Huida de ex fiscal Soza evidencia rasgos de una crisis del Estado plurinacional

editorial

En Bolivia actual ocurre una rara coincidencia: unos y otros señalan, con diferentes palabras, la bancarrota de la justicia criolla, aunque difieren en el señalamiento de las causas que la generan… Lo que no dicen esos voceros, al menos abiertamente, es que ese hecho gigantesco muestra los rasgos de una crisis que, aunque sea incipiente, es del Estado plurinacional; para nosotros, el viejo Estado, cuyos cambios son periféricos y no van más allá de las reformas (políticas y jurídicas), las que pierden su contenido avanzado.

Los hechos y los dichos que ponen de manifiesto la crisis de la justicia y, por tanto, del llamado Estado plurinacional abundan en nuestro todavía estrecho mundo político. Sin embargo, vale mucho que reflexionemos sobre esa bancarrota, en base a las confesiones del presidente Morales acerca de la justicia y sobre una actitud suya a la que él se refirió como si se hubiera tratado de una acción legal y legítima. Leamos, por favor:

—Luego de los muertos en el penal de Palmasola, Santa Cruz, el Presidente dijo que se convenció de que la justicia “se negocia” en Bolivia y en esa ocasión pidió semanas para que lo gobernantes nos hagan conocer una propuesta para cambiar estructuralmente el régimen penitenciario. Ese anuncio, según la práctica, fue como tantos otros: palabras, palabras, palabras.

—Pasan días de otra confesión presidencial: el primer ciudadano del país dijo que de nada sirvió que ellos, los gobernantes, hayan llevado ponchos y polleras a los máximos órganos jurisdiccionales: Órgano Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura. Algunas voces apagadas, desde el bloque oficialista, mostraron su molestia ante esa otra confesión presidencial y unos, simplones, reafirmaron que una comisión de ética debe investigar, procesar y sancionar a jueces y a fiscales culpados de corrupción, con esperan remontarán la crisis de la justicia.

—El Presidente asumió un comportamiento inapropiado al “interceder” ante un tribunal de justicia y ante fiscales que atendieron el caso de un grupo de hinchas del club de fútbol de Brasil, Corinthians, los que fueron detenidos preventivamente durante una investigación, que apenas avanzaba, por sospechas de complicidad en el estallido de un explosivo en el Estadio Jesús Bemúdez de Oruro. El Presidente consiguió la libertad de los investigados y el archivo de ese caso, mientras que los familiares del hincha boliviano, al que le segaron la vida y que reclamaban justicia, dejaron de hacerlo por medios de difusión y éstos también callaron desde que el primer mandatario se entrometió, ilegalmente, en un asunto en el que no debió haber ningún abuso de poder gubernamental, como que sí hubo en ese caso.

—El Vicepresidente, abiertamente, parloteó de la crisis de la justicia ordinaria y sugirió urgentes cambios en esos tribunales, a pesar de que fue uno de los que, con fervor real o fingido, defendió la nominación de candidatos a los órganos supremos de justicia, hecha por el MAS y por la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como fundamentó la elección, en las urnas, de los jueces supremos, consulta en la que la mayoría de los electores no votó o lo hizo en contra de esos candidatos. Incluso ahora, sin mayor entusiasmo, se defiende esa elección de jueces supremos porque, se dijo, eso no ocurre en ninguna parte a la que, además, se la presenta como la más democrática del universo.

 Los antecedentes resumidos en este editorial esperamos ayuden a entender el comportamiento del ex fiscal Marcelo Soza al que, hace horas, el Presidente lo definió como delincuente confeso, confesión que, según nuestra lectura, no ocurrió.

