon de desmovilizar a las bases de esos distritos desinformando e instruyendo cosas contrarias a lo decidido por las Asambleas y Consejos Consultivos de la Federación. Esto no es todo; es de público conocimiento que el director Distrital de Cercado I, dirigente de ese mismo Frente, se dio a la tarea de amenazar a los maestros/as de Unidades Educativas que acataron el paro, actuando como un verdadero enemigo del magisterio y de sus intereses.

¿Por qué las masas se adueñaron de la consigna del 100% a pesar de la campaña del gobierno y de la burocracia sindical? Los dirigentes pro oficialistas y el gobierno vociferaron contra los “trotskistas radicales” como los causantes de este desbarajuste en los objetivos, como si un grupo radical de políticos tuviera el poder de desencadenar semejante convulsión social. Su mentalidad chata no les permite comprender que la consigna del 100% encarna las necesidades reales de las bases, quienes razonan que, quitándoles un 30% a los miserables sueldos que ganan, están condenados a agonizar de hambre en su vejez.

La burocracia capitula

La burocracia sindical capituló frente al gobierno cuando dejó en segundo plano la necesidad de aporte estatal y se limitó a plantear los candados de la jubilación ampliando los topes máximos a 4.900 para los mineros y 4.000 para los otros sectores. Los sectores estalinistas de la burocracia, aquellos más identificados con el gobierno porque comparten con el MAS de la torta del Estado, llegaron más lejos al proponer la necesidad de volver a crear los fondos complementarios para que la mejora de las rentas salga del mismo bolsillo de los trabajadores, experiencia que ya se dio con el viejo Código de Seguridad Social promulgada en 1956 y terminó como unas gran frustración para los explotados.

Por otra parte los burócratas se quedaron mudos cuando el gobierno criticó los altos sueldos de una parte minoritaria (de aquellos que trabajan a destajo) de los mineros, sin comprender que esos sueldos son absolutamente coyunturales, mientras duren los precios altos de los minerales en el mercado mundial y que en el presente ya entran en declinación. No dijeron nada cuando acusaron de conspiradores a los que se movilizan por tener derecho a comer. No fueron capaces de señalar que es la miseria la que genera el malestar social y no los politiqueros interesados en voltear gobiernos, miseria que el gobierno es incapaz de superar en este país.

En fin, estamos frente a una dirección del movimiento obrero totalmente desarmada e incapaz que desarma la combatividad de las bases. Lo criminal es que estos dirigentes esperaron a que el movimiento se desmorone por el cansancio de los combatientes y así terminaron como los peones más útiles de este gobierno que está decidido a descargar un puño de hierro sobre los trabajadores para escarmentarlos y que, en el futuro no se atrevan a rebelarse ni a exigir nada.

La última declaratoria de tregua por 30 días es una clara muestra de la retirada sin conseguir nada. No existe ningún compromiso del gobierno, solo la posibilidad de revisar algunos artículos de la ley. Nos estamos refiriendo a la carta que el gobierno enviara a los dirigentes de la COB el 20 de mayo de 2013, en la que señala:

1. El rechazo a la petición de la COB de participar con tres representantes obreros,en la Gestora Pública de la Ley de Pensiones.

2. “Se evaluará la propuesta de la COB de revisar los (34 artículos) de la Ley 065 y el D.S. 0822…” (A continuación se detallan los artículos en cuestión). No dice que se revisarán sino que se “evaluará” la propuesta de revisar (en un plazo de 30 días), en otras palabras nada.

3. “En relación a la propuesta de que una entidad neutral realice el estudio matemático actuarial de sostenibilidad del Fondo Solidario, el Gobierno… evaluará la posibilidad de…contratar una empresa extranjera especializada…”. (No hay ningún compromiso de hacer el estudio, sino de evaluar si se lo hace o no).

4. “El gobierno se ratifica en la propuesta No. 3 de los límites solidarios mínimos y máximos de la pensión solidaria de vejez...porque… garantiza la sostenibilidad del Fondo Solidario…”. (Rechaza toda posibilidad de seguir discutiendo sobre el problema de los límites).

