¡Qué nunca más participen de acciones represivas contra el pueblo efectivos de las FAB y de las FF.AA.!

Durante el régimen del Gral. René Barrientos Ortuño, un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), mientras ejerció el cargo de Ministro de Gobierno, en horas de la madrugada hacía estallar explosivos en domicilios de dirigentes sindicales y políticos opuestos a los gobernantes de ese tiempo. Ese mismo funcionario público, horas después de esas acciones punibles, de las que él era autor, las denunciaba en conferencias de prensa y las atribuida a “castro-comunistas”. Esas acciones terroristas provocaban zozobra sobre todo entre los familiares de las víctimas y también entre los vecinos. Asimismo, violaban derechos humanos: a la vida, a la seguridad, a la salud, a la información…

Cañonazo de 5.000 dólares

Uno de los propietarios del Ingenio Azucarero “La Bélgica” de Santa Cruz, en 1971, para la revista Stern, de Alemania, dijo que los oficiales de las Fuerzas Armadas bolivianas no resistían un “cañonazo de 5.000 dólares”, durante una entrevista periodística en la que ese empresario contó de qué forma participaron sus colegas y él, de la organización del golpe de estado, encabezado por el entonces Cnl. Hugo Banzer Suárez. Unos más otros menos, empresarios cruceños, especialmente, reunieron dinero con el que financiaron esa acción político-militar, político-paramilitar y político-parapolicial.

En esa etapa, en la que se organizaba el golpe contra el gobierno del Gral. Juan José Torres (1971), denominado el Gral. del pueblo porque recuperó los recursos mineralógicos, en ese momento, explotados por empresas transnacionales, operó en ciudades bolivianas el llamado Ejército Cristiano Nacionalista, cuya lista parcial fue publicada por el semanario Aquí, en la que figuran especialmente militares. Miembros de esa organización para-militar hicieron estallar explosivos en lugares públicos y en domicilios de dirigentes sindicales y políticos de ese tiempo.[1] Y al menos se podría sospechar que integrantes de ese Ejército irregular, en 1979, participaron de la acción terrorista contra una marcha de la Unidad Democrática y Popular (UDP), en El Prado de la sede de gobierno, que acabó con la vida de un niño y de la que resultaron varios compatriotas heridos.

Durante el golpe de estado, dirigido por Banzer (21 de agosto de 1971), miembros de las FAB llevaron a cabo un operativo aéreo contra los que resistían al golpismo, denominado: “Aguilita voladora”. Fuentes creíbles informaron que, desde aviones de las FAB, ametrallaron barrios paceños y, especialmente, predios céntricos de la Universidad Mayor de San Andrés.

El P. Mauricio Lefevre, en ese momento docente y decano de la facultad de Sociología de aquella universidad pública, murió por desangramiento, luego de recibir un disparo, en una calle próxima al edificio central de la UMSA. Sobre esa muerte circulan dos versiones: que fueron francotiradores los que segaron esa vida y, la otra, que esa fue una de las víctimas del Ejército Cristiano Nacionalista.[2]

En ese período de la dictadura de Banzer, presos políticos fueron llevados a campos de concentración de Beni y Pando, en aviones de las FAB (incluidos los del TAM), los que fueron conducidos por oficiales y/o jefes de aquella institución armada.

Masacre de Todos los Santos

Fueron militares y policías, más los primeros que los segundos, los que mataron a decenas de paceños y bolivianos que resistieron al golpe encabezado por el entonces coronel Alberto Natusch Busch. (Estos hechos ocurrieron entre el 1 el 16 de ese mes. “Las FF.AA. hicieron correr sangre del pueblo de forma inusitada. En la ciudad (La Paz) se vio, por ejemplo, que naves de a Fuerza Aérea ametrallaron, desde el aire, las concentraciones humanas que encontraban en su recorrido”.

Según el P. Federico Aguiló en esos 16 días se produjeron 208 muertos, 221 heridos y 124 desparecidos, la mayoría pertenecientes a sectores del movimiento popular, obreros, estudiantes, universitarios y dirigentes sindicales”. Ver A 30 años de la masacre de Todos los Santos por Marcelo Severiche.[3]

Varios de los 16 días de resistencia a ese sangriento golpe de estado, aviones de las FAB “escupieron” plomo contra barrios paceños, acciones que también segaron vidas incluso de compatriotas que permanecían alejados del escenario del golpe y de la resistencia a éste.

