Informe presidencial: autobombo y omisiones

Los festejos de los dos años del Estado plurinacional que contaron con poca gente (en Tiawanacu y en la plaza Murillo), incorporaron con un informe presidencial que destacó los buenos resultados, pero guardó silencio sobre los reveses de la gestión y no planteó líneas de lo que es necesario realizar el 2012, salvo algunas directivas que son insuficientes.

Ni fue uniforme ni fue precisa la referencia sobre el Estado plurinacional, aunque se conoció una precisión: voceros oficiosos del gobierno dijeron que ese Estado está en construcción. Para nosotros, aquí no existe una revolución ni democrática ni cultural sino reformas, pero existe una propuesta de ese Estado al que se pretende edificar sin haber destruido la vieja maquinaria burocrática y militar. Además, con las antiguas fuerzas represivas intactas y con la burocracia cambiada a medias no es posible, en la práctica, contar con uno nuevo.

Sin embargo, con la Constitución Política (CPE) y la legalidad que se aprueba como despliegue de aquélla, se han dado pasos de gigante en una reforma jurídica y política en la que acaso se inspira un autobombo presidencial desmedido porque el Presidente debió asumir un comportamiento autocrítico y admitir que desde el Estado plurinacional "naciente", se violó a la CPE, especialmente en la parte referida a los derechos de los bolivianos y de quienes moran en Bolivia. Basta decir, como señaló un periodista, que más de 20 artículos de la Carta Magna se dejaron de aplicar y/o se violentaron, de los pueblos indígenas y de los bolivianos, durante y después de la VIII marcha de los originarios que consiguió la protección legal del TIPNIS.

Las cifras entregadas por el Presidente sobre la economía del país, además de abundantes, se pueden celebrar. Sin embargo, un estadista cuando es más que intuitivo, tiene que alertar que le va bien a nuestra economía básicamente porque los ingresos que se anotan son el resultado del precio favorable de las materias primas en el mercado internacional. Si esas materias primas se exportaran transformadas los ingresos fueran mayores. Por ello, economistas de distinta orientación ideológica advierten que aquella bonanza corre el riesgo de mermar e incluso acabar si la crisis mundial del capitalismo, en el mundo, continúa por el cauce actual. Otro silencio presidencial es preocupante porque nada ofreció, al menos que tranquilice, como medidas de política económica destinadas a incrementar la producción en el sector estatal. Y sobre la industrialización del gas, a más de estar demorada, ciertas plantas serían instaladas en lugares en los que se carece de agua, lo que es una grave falla, de acuerdo a expertos.

Empresas del Estado, como BOA (de aviación civil), registran ganancias lo que se puede aplaudir, pero lo que no tiene que perderse de vista es que se trata de una compañía que vende servicios y no bienes materiales que tanta falta nos hacen. La Empresa Minera Huanuni y la beneficiadora estatal de castaña, generan utilidades, lo que aporta a un haber representativo. Y Entel arroja ingresos destacables, aunque sus inversiones no son las que se esperaban. Otras empresas del Estado, organizadas estos últimos años, ni siquiera funcionan bien o funcionan mal, lo genera un saldo negativo que también se omitió en el discurso presidencial.

El mutis presidencial sobre las ganancias dobles y triples de los empresarios, banqueros en particular, fue notorio para los que estuvieron atentos, aunque es cierto que en otro escenario distinto al Palacio Legislativo, el Presidente dijo una vez que no había que ir lejos para que el Estado plurinacional se preste dinero y que éste se debía solicitar a la banca criolla.

El Presidente defendió como el que más los bonos y aseguró que habrá dinero para pagarlos. Bonos que son los mecanismos para redistribuir la riqueza que producimos los bolivianos. Nada dijo el primer mandatario sobre la necesidad de cambiar radicalmente las formas de producir bienes y servicios en Bolivia. En el anterior Estado la manera predominante de producción fue y sigue siendo la capitalista, dependiente y atrasada. Economistas, nada afectos políticamente al gobierno, señalan que falta emprender una reconversión productiva, pero que no hay señales de que se lo llevará a cabo ni pronto ni después.

En Bolivia se articulan nuevas relaciones sociales, es decir, surgen los cimientos parciales de una nueva sociedad. Es la llamada inclusión social e indígena. No obstante, esa inclusión es una realización inconclusa y que está muy lejos de consolidarse, aunque con un optimismo desmesurado el Presidente ha dicho en Tiawanacu que el proceso de cambios en Bolivia es irreversible, que no tiene vuelta. Sin embargo, son varias las revoluciones verdaderas en distintos lugares del mundo que habían sido reversibles incluso después de más de 50 años de cambios revolucionarios.

Una revolución cultural sólo es posible si se asienta en una base material transformada con radicalidad. Como en nuestro entender aquí hay reformas, similar alcance tendrán las culturas asentadas en Bolivia. Una revolución cultural no existe si sólo se la proclama, como ahora sucede entre nosotros.

Ninguna mirada presidencial a la violación de los derechos humanos que se suma a los deméritos evidentes de la gestión gubernamental, a pesar de que indudablemente existieron, antes más que ahora, condiciones para la promoción, difusión y realización de esos derechos. En esta materia es necesario decir, asimismo, que algunos derechos constitucionales serán realizados en la medida en la que se cambie esencialmente la economía, como es el derecho a la alimentación. Pero para la realización de los derechos de última generación (especialmente los políticos), no se requieren más leyes porque la legalidad existente es suficiente.

Consideramos que el Presidente estropeó su discurso cuando aseguró que los indígenas del TIPNIS y de las tierras bajas pretendieron echarlo del gobierno. La respuesta del líder máximo de los indígenas de la reserva natural y territorio indígena fue que el Presidente miente.

Si el Presidente está convencido de que la VIII marcha indígena buscaba derribarlo, su gobierno debió impedir que aquélla llegue a La Paz. Los golpistas debieron ser aplastados sin piedad. Y de los propósitos reales, según el Presidente, de esa marcha se debió informar a la gente, dentro y fuera del país. Así se puede explicar el porqué el gobierno bloqueó y reprimió aquella marcha.

Algunos le deben creer al Presidente cuando avisa que los marchistas por el TIPNIS no pudieron sacarlo del Palacio Quemado. Pero nos parece que la mayoría de los bolivianos nos negamos a tomar como cierta esa afirmación presidencial

El cargo presidencial contra los marchistas que consiguieron la llamada Ley corta adquiere mayor gravedad en este momento en el que otros indígena, que en una mayoría ya no viven en comunidad y son cocaleros que invadieron la reserva natural y territorio indígena, están cerca de la sede de gobierno y agitan sobre todo una demanda: la construcción del camino de la discordia de modo que parta en dos el TIPNIS.

Si el Presidente atendiera la demanda de los que él considera los "verdadero indígenas", la respuesta de los protagonistas de la VIII marcha sería la IX marcha en defensa del TIPNIS y de la democracia y no sólo de ellos sino de la gente del pueblo que asuma ese programa mínimo.

Los gobernantes y especialmente el Presidente tienen que advertir que si modifican la Ley corta desatarían fuerzas que podrían ser incontenibles: una unidad amplia en extensión y profundidad, una organización que se fortalecería durante la caminata y que aprendería de ella. Una acción que recibiría la solidaridad sobre todo de los empobrecidos.

Presidente: todavía está a tiempo de ayudar a que se evite enfrentamientos entre los empobrecidos. Queremos constatar que es cierto que quiere que los indígenas del TIPNIS dialoguen y entre ellos encuentren una salida a un conflicto que usted lo reaviva.