En base a esta carta, la COB ha declarado el cuarto intermedio de 30 días sobre simples posibilidades y no de compromisos. Esto nos hace ver que todo es una trampa donde los dirigentes de la COB han vuelto a caer. El gobierno no duda en tenderles una celada a sus sirvientes que tan disciplinadamente han pretendido desmovilizar el último conflicto. Los ministros de la Presidencia y del Trabajo, con el mayor cinismo, ya han dicho en Oruro que no tienen firmado ningún convenio o compromiso con los dirigentes de la COB.

Las bases castigan a los estalinistas de la Confederación de maestros

No nos extraña que el conjunto del oficialismo haya combatido sañudamente la lucha de los maestros de base; ése es su papel, por eso son sirvientes del “proceso de cambio” y por lo tanto, opositores a las más sentidas demandas del magisterio de base. Ése es su papel y será también su tumba, los colegas de base han identificado quiénes son los que luchan y quiénes los que actúan a favor del mal gobierno del MAS.

En la Conferencia nacional extraordinaria del magisterio urbano celebrada el 22 de mayo, los distintos distritos presentes reflejaron que el magisterio nacional se incorporó a las movilizaciones de manera unitaria y combativa. Todas las representaciones del interior, de manera unánime, incluidas aquellas controladas por la camarilla oficialista, hicieron saber que las bases lucharon por una renta igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos, mientras que los dirigentes nacionales se aferraban tercamente al 70%, dizque porque era resolución del último Congreso Ordinario.

Sobre todo los delegados de base repudiaron a la dirección nacional porque, durante el conflicto, estuvo ausente para conducir adecuadamente las movilizaciones del magisterio nacional; criticaron acremente por su silencio frente a los ataques del gobierno contra el movimiento obrero y el magisterio en particular; censuraron por el instructivo que lanzaron en plena movilización pidiendo que las bases se pronuncien si deseaban continuar o no en la huelga general, hecho que consideraron como una conducta abiertamente desmovilizadora que tuvo su efecto negativo en muchos distritos del interior; repudiaron el spot que pagaron contra los dirigentes de La Paz y Cochabamba, repitiendo los mismos argumentos del gobierno para descalificar la legitimidad de la consigna del 100%; condenaron a Jorge Valdivieso por seguir fungiendo como dirigente de la COB cuando ha sido castigado con la privación de sus derechos sindicales por 10 años, etc.

En suma, la Conferencia fue una vía crucis para los dirigentes oficialistas quienes tuvieron que soportar los duros golpes que les asestaban los delegados de base. Las resoluciones más importantes fueron:

1. Se reconoce la lucha de las bases del magisterio por lograr una jubilación digna en la perspectiva del 100%.

2. Se ratifica la unidad de los trabajadores de la educación en torno a la COB y la CTEUB.

3. La Dirección Ejecutiva Nacional debe asistir a las asambleas de las federaciones departamentales y regionales para rendir cuentas de su conducta conciliadora durante el último conflicto.

4. Deben organizarse seminarios sobre la Ley 065 en las bases.

5. La Dirección de la Confederación debe reprogramar la Conferencia Especializada de seguridad social.

6. La Confederación, junto a la COB, defenderá el respeto al derecho a la huelga y gestionará para evitar todo descuento por días de huelga. En caso de persistir esta amenaza, no se garantiza la continuidad de los cursos del PROFOCOM.

7. Repudiar la campaña del gobierno contra los diferentes sectores afiliados a la COB.

8. Las autoridades educativas que apliquen sanciones y vulneren el derecho a la huelga deben ser remitidas al Consejo Nacional de Disciplina Sindical.

9. Respaldar a los docentes de provincias que son objeto de agresiones físicas y psicológicas. La Dirección Ejecutiva Nacional gestionará garantías para los maestros que trabajan en las provincias y en el campo ante las autoridades correspondientes.

Hemos vivido apenas un episodio de una gran batalla que no concluye. La segunda arremetida debe ser por el 100%, derrotando a las camarillas oficialistas encaramadas en las direcciones sindicales.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013052802