Los alcances reales en acciones golpistas de los uniformados como aquélla son difíciles establecer; sin embargo, aunque varios de esos protagonistas visten de civiles en esas ocasiones, existen testimonios suficientes que muestran que siempre o casi siempre, miembros de las FF.AA. bolivianas, han sido actores de revueltas y/o masacres en Bolivia.

Golpe narco-militar

Días después del golpe narco-militar y/o narco-fascista del Gral. Luis García Meza Tejada y del Cnl. Luis Arce Gómez, y cuando especialmente trabajadores mineros resistían en centros mineros, como en Caracoles, allí hubo vuelos rasantes de naves de las FAB, con pilotos de esta institución. Y desde esos aviones militares se ametralló a campamentos mineros y a sus habitantes. Un oficial, que pilotó una de esas naves, dijo que en más de una oportunidad y durante más de un día, él cumplió una orden castrense como piloto, pero que jamás disparó contra aquellos heroicos compatriotas que defendían la vida y la paz en sus residencias, así como resistieron a un golpe contrario a sus derechos y contrapuesto a los intereses de las regiones, del pueblo y del país.[4]

Los confinados en Puerto Cabinas (Beni) fueron llevados desde la sede de gobierno en aviones de la FAB, otra vez, conducidos por pilotos de esta institución, y también fueron retornados por ellos a esta ciudad. A Puerto Cabinas, incluso ahora, es imposible llegar por camino carretero, por lo que esos vuelos eran imprescindibles. Otra vía de comunicación sólo es fluvial hacia ese puerto sobre el río Beni; sin embargo, ésta nunca usaron los golpistas de 1980.

El Gral. de aviación, Ariel Coca Aguirre, ex Comandante del Colegio Militar de Aviación “Germán Busch” de Santa Cruz, fue detenido en Panamá con cocaína en una aeronave de las FAB, conducida por él. En Bolivia ni antes ni después fue investigado ese episodio el que, sin embargo, fue difundido por la revista brasileña Veja. Esa información, además, se sumaba a la que en videos, poco conocidos entonces, se propagaron en círculos bolivianos (pequeños al comienzo) bajo el título: El ministro de la cocaína, referido a sus labores de protección al narcotráfico del ministro de Gobierno, de ese momento, Luis Arce Gómez.

Un general de aviación jubilado fue uno de los entrenadores de miembros de la Juventud K’ochala, organismo para-militar que tuvo un protagonismo destacado en los hechos del 11 de enero de 2007, en Cochabamba, los que ocasionaron muertos y heridos. Ese miembro jubilado de la FAB realizó esa labor en coordinación con el Comité Cívico Pro-Cochabamba.

Ex jefes de la FAB han sido favorecidos con dotación, a título gratuito, de tierras agropecuarias en San Ignacio de Velasco, sin que hayan sido ni agricultores ni ganaderos. Otro de ellos mantiene su latifundio, en Guiarayos, sin que cumpla ninguna función económica ni social, es decir, en contra de lo que dispone la Constitución Política en vigencia. Esas dotaciones tuvieron lugar durante la dictadura de Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez.

Otros miembros de las FAB, en servicio activo en ese instante, fueron favorecidos con tierras en el valle cruceño por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

Sepulcro de oficiales

En la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), una réplica de la Escuela de las Américas de Panamá (ahora en Atlanta EE.UU.), según testimonios de entendidos en la materia, de acuerdo a la escasa información entregada desde dentro de ese centro de adiestramiento castrense y por lo que dicen los hechos se viola el primero de los derechos de los ciudadanos: el derecho a la vida. Por ello, los oficiales Poma y Espinal, durante este tiempo llamado de cambios en Bolivia, han muerto como resultado de heridas gravísimas provocadas por oficiales con mando de tropa, en una rara materia de estudios, que los civiles interpretamos como lucha cuerpo a cuerpo, en la cual los estudiantes se baten entre ellos como si se tratara de una pelea entre enemigos mortales.