El fiscal Soza fue el principal acusador, en nombre de la sociedad boliviana, en el proceso contra un grupo de ciudadanos por supuestos delitos de terrorismo. Pero uno de los acusados por ese supuesto delito, ante medios de difusión, afirmó que el proceso que le siguen no contempla el presumible delito de separatismo del departamento de Santa Cruz del Estado plurinacional de Bolivia. No obstante, el fiscal General Guerrero, ayer, otra vez señaló que a esos cruceños y bolivianos se los juzga, también, por separatismo.

Soza, asimismo, fue denunciado por haber, presumiblemente, extorsionado directamente y por intermedio de terceros, entre éstos su abogado Moisés Ponce de León, a varios de los inculpados por el caso terrorismo, operativos delictuosos que le habrían permitido obtener, ilegalmente, varios millones de dólares.

El abogado Soza asumió su defensa, aunque inicialmente se ocultó y ya entonces se habló del riesgo que fugue, lo que materializó hacia Brasil, por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. En consecuencia, por esa huida se entorpece otra vez ese proceso, que apenas fue iniciado y que se detiene porque los más urgente, dicen los expertos, es conseguir la extradición de la ex autoridad del Ministerio Público para que sea juzgado en Bolivia.

El abogado del ex fiscal Soza, Moisés Ponce de León, que purgó delitos en el penal de San Pedro de La Paz, por tanto con antecedentes por haber cometido delitos “comprobados” y purgados, ha sido apresado por orden de una jueza, luego de que se le negó su libertad pedida con una Acción de Libertad mediante (ex hábeas corpus) y se le sigue proceso, en Santa Cruz, en el cual se acogió al derecho del silencio, por lo que no declarará, ante lo que moros y cristianos protestan porque creen que el abogado Ponce de León conoce al dedillo las supuestas o reales fechorías de Soza.

Los opositores al gobierno y sobre todo los encausados por presunto terrorismo han pedido la conclusión y archivo de ese pleito apoyados en lo que, también supuestamente, ha dicho Soza en una carta difundida por medios, la que no será pedida oficialmente por un juez paceño que se negó a hacerlo.

En esa carta, también presumiblemente, el ex fiscal Soza asegura que varias de las pruebas, contra los acusados por terrorismo, han sido fraguadas (que son falsas), con las que los acusadores pretendían demostrar el terrorismo cometido por los procesados en Santa Cruz. Asimismo, en la misiva se sugiere que para ese proceso se han comprado testigos y que el atentado en la casa del Cardenal Terrazas (en Santa Cruz) no fue cometido por el “grupo armado” que encabezó Jorge Eduardo Rozsa Flores, lo que lleva a pensar que esa acción fue consumada más bien por agentes encubiertos del Estado y/o del gobierno.

Ahora se desarrolla cierto debate que busca establecer si el ex fiscal Soza huyó por temor a ser juzgado y condenado en Bolivia o que su salida fue un operativo inducido y/o impuesto por los gobernantes para que esa ex autoridad del Ministerio Público calle lo que sabe sobre lo que mal hicieron los gobernantes en ese caso también llamado Rozsa.

El cargo más grave que se deduce del texto de la carta de Soza es que Eduardo Rozsa y dos extranjeros, bajo su mando, fueron ejecutados en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, y que entonces no hubo enfrentamiento entre aquéllos y policías.

Nosotros sospechamos que, como resultado de un acuerdo o sin éste, los gobernantes están interesados en que acabe el proceso por terrorismo, con sentencia o no contra los supuestos culpables, lo que se nota cada vez más difícil.

Los candidatos a la tercera elección, en contra de la Constitución Política del Estado, Morales y García, requieren más electores y menos adversarios en Santa Cruz, para que su sueño de ganar los comicios de este año con el 74, y también en Santa Cruz, se haga realidad.

Lo dicho hasta aquí muestra la bancarrota de la justicia ordinaria de Bolivia, de la que tenemos que cuidarnos. Crisis que, a la vez, es del Estado plurinacional, es decir, del viejo Estado con muchísimos parches.

La Paz, 15 de marzo de 2014.

*Periodista