El Presidente quiere el camino de la discordia por medio del TIPNIS: pese a la consulta

Editorial

Suelto de cuerdo, luego de promulgar la llamada ley de la consulta previa, el Presidente ha dicho que no hay otra mejor alternativa que el camino de la discordia, Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS. El ejecutivo máximo de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), a pesar de que durante la VIII marcha indígena señaló que con los pobladores del bosque podían discutir siete alternativas, ahora asegura —así repite la arenga presidencial— que esa vía, en su tramo II, debe construirse por medio de la reserva natural y territorio indígena.

Se trata de una vieja y nueva campaña, la presidencial sobre todo, que busca "convencernos" (vencernos con argumentos) de que la carretera de la discordia sólo debe pasar por el corazón del TIPNIS o no debe existir tal vía.

El primer ciudadano boliviano, hace meses, mandó un mensaje que conocimos dentro y fuera del país: "Quieran o no quieran los indígenas" el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construirá de modo que divida en dos el TIPNIS. Agregó que éste no es virgen y que para protegerlo se tomarían medidas que prohíban asentamientos de terceros, que los intrusos serían sacados, y se dispuso la salida de sesenta de ellos. Las últimas semanas, así como antes, se ha vuelto a sugerir medidas insuficientes para la protección de la riqueza del Isiboro y el Sécure: cerco para que nadie penetre en él, prohibición de caminos de penetración (como pidieron por escrito los marchistas del Conisur), custodia de los militares en el parque para sentar, además, "presencia" del Estado. Amén de la reiteración machacona de que en aquel territorio y reserva operan los narcotraficantes, lo que se conoce desde 1990, precisamente, desde que los cocaleros burlaron la línea roja que debió ser el límite infranqueable entre la zona cocalera del Chapare y el TIPNIS. Asimismo, sólo merece mención la lisura dicha por el ex ministro de Obras Públicas: el camino por el TIPNIS es la mejor manera de protegerlo. Esa aberración, digna de incorporarse a una antología de la estupidez política, fue reiterada por un beniano con una ligereza a contrapelo de los años que lleva puesto y del ejercicio suyo en la política.

Sabemos que hay algo que E. Morales no puede resistir: que el pueblo tome las calles y especialmente los caminos de la patria, como sucedió con la VIII marcha indígena, para exigirle el respeto de sus derechos, el respeto a las normas constitucionales, nada más. Precisamente porque esa marcha, con un apoyo de veras gigantesco del pueblo boliviano y del paceño en especial, le impuso la Ley corta o Ley 180 de protección al TIPNIS que, en lo esencial, dispone que ninguna carretera debe construirse por medio de aquel bosque.

Reiteramos que una lectura cuidadosa de la ley de consulta previa (en realidad posterior porque el camino de la discordia está en construcción, mediante contrato, etc.), debe persuadirnos de que tácita o implícitamente deroga (anula parcialmente) la prohibición de cualquier vía a construirse por el corazón del TIPNIS.

Cuando los oficialistas dicen que la consulta es un derecho de los indígenas y que nadie debe oponerse a su ejercicio tienen que advertir que con ese instrumento buscan rectificar la aceptación a "regañadientes" de la Ley corta, como lo reconoció, ante redactores del diario Página Siete, el entonces ministro de la Presidencia, ahora de Gobierno: Carlos Romero.

La marcha del Conisur fue para Evo Morales, la consulta es también para él. Esa institución legal fue ignorada por el Vicepresidente y el que en ese momento era Presidente de la Cámara de Diputados que, entre otras cosas, es docente titular de Derecho Constitucional en la UMSA. La consulta —una ilusión— busca que los indígenas acepten la construcción del camino por el medio del TIPNIS o por otro lugar, añaden gobernantes en cierto tono conciliador. Lo que les importa, sin embargo, es que el "jefe" o "jefazo" no sea desdicho ni siquiera en parte.

Ahora sabemos, gracias a una fuente creíble, que el Presidente inicialmente no aceptó ni siquiera la consideración de un proyecto de ley de consulta previa (léase posterior). Él hizo suya la demanda de la gente del Conisur, mejor dicho, el mandatario fue el que sugirió, por canales a su disposición, que cocaleros e indígenas, que ya no viven en comunidad porque tienen tierras en propiedad individual, exijan la anulación de la Ley corta.

Pensamos que otra vez el Presidente utiliza mecanismos que le permitan lavarse las manos en cualquier momento: él propuso la abrogatoria de la Ley 180 y otra vez a "regañadientes" aceptó la sugerencia, especialmente de las presidentas de senadores y diputados (Montaño y Delgado). Si el resultado de la consulta fuera como quieren los oficialistas: camino por medio del TIPNIS, el Presidente será el que coseche los frutos de una presunta sabia política que asegura el ejercicio del derecho a la consulta por los indígenas involucrados. Uno de los caros objetivos de los gobernantes es mostrar infalible al Presidente, aunque se admite cada vez menos en el mundo político que sólo Dios y el Papa son infalibles, según la más conservadora creencia católica.

Nosotros tomamos en cuenta la soberbia, la sordera del Presidente. Y, a propósito de ésta, añadimos que si él se escuchara a sí mismo encabezara la defensa del TIPNIS, en vez de sugerirnos que vivamos en desarmonía con la pachamama. Constatamos, también, que "el olfato político bárbaro del Presidente" no basta para defender los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales.

Nosotros estamos en campaña y jamás lo negaremos: defendemos las conquistas de la VIII marcha indígena y al TIPNIS, como heredad que pertenece a los bolivianos, a los indígenas sobre todo.

Ante este última afirmación, reiteramos que el camino de la discordia, como quiere el Presidente, es para ampliar los cultivos de coca y la agricultura de los colonizadores, que de plurinacionales apenas tienen el nombre. El subimperialismo brasilero, es decir, las transnacionales que operan en el sexto gigante económico del mundo, son las que exigen esa vía para llegar más rápido con sus mercancías al océano Pacífico. Los otros interesados inmediatos en la carretera son los ganaderos del Beni, los madereros, los petroleros y tantos otros depredadores consuetudinarios.

La lucha por la tierra y por territorio es lo esencial de este momento boliviano. El TIPNIS nos une y nos separa en esa confrontación. Cocaleros, colonizadores y campesinos quieren más tierras en propiedad personal, incluso a costa de los bosques. Si exigieran más tierras de las que posee el Estado o de las que recupere luego de verificar la función económica y social de los latifundios, especialmente en Santa Cruz y en Beni, tendrían el apoyo del pueblo y el rechazo de los terratenientes.

Sin embargo, para entender mejor la política agraria del actual gobierno es necesario tener presente las acciones u omisiones sugeridas en la reunión plurinacional de Cochabamba. Allí se determinó cuarto intermedio en la constatación de la función económica y social de las tierras de los empresarios del agro, la suspensión temporal del saneamiento de tierras y el punto final a la constitución o reconstitución de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Esas tres medidas son el mejor servicio del gobierno a los empresarios del campo, éstos se moverán a sus anchas durante cinco años. Así Evo gobierna sin Constitución cuando se trata de sus socios.

Por ello, los bolivianos tenemos que leer correctamente el comportamiento del gobierno actual, para ello debemos descubrir cada día a qué clases y a qué grupos sociales benefician los gobernantes con cada acción desde el Palacio de Gobierno, desde los ministerios, desde la Asamblea Legislativa y desde los nuevos (y cuestionados) tribunales supremos de justicia.

Tenemos que redoblar la guardia: el pueblo con su lucha tiene que impedir que desde el Palacio Quemado gobiernen en su nombre, pero en contra de sus intereses.