Hablando de que el Estado no tiene plata suficiente...

Vamos a andar

Rafael Puente

- 23/05/2013

Mientras se mantiene el diálogo/confrontación con la COB, en el que los representantes del Gobierno insisten en que el Estado no podría sostener un sistema de pensiones con el 100% del salario (excepción hecha para los militares, pero de este tema ya hemos hablado), ha ocurrido en Cochabamba algo que no debe pasar desapercibido, aunque sólo fuera para que el resto del país no aprenda del gobierno municipal de nuestra ciudad capital.

La novedad, aunque usted no lo crea, es que el Concejo Municipal, previo acuerdo con el Alcalde y a través de un comunicado de casi 40 páginas, ha emitido una resolución por la cual se exime de impuestos al Country Club Cochabamba. La larga documentación, respaldada por un montón de datos técnicos, viene a esgrimir como argumento principal que dicho club no tiene “fines de lucro” y que por eso se lo libera del pago de impuestos a la propiedad inmueble a partir de enero del año 2012.

Por el mismo documento nos enteramos de que esa propiedad inmueble tiene la friolera de 908.996 metros cuadrados, o sea más de nueve hectáreas, y que cuenta entre su infraestructura con piscina (con sauna, gimnasio y jacuzzi), con cuatro frontones y otras cuatro canchas de ráquet, con área hípica, con cancha de fútbol y salón de eventos, con salas de ping pong, y cada instalación con su correspondiente snack. Y nos enteramos también de que dicho Country Club se dio el lujo de no pagar impuestos del 2001 al 2006. Y en premio se lo exonera de dicho aporte a la sociedad. Mientras tanto no sólo no hay dinero para mejorar el sistema de pensiones, tampoco lo hay para el funcionamiento elemental del Hospital del Niño (ni del Viedma), ni para hacer efectivo el bono Juana Azurduy, ni para aportar al fondo nacional en beneficio de las personas que padecen sida, ni para mejorar la situación de las personas con discapacidad y la de los niños y niñas abandonados.

Y nos dicen que la razón es que dicho club no tiene fines de lucro. ¿Acaso el humilde solar de 200 metros cuadrados, en el que tienen su escasa vivienda cientos de miles de familias, sí tiene fines de lucro? No creo que nadie pueda afirmar eso, sin embargo esos terrenos —y sus respectivas viviendas— no pueden salvarse del impuesto a la propiedad inmueble, ni de las sanciones que le caen encima a quien no los paga. Por 200 o 300 metros cuadrados sí hay que pagar impuestos, y por mil metros cuadrados desde luego hay que pagar más impuestos; en cambio por más de 900 mil metros cuadrados no los hay que pagar. ¿Por qué? ¿Porque pertenecen a una larga serie de socios ricos e influyentes? ¿Porque la ley no es igual para todos? ¿Porque cumplen una función social? ¿Cuál función? Que nos lo digan.

¿Es ésa la concepción del Vivir Bien que tienen nuestros concejales? ¿O es que entienden ese paradigma como el respaldo estatal a los que se dan la buena vida? Que nos lo expliquen por favor.

Pero hay además otro elemento altamente desconcertante. Los (as) que aprobaron dicha resolución son todos (as) concejales del MAS (con una única excepción); los (as) de la oposición tuvieron la astucia de no involucrarse, lo que ya resultaba innecesario desde el momento en que salía responsable la mayoría oficialista (sin necesidad de que dieran la cara).

Ojalá este mal ejemplo de mi ciudad no cunda en las demás ciudades del país. Y ojalá desde la dirección del MAS alguien les diga algo a nuestros concejales.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano para el Cambio (CUECA) de Cochabamba.