Desde el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA demandamos la libertad inmediata del periodista, Carlos Ángel Quisbert Fernández, ilegal e indebidamente detenido y procesado por orden de una jueza y de un fiscal.
El periodista de El Diario de la sede de gobierno realizaba una investigación periodística y por ello visitó a una detenida de la cárcel de Calahuma, para informar la verdad sobre el caso del niño Alexander, de cuya muerte pasaron cinco meses y las pesquisas de la justicia y del Ministerio Público nada concreto aportaron hasta este momento.
En horas se practicó la detención, sin mandamiento, de Carlos Quisbert y le impusieron otras medidas irregulares como la incomunicación, no se le asignó abogado de la Defensoría Pública, las convirtieron en “pruebas” a dos notas personales que evidencian la investigación y se le negó su condición de periodista, así como se ignoró su domicilio en esta ciudad. Y se lo culpa, sin pruebas, por presunta “obstrucción de la justicia”.
Además, esos dos organismos estatales sólo emplearon horas para realizar una audiencia de medidas cautelares, sin asistencia de abogado que defienda al periodista Quisbert. En esa audiencia se dispuso la detención preventiva suya porque la jueza Lorena Camacho y el fiscal Rudy Terrazas dicen haber encontrado “elementos de convicción” para hacerlo.
Estos datos demuestran ejercicio abusivo del poder de miembros de instituciones del Estado y, también, evidencian la crisis de la justicia y del Ministerio Público de nuestro país.
Contra Carlos Quisbert, instauraron un proceso indebido e ilegal que viola la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos Humanos de 1969, que es Ley de Bolivia desde 1993.
De acuerdo a estas normas, un periodista tiene derecho a investigar, así como lo hacía Carlos Quisbert. Es decir, a recoger la información conocida y a descubrir los datos desconocidos sobre la muerte del niño Alexander.
Con la detención de Carlos Quisbert y el proceso indebido en su contra se busca intimidar a los comunicadores y a los periodistas; con ello, instancias del poder estatal tratan de conseguir que estos profesionales se autocensuren: que dejen de buscar la verdad para difundirla, como servicio ineludible a la sociedad.
Las organizaciones profesionales, sindicales y académicas de los trabajadores de los medios de difusión, y la Carrera de Comunicación de la UMSA, integrante de la Facultad de Ciencias Sociales, deben investigar el porqué de la detención ilegal del periodista Quisbert Fernández y las sinrazones del proceso indebido en su contra.
Asimismo, celebramos que los periodistas bolivianos defiendan el derecho a recoger información y el derecho a difundirla. Se trata de la defensa y ejercicio de los derechos, individuales y colectivos, a informar, comunicar, opinar e interpretar, reconocidos por la CPE.
Para Luis Espinal, cura mártir, el periodista debe ser “vigía del pueblo”.
La Paz, 11 de marzo de 2015.
Lic. Esp. Gabriela Sotomayor