Crímenes en recintos miliares

La protección a oficiales, identificados como autores y/o coautores de esos crímenes, es una labor que compromete a jefes de las Fuerzas Armadas en ejercicio. Uno de ellos, según se informó, como instructor de la Escuela de Cóndores, participó de ese entrenamiento inhumano en el que murió el oficial Poma. A pesar de ese antecedente, presuntamente delictivo, ese ex instructor en Sanandita trabajaba y vivía en un ambiente del Estado Mayor de las FF.AA. bolivianas, en Miraflores de La Paz. Incluso se sabe que ese ex instructor de la Escuela de Cóndores poseía más de una identidad y que salía de aquel recinto castrense y volvía a él con una frecuencia inapropiada de alguien que se supone se encontraba arrestado. Ese mismo oficial, se informó, es presunto cómplice y/o coautor de la muerte de una enfermera orureña cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una de las escaleras del Gran Cuartel de Miraflores.

En la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, encabezada por al compañera María Amparo Carvajal Baños, hemos sido informados de que en alguno de los puertos del lago Titicaca, en los que está acantonado un destacamento de la Armada Boliviana, funciona una base de entrenamiento de oficiales de esa arma. El alférez Emanuel Cussi Suxo murió allí el 22 de octubre de 2013 cuando participaba en un curso especial de comando de buceo en el lago Titicaca y los responsables, hasta donde sabemos, siguen impunes. Allí, además de que reciben entrenamiento miembros suyos, las faltas cometidas por oficiales allí acuartelados, son castigadas con torturas, según denunciantes. Esa información que conocemos defensores de los derechos humanos es limitada y quienes la entregan nos recomiendan silencio, pero nosotros consideramos que “callar es lo mismo que mentir”, como dijo el P. Luis Espinal Camps, de cuyo asesinato se recordarán 34 años el próximo 22 de este mes. Crimen que gente del pueblo, en base a indicios suficientes, atribuyó de inmediato a los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez, aunque los autores materiales, se sabe, fueron los tristemente célebres paramilitares. Entre los que acompañamos los restos de Espinal hacia el Cementerio General de La Paz, leímos: “Arcesesino” en carteles que denunciaron el horrendo crimen y a uno de los autores intelectuales.

Quema de archivos

El Gral. Berssati, actual funcionario boliviano en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, informó que fueron quemados los archivos en los que se encontraban las órdenes de destino y de los partes de operaciones militares contra el alzamiento de alteños y paceños en 2003, de modo que así los que serían secretos militares han sido convertidos en cenizas.[5] En esa línea, antes, el Capital General de las FF.AA. de nuestro país, el presidente Morales, en varias ocasiones aseguró que en los archivos militares no existen datos que den cuenta de la desaparición forzosa de compatriotas como Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, entre otros.

Así han violado el derecho del pueblo a la información que debe ser oportuna y veraz, además de que con la quema de esos archivos se desparecen fuentes para que se escriba la historia política y militar de nuestro país.

Muerte de futuro piloto

El año pasado (2013) murió un cadete dentro del Colegio Militar de Aviación “Germán Busch” de Santa Cruz por un disparo de arma de fuego, muerte de la que se responsabilizó a otro cadete. A pesar de publicaciones de medios de difusión, luego se impuso el silencio, con lo que al parecer se busca, entre otras cosas, cubrir con un manto para el olvido de ese crimen que sí merece investigación, proceso y castigo. Lo menos que decimos nosotros respecto de ese acontecimiento luctuoso es que en esos cuarteles otra vez no está garantizado a plenitud el derecho a la vida de sus miembros, con lo que se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, que creemos se pueden y se deben evitar, nos lastima mucho más una de las declaraciones del presidente Juan Evo Morales Ayma, dichas al menos dos veces: Hablaré con miembros de los derechos humanos para que permitan el entrenamiento de los efectivos en los cuarteles, afirmó.

Nosotros sostenemos que el entrenamiento en todos los cuarteles de Bolivia no se contrapone a la promoción, difusión y respeto de los derechos humanos de los que se encuentran bajo banderas, como dicen los uniformados.

Militares en la represión al pueblo

Hemos sido informados de que acciones represivas como en Caranavi (2010), Chaparina (2011), Yapacaní (2012), Apolo (2013), tienen como actores principales, según se ve, efectivos de la Policía Boliviana. Sin embargo, también participan militares vestidos de civil, casi siempre, mejor dicho, siempre.

De los hechos de Apolo —erradicación de cocales con represión a productores mediante— han participado de manera decisiva miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (policías y militares). Allí las principales víctimas han sido los empobrecidos que han perdido el pan de cada día: los cocales tradicionales que, básicamente, se destinaban al acullico.

En Apolo, comunidad de Miraflores, han muerto tres uniformados y un médico, lo que entre los defensores de los derechos humanos lamentamos como el que más. No obstante, afirmamos que lo ocurrido en Apolo y, sobre todo, la muerte de aquellos cuatro compatriotas debe investigarse (averiguarse) para descubrir y en ningún caso para encubrir, como sucedió tantas veces en nuestra patria.

Más de 20 uniformados muertos

Reafirmamos que, en el último tiempo, son más 300 los casos de violación de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas bolivianas y más de 20 los uniformados muertos en recintos militares, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Es parte de ese inventario preocupante la muerte de oficiales, como consecuencia de golpizas en la Escuela de Cóndores (que desde los derechos humanos nos hemos animado a proponer su cierre), así como la muerte de conscriptos en varios cuarteles del país. Citamos al Defensor del Pueblo, obispo Rolando Villena Villegas, que confirma lo que resumimos:

“La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos y la recepción, en nuestra institución, de más de 300 denuncias de vulneración de derechos, algunas de ellas referidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, en los últimos tres años”, dijo.[6]

Otras FF.AA. son posibles

Esos datos nos reafirman, a los activistas de los derechos humanos de La Paz, que no tenemos las Fuerzas Armadas anticolonialistas, anticapitalistas y antiimperialistas de las que el Presidente habla con frecuencia.

Además, tenemos presente lo dicho por el primer mandatario, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una ocasión en la que entregó un informe de sus labores. Allí, a los jefes miliares, les dijo que el enemigo del pueblo boliviano era el capitalismo y no el socialismo como se enseñaba o se enseña, incorrectamente, en los institutos de formación militar, según él.

Estamos convencidos de que la violación de los derechos humanos en los cuarteles y, específicamente, en la FAB acabará cuando de veras tengamos nuevas FF.AA., es decir, un nuevo Ejército, una nueva Fuerza Aérea Boliviana y una nueva Armada Boliviana, como parte sustancial de un nuevo Estado plurinacional (también posible), en una nueva Bolivia, integrante de un nuevo mundo, también posible.

La Paz, 20 de marzo de 2014.

Remberto Cárdenas Morales

Periodista y activista de los derechos humanos en La Paz

[1]Los últimos días de vida del coronel GENARO ZEGARRA SARMIENTO, prominente líder Generacional con Cayoja, Echazú, Rojas, Calvi, Lopez Leytón, Añez, Vargas, Salomón, Fernández, Saravia Ortuño, Lanza, Montero del llamado nuevo colegio militar, fueron crueles, no por su enfermedad, por los crímenes cometidos por el Ejército Cristiano Nacionalista, en la revolución del 21 de Agosto de 1971, se lee en la publicación virtual de Indimedia.

Entre los que aportaron a ese grupo parapolicial están Carlos Iturralde Ballivián con 500 dólares y Wilfredo Gutiérrez Vea Murguía $us 30.000 cada mes.

[2] Testimonios dan cuenta de que el P. Lefevre recibió un disparo letal cuando socorría a un herido, resultado del enfrenamiento entre las fuerzas leales a Juan José Torres y los golpistas.

[3] http://wwwbolpress.com/art.php?Cod=2009110109

[4] Datos recogidos por el autor de este trabajo.

[5] No descartamos que el ex jefe del Ejército boliviano quiso desinformar al difundir que fueron quemados esos archivos castrenses.

[6] Esas declaraciones del Defensor del Pueblo fueron difundidas por el diario paceño Página Siete el 13 de noviembre de 2013.