El gobierno decidió impedir que la marcha llegue a La Paz

El Presidente y el gobierno decidieron impedir que la VIII marcha de los indígenas de las tierras bajas llegue a La Paz. El bloqueo de los colonizadores en Yucumo y el cerco policial son la demostración inequívoca de la decisión política adoptada.

Para el gobierno fue imposible evitar que empiece la marcha, sobre todo porque los ministros destinados a dialogar con los líderes indígenas, con distintas palabras y en tonos diversos, señalaban que la construcción del camino que pretendía partir en dos el TIPNIS ya fue decidida por el Presidente. Esa afirmación era comprobada porque la vía en sus tramos I y III se ejecutaban y se ejecutan en este momento. Incluso indígenas de la reserva y del territorio indígena informan, ahora, que pobladores del TIPNIS, al servicio del gobierno y de los cocaleros, se proponen abrir el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (tramo II) con herramientas, al viejo estilo de la prestación vial, cuando se construían caminos a “pico y pala”.

Los gobernantes subestimaron a los indígenas, creyeron que la marcha ni siquiera empezaría. Además la caminata tuvo que vencer enormes dificultades y contradicciones: sabemos que días antes se discutía incluso su postergación sin fecha.

Luego que empezó la marcha, infiltrada por agentes del gobierno desde el comienzo hasta San Miguel de Chaparina (Yucumo-Beni), los gobernantes emprendieron una campaña para desacreditarla. Sobre todo afirmaron que la Embajada de Estado Unidos, la derecha y los comités cívicos del Beni y Santa Cruz respaldaron la caminata. Que aquélla, antes que una medida reivindicativa, era una acción política para desestabilizar al gobierno. En verdad no hay accionar que no sea político cuando, como en el caso de los pueblos indígenas, se enfrentan al gobierno y al Estado.

De manera especial preocupó y preocupa a los gobernantes que sean pueblos indígenas (y sus dirigentes) los que se alcen contra el gobierno, lo que de hecho aleja a esos contingentes sociales del llamado pacto de unidad en el que se agrupan campesinos/as, colonizadores/as e indígenas (hombres y mujeres). En este momento mucho menos que antes.

Las demandas de los colonizadores, con el bloqueo en Yucumo, ayudaron a entender que Evo Morales decidió jugarse por los pequeños propietarios del campo y, en particular, por los cocaleros a los que, según uno de ellos que declaró a los medios, les prometió tierras en el TIPNIS, como parte de su campaña electoral. Ese dato no ha sido desmentido por el Presidente hasta este momento. Además, lo que dice y hace convencen de que él defiende los intereses de los colonizadores y de los cocaleros, antes que los intereses de los indígenas de las tierras bajas. Esto último está fuera de toda duda, sólo que hay cierta discreción de los gobernantes en esa materia.

Vale un recordatorio: Los colonizadores, con su bloqueo en Yucumo, apoyaban “incondicionalmente” la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, así como exigían que los marchistas retiren de su petitorio los siguientes puntos: “2) Parque Aguaragüe, 3) tierra y territorio, 4) Cambio climático fondo Verde RED, 5) Desarrollo Normativo y Derecho de Consulta, 6) Desarrollo Productivo FDPPIOYCC. Porque los recursos estratégicos corresponden a todos los Bolivianos, donde las Organizaciones Sociales deberían discutir estos puntos por ser de Interés Nacional”. Es decir, exigían que una parte de lo esencial de la demanda indígena sea retirada de la plataforma de la marcha.

El dirigente Huasco, de Yucumo, quizá con más claridad que otros, en varias ocasiones, reclamó más tierra para los colonizadores y sus hijos a costa de las reservas naturales y de los territorios indígenas, en particular del TIPNIS. Después de la represión a la marcha ese dirigente colonizador hizo una rectificación, anotó que las tierras a las que aspiran deben ser las que rescate el Estado luego del saneamiento.

Si la marcha era una acción política que conspiraba contra el gobierno, de acuerdo a éste, a sus voceros y a los que escribieron de acuerdo a la línea de los gobernantes, sólo se esperaba el momento de la represión a la medida porque había sido bloqueada por colonizadores y policías. Asimismo, los colonizadores nunca ocultaron que impedirían el paso de la marcha indígena. Incluso uno de ellos, que en ocasión de los hechos sangrientos de Caranavi estuvo alineado con las víctimas (¿o entonces era un infiltrado allí?), amenazó con “reventar” a los que se atrevan a sumarse a la marcha o que gestionen el paso de aquélla por Yucumo.

Con certeza que los bloqueadores en Yucumo obedecieron los mandados de los gobernantes. El bloqueo no fue una iniciativa de ellos. Éstos con el bloqueo creían que defendían sus intereses, legales y legítimos, y al mismo tiempo a los cambios bolivianos y al gobierno, amenazados por el imperio y la derecha, para lo que utilizaban a los marchistas.

Con todos esos antecedentes, incluso en “defensa propia”, el Ministro de Gobierno instruyó a la Policía la elaboración del plan represivo, el que estuvo listo 18 días antes del día fatídico.

La decisión política del gobierno —impedir que la VIII marcha indígena llegue a la sede de gobierno— la confirmaron, por medios de difusión, el Ministro de Trabajo y el entonces viceministro Wilfredo Chávez. Éste, para el programa “Anoticiando” de ATB, respondió que la Ministra de Defensa ejerció un derecho al renunciar, pero que él lamentaba que no lo hubiera hecho cuando el gobierno decidió medidas respecto de la caminata. No dijo, obviamente, qué medidas, pero se las supone fundadamente. El Ministro de Trabajo, para otro medio, dijo algo equivalente.

Algunos de los que intentaron defender y/o propagar la “gestión” del gobierno respecto de la marcha, concebida como un conflicto, han condenado la represión. Esa postura tiene mucho de falsa o al menos revela una autocrítica nada creíble porque si la acción policial, por encargo de los gobernantes, hubiera sido exitosa, es decir, si conseguía acabar con la caminata, lo más probable es que esos “condenadores” de la represión se hubieran callado en siete idiomas. Sin embargo, la gente honesta que cumplió esa labor, porque con ella creían que defendían los cambios y al gobierno, probablemente tengan algún cargo de conciencia. Les entendemos, pero no encontramos justificativos suficientes como enmienda de sus ligerezas.

Una investigación, reiteramos en este espacio, tiene que ser para descubrir, jamás para lo contrario, para encubrir.

Estas últimas semanas desde distintos flancos, los gobernantes tratan de encubrir todo cuanto les sea posible de la brutalidad policial como si ésta hubiera sido un simple error o como si fuera posible el uso medido de la fuerza. La represión, les recordamos a los que se hacen los desentendidos, es para paralizar, desunir, desorganizar, desanimar, acobardar a los reprimidos y a los que les apoyan. La fuerza bruta en San Miguel de Chaparina fue para acabar con la marcha indígena, pero allí vencieron los postergados durante siglos y con ellos lo mejor del pueblo boliviano.

Y sobre el que dio la orden para la represión inhumana (como son todas las represiones por cuenta de policías formados para eso), compartimos lo que dice el pueblo por sus vías invencibles: el Presidente dio la orden. Asimismo, suscribimos el pronunciamiento, en términos similares, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, encabezada por la ex monja, María Amparo Carvajal Baños, que como labor pastoral visitaba a los presos políticos de las dictaduras (de Banzer y de García Meza, los años 70 y 80), así como al entonces preso político Álvaro García Linera. Es decir, que Evo Morales dio la orden para la represión a los marchistas o que cuando menos el inquilino del Palacio Quemado conoció de la decisión de su Ministro de Gobierno. Lo último, sin embargo, es nada convincente.

Lo decimos sin odio: valdría mucho aunque tarde pero todavía a tiempo que el Presidente nos avise que él ordenó la represión a los marchistas, así el perdón reiterado que pidió a los indígenas, creemos, le sería aceptado por sus víctimas, así sucedería una autocrítica esperanzadora.

Presidente: no pierda la oportunidad de reconciliarse con una parte importantísima, quizá mayoritaria de su pueblo, de nuestro pueblo. Asuma el coraje de autocriticarse.