El de la UE dice que bastan 8.000 hectáreas de coca para el uso tradicional, del gobierno que 14.700 hectáreas de esa hoja sirven para consumo ancestral

editorial

Dos informes sobre el consumo de la coca:

Voceros progubernamentales, como parlamentarios, acaban de afirmar que el informe que entregó el Presidente a los dirigentes de los productores de coca, el martes 12 de esta semana en el Palacio de Gobierno, fue realizado por organismos del Estado y del gobierno, como el Consejo Nacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). Es decir, al revés de lo que se esperaba, allí y ese día no fue presentado el informe sobre la materia que se llevó a cabo con apoyo de la Unidad Europea (UE), estudio que empezó en 2007 y concluyó en 2010.

Nosotros decimos que el presidente Morales suplantó el informe, llamado de la UE o realizado con apoyo económico de ésta con el que, según las fuentes citadas, fue realizado por funcionarios del gobierno.

Nosotros hemos recogido algunos datos del informe de la Unión Europea (simplificamos así su nombre para facilitar la información) por lo que sostenemos que ese estudio establece que son necesarias no más de 8.000 hectáreas de cultivos de coca para abastecer la demanda tradicional, es decir, acullico, rituales (ch’allas), medicina (mates, baños y otros), etc.

Ese dato y otros, al parecer, fueron observados ocho veces si es verdad lo que dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, quien aseguró que fueron entregados, anteriormente, ocho informes sobre la coca.

El Vicepresidente, con aires del que pone luz para acabar con la oscuridad, dijo que al informe sobre la denominada “hoja sagrada” (sin especificar cuál) sólo le faltaba normas que serían incorporadas en horas más y que luego sería transmitido a los bolivianos.

Las últimas horas, la Ministra de Comunicación dijo que en el informe de marras hay contradicciones debidas a la insuficiente investigación y que de eso deben responder los que hicieron el informe sobre la coca boliviana. Esa Ministra debe aclarar, sin embargo, a qué informe se refirió: al de la UE o el de los gobernantes.

El Gobernador de Cochabamba, suelto de cuerpo y como si hablara para ignorantes, señaló que sólo una pequeña parte de la coca del Chapare se “desvía” para producir cocaína. Ese funcionario abroga la realidad de los cocales del trópico cochabambino y se queda con su razonamiento inaceptable para la gente sensata. 

Si se requieren 8.000 hectáreas de coca para el uso tradicional —de las 20.000 existentes—, las otras 12.000 hectáreas de coca, es decir, la mayor parte de ésta se destina a la producción de cocaína, esa es una elocuente conclusión. Y el 95 por ciento de la coca del Chapare es materia prima de aquella droga (nefasta y cara) porque se admite, de manera generalizada y con las naturales excepciones, que en el Chapare y en Bolivia se utiliza para el acullico la de los Yungas de La Paz y, en segundo lugar, la de los Yungas de Vandiola de Cochabamba. Sin embargo, de acuerdo a datos entregados por dirigentes de Vandiola este último lugar no es considerado como productor tradicional de coca en ninguno de los proyectos de ley sobre ese arbusto y su uso, y que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El informe del gobierno sobre el consumo de la coca que comentamos tiene como uno de sus filos principales encubrir la realidad y, por tanto, se trata de un documento que genera muchas dudas. Los dos informes que nos ocupan y preocupan, así como los aludidos por el Ministro de Gobierno son costosos, dinero que algún momento tendremos que pagarlo los bolivianos.

Nos explicamos: ese informe gubernamental, respecto del realizado con apoyo de la UE, considera que para el empleo ancestral de la coca se necesitan 6.700 hectáreas más que las 8.000 hectáreas de coca, es decir, 14.700 (8.000 más 6.700 igual 14.700). De acuerdo a ese informe de los gobernantes, sumadas las otras 6.300 se llega a las 20.000 hectáreas de coca, cantidad que reivindican especialmente los cocaleros del Chapare, como la producción de ese recurso natural que necesitamos en Bolivia. Alguno de los voceros de los cocaleros chapareños ha dicho que, posiblemente, se requiera más que esas 20.000 hectáreas porque aumentaría la industrialización de la hoja verde e incluso crecería el volumen para la exportación. (A propósito de ésta, un estudio de docentes y estudiantes de la carrera de Sociología de la UMSA estableció que varios años se vendió, sobre todo para el norte argentino, coca por un valor de 12 millones de dólares cada año. A Estados Unidos, el 2003, de exportó coca por 60 mil dólares, según el director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE).  El Monitoreo de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que las 25.300 hectáreas de coca generaron, en 2012, para los cocaleros y comercializadores de coca 332 millones de dólares, por lo que no pagan impuestos, añadimos[1].

Con esos datos, fácilmente se podría llegar a la conclusión de que en vano existen esos estudios: los ocho según el Ministro de Gobierno y los dos últimos a los que nos referimos en esta nota. Asimismo, el funcionario gubernamental ha dicho más de una vez que el informe de ellos (de los gobernantes) no es de cumplimiento obligatorio (no es vinculante), por similares consideraciones tampoco son vinculantes los de la UE y de la ONU.

Ante lo dicho y lo decidido por los gobernantes, la declaración del senador Salazar, que tiene mandato de los cocaleros del Chapare, se la tendría que tomar como evidente: el Senador, que también es cocalero, dijo que una futura ley sobre aquel arbusto debe disponer que en Bolivia tiene que producirse coca en las 20.000 hectáreas (ya existentes).

Esa afirmación del senador Salazar fue corroborada por el Ministro de Gobierno cuando éste dijo que no serán menos de 6.000 ni más de 20.000 las hectáreas con plantaciones de coca, estipuladas en el informe gubernamental.

El principal dirigente de los cocaleros de los Yungas paceños, además de asegurar que esa es la región en la que tradicionalmente se planta coca, añadió que la producción de allí se registra en los puestos de control porque la circulación de ese producto es legal y, por tanto, la coca que proviene de los Yungas de La Paz es la única legal porque alcanza la cifra contemplada en el informe de los gobernantes: 14.700 hectáreas.

Los cocaleros, del Chapare en especial, están convencidos de que ellos en un ampliado decidirán cuánto de coca deben plantar. Anticipadamente sabemos que serán cuando menos 20.000 hectáreas o más, en ningún caso menos, reiteramos.

El criterio yanqui en sentido de que se deben erradicar todos los cocales bolivianos (coca 0 decían y dicen), es rechazable y lo rechazamos desde hace décadas porque los bolivianos tenemos una coincidencia fundamental: a la coca la defendemos como recurso natural: como medicamento, ritual y alimento. Por ello, decimos que los cultivos excedentarios de coca no deben existir.

Militantes de izquierda levantaron y agitan todavía la bandera de libre plantación de coca en nuestro país y agregan que a Estados Unidos se lo debe inundar con cocaína. Sabemos que personas que apoyaron esa propuesta, ahora la revisan y si la siguen apoyando lo hacen sin entusiasmo.

Además, los bolivianos en materia de consumo legal de ciertas drogas ahora prohibidas, estamos a distancia de Uruguay que cuenta ahora con una ley que autoriza y reglamenta el consumo de mariguana y, Puerto Rico, ocupado y colonizado por Estados Unidos, también acaba de aprobar el uso legal de mariguana.

Consideramos ineludible informar, comunicar, opinar e interpretar de y sobre la coca porque los gobernantes y, en especial el Presidente, hasta donde advertimos, favorecerán de hecho todo cuando puedan a los cocaleros, aunque erradiquen cocales de los más indefensos, como los de Miraflores y Copacabana, alrededores de Apolo.

Evo Morales, en su primer mandato, en una concentración de cocaleros en Chulumani (Yungas paceños), les dijo a sus dirigidos: ustedes tienen que racionalizar sus cultivos de coca, ustedes deben decidir cuáles cocales deben mantener y cuáles deben erradicar. Entonces, nosotros creímos que esa instructiva presidencial sería ejecutada por los cocaleros, vigilados por los gobernantes, pero la práctica nos demostró que esa propuesta se quedó en simples palabras.

Al poco tiempo de esa concentración supimos que en el Chapare hay familias que tienen hasta 6 catos de coca inscritos en nombre de esposos, suegros, tíos, hijos y otros familiares. Allí los operativos de plantar y de erradicar coca excedentaria son interminables.

Una coincidencia entre cocaleros y narcotraficantes es evidente: unos y otros quieren 20.000 hectáreas de coca o más en Bolivia. Así, la mayor parte de esa producción servirá para la elaboración ilegal de cocaína.

Evo Morales está en una encrucijada que podría remontar: son muchos los votos que le aseguran los cocaleros a los que dirige y él quiere urnas que reciban votos que sumen el 74 por ciento de los electores. Pero en este caso no es seguro ocurra.

Asimismo, es indudable que la mayor parte de la producción de coca en Bolivia se destina a la elaboración de cocaína.