derechos humanos
Este 7 de mayo de 2014 se cumplen cuatro años del asesinato de los estudiantes David Callisaya y Fidel Hernany que cayeron alcanzados por balas de los aparatos represivos del Estado en la ciudad de Caranavi. La APDHLP ha sido testiga a la vez de cuatro años de impunidad en los tribunales de justicia, donde se ha iniciado investigación contra cuatro oficiales de la Policía Boliviana por el delito de incumplimiento de deberes.
Las muertes de los dos estudiantes en Caranavi no han merecido un proceso desde la Fiscalía de Distrito, ahora a cargo de José Ángel Ponce Rivas, porque no se ha abierto una causa por el asesinato u homicidio de ambos jóvenes, como si los muertos de los sectores populares no contaran como para invertir tiempo y presupuesto para identificar a los autores.
La impunidad y el encubrimiento desde el Ministerio Público, los juzgados y el propio Órgano Ejecutivo han evitado la identificación de los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes. El Ministro de Gobierno de entonces Sacha Llorenti se ha zafado del caso a partir de su nombramiento como embajador ante la ONU, y luego de echar barro sobre los campesinos a quienes tempranamente acusó de estar vinculados a un grupo político armado. Las infamias de este calibre nunca son investigadas en este gobierno, sólo se lanzan para generar duda en la opinión pública y para aplicar el garrote sin la reacción popular que merecerían estos abusos de poder.
Así, de la manera más ruin y desde instancias estatales, fueron difamados los abogados de la APDHLP, Claudia Lecoña y Jorge Quiroz, quienes, además de ser mellados en su dignidad de personas, fueron (y son) sometidos a una persecución policial y penal para atemorizarlos en su trabajo de representación de las víctimas. Las tácticas represivas, sin embargo, no han logrado su objetivo y los abogados voluntarios de la APDHLP continúan luchando porque este proceso no se cierre sin identificar a los responsables de esa represión con la que se expresó un odio contenido contra un pueblo movilizado.
A cuatro años de esas muertes, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) denuncia ante el pueblo boliviano la impunidad y la injusticia que cae sobre el caso Caranavi, al no identificar, procesar y sancionar, desde el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia, a los responsables materiales e intelectuales de las muertes de los dos jóvenes estudiantes. El caso Caranavi está en riesgo de diluirse en la persecución a unos cuantos jefes policiales casi por gestiones administrativas, cuyo papel es ocultar las verdaderas responsabilidades penales de ex autoridades y funcionarios policiales.
La APDHLP manifiesta su firme decisión de continuar en busca de justicia por respeto a las familias de las víctimas, y con el objetivo de que en el presente y en el futuro democrático del país la protesta social no sea merecedora solamente de una respuesta de balas letales disparadas a quemarropa.
La Paz, 8 d mayo de 2014
Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz
María Amparo Carvajal Baños
Presidenta