“La Justicia es corrompida/ mejor me la llevaré…”

editorial

“Esa chica a la que amaba/ todas las efes tenía/ era fea, flaca y floja/ fregona, frágil y fría/. Hasta el Juez se enamoró/ de la que me enamoré/ la Justicia es corrompida/ mejor me la llevaré”. Como para el Carnaval 2014.

Esa letra de un bailecito boliviano refiere una verdad que no es nueva, aunque no faltan los que dicen que lo nuevo es que la justicia de nuestro país está más corrompida que nunca.

Es un extremo decir que esa justicia está más corrompida que nunca, así como es otro extremo sostener que la justicia cambia y que existen errores en ese proceso de cambio, como en toda obra humana.

Hay, también, un término medio que muestra una candidez conmovedora de gobernantes y jueces: ahora empieza la verdadera reforma de la justicia para lo que funcionará una comisión de ética que procese y sancione, a jueces y a fiscales, que sean denunciados por actos de corrupción.

En libros de Gustavo Adolfo Otero: El Chile que yo he visto y El Perú que yo he visto se recoge, asimismo, una afirmación lapidaria respecto de la justicia de nuestro país. Citamos el texto pertinente: “Hay que cuidarse de la mujer chilena, del amigo peruano y de la justicia boliviana”.

Un conocido abogado vallegrandino, los años 40 y 50 del siglo pasado, a sus clientes que mataron a una persona (o culpados de ese delito), les decía dentro de su estudio oscuro, húmedo y lleno de polvo, en Santa Cruz: A mí tienes que decirme la verdad porque los abogados somos como los confesores (los curas), si lo has matado a ese hombre, yo tengo que decidir si te defiendo con código o sin código. La defensa sin código era más cara porque el dinero que debía pagar el presunto homicida o asesino debía ser mucho mayor para cubrir los sobornos que, otra vez el abogado, debía “reconocer” o “aceitear”: se dice ahora y se decía antes, por la prebenda ilegal e ilegítima.

Las historias que refieren o sugieren el comportamiento de jueces y fiscales bolivianos son muchísimas, pero para esta nota bastan las reproducidos.

Sin embargo, es necesario agregar un elemento que tiene que ver con el Estado plurinacional. El Órgano Judicial, como se llama ahora a la justicia ordinaria, en la Constitución Política del Estado (CPE), constituye o integra aquel Estado.

Los actuales gobernantes, en especial el Jefazo, hicieron propaganda política, con una crecida dosis de mentiras, con el propósito de convencer a los bolivianos y a otros pueblos de más allá de nuestras fronteras, de que la elección de los jueces supremos, en las urnas, era el más democrático de los procedimientos y el primero en el mundo.

Y a pesar de que la mayoría de los electores bolivianos no votó por los candidatos a jueces supremos, o lo hizo en blanco o nulo, los gobernantes respondieron que los candidatos a jueces supremos recibieron votos, los que representaban —según ellos—mucho más que la nominación de otrora de tales jueces mediante el “cueteo” político-partidario en el Parlamento.

Entonces los editores de este medio virtual expresamos nuestras reservas respecto de esa forma de elección de abogados para que ejerzan los cargos que ahora ocupan en los organismos de justicia. Incluso agregamos que el reglamento, para la campaña de los candidatos, limitó los derechos a la información, a la comunicación, a la opinión y a la interpretación, establecidos en la CPE.

En realidad, los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Agroambiental fueron nombrados,  a dedo, por los gobernantes y, en primer lugar, por Juan Evo Morales Ayma, ayudado por su Vicepresidente, el que pretendió “fundamentar” esa elección, en verdad, fraudulenta: procedimiento que, entre nosotros, se llama: “Dedazo”. Por tanto, masistas y sus amigos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como “levantamos”, apenas refrendaron la lista elaborada por los gobernantes, por lo que no fueron ellos los que “eligieron” a esos magistrados.

Jueces supremos y fiscales, quizá por gratitud en muchos casos, aplican sin chistar las instrucciones de los gobernantes. Incluso sospechamos que algunos de esos magistrados hacen más de lo que les piden los inquilinos del Palacio Quemado.

Hasta este momento, con raras excepciones, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional se llevan la flor porque han violado la CPE al aprobar la tercera postulación del Presidente y del Vicepresidente en funciones.

Miembros de este TCP, los últimos días, evidencian contradicciones, aunque todavía tendríamos que conocer mucho de lo que se oculta, dentro de las cuatro paredes de la casona que ocupan en Sucre, para entender la extensión y la profundidad de esa crisis del organismo que tiene como misión cuidar la constitucionalidad en Bolivia.

Sin embargo, luego de un debate insuficiente, magistrados y fiscales, han concluido en que deben constituir un tribunal de ética que procese y sanciones a los denunciados por presuntos y/o reales actos de corrupción, con lo que creen que se conseguirá un “saneamiento” de la justicia.

Días previos al Carnaval 2014, en Oruro, han sido destituidos el Fiscal del Distrito y otros nueve entre fiscales de materia y otros funcionarios del ramo judicial y del Ministerio Público, sin proceso, pero de acuerdo a lo dicho, por la existencia de cargos y de indicios suficientes de culpabilidad de los destituidos.

Por su parte, el actual Presidente del Tribunal Supremo de Justicia afirmó que hacía falta nuevos procedimientos legales para mejorar y/o para cambiar el servicio de justicia.

El presidente Morales, a su vez, señaló que de nada sirvió llevar ponchos y polleras a los tribunales supremos de justicia. Que esa nueva composición social y cultural de esos organismos por sí mismos no bastan para transformar a la justicia boliviana como se creía, especialmente, entre los gobernantes.

Advertimos que en el tiempo de gobierno que le resta a los dos primeros mandatarios bolivianos ni siquiera empezará un proceso de reformas de la justicia boliviana. La revolución de esa justicia, esperada por muchos, en estas condiciones, creemos, es imposible. Son palabras, palabras y palabras…

Imposible porque los cambios en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura de nuestro país no alcanzan para constituir ni las condiciones materiales ni las ideas suficientes como para que tengan lugar esas transformaciones en el Órgano Judicial.

Hablamos de transformaciones esenciales para acabar con esa justicia que “se negocia”, como dijo el Presidente boliviano. Afirmación ésta que confirmó el mandatario cuando él intercedió en favor de hinchas del equipo de fútbol brasileño, Corinthians, investigados por presunta complicidad en hechos que acabaron con la vida de un espectador boliviano en el estadio de Oruro.

Aquí la corrupción de la justicia no acabará por la acción de un tribunal de ética y muchos abogados seguirán defendiendo a sus clientes con código o sin código.

Una revolución verdadera revoluciona la justicia, lo que no ocurre en Bolivia. Y la reforma posible en la justicia ni siquiera empieza ni empezará durante el mandado del Jefazo aunque nosotros, también creemos, que otra justicia es posible en nuestro país.