Gobernantes violan derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar

derechos humanos

Los derechos, individuales y colectivos, a informar, comunicar, opinar e interpretar, establecidos por la Constitución Política del Estado boliviano y que los periodistas ayudaron a elaborar, son violados desde el gobierno y desde el Estado, ante lo que manifestamos nuestra profunda preocupación los integrantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP).

Los últimos días, lo que constituye un precedente inaceptable para los trabajadores de los medios de difusión, el Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, ha presentado una denuncia y ha pedido proceso criminal, ante un juez sin competencia para ello, contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont, por los presuntos delitos de espionaje y de divulgación de secretos del Estado boliviano.

Ese funcionario público apoya su denuncia y demanda en la Ley de Imprenta de 1925, constitucionalizada por la nueva CPE, así como en el Código Penal, el que es una copia mal hecha del Código Penal italiano de tiempos del fascista Mussolini, como han constatado e informado estudiosos del derecho en Bolivia.

La Ley de Imprenta dispone que cuando un funcionario público se siente afectado por una falta de imprenta debe recurrir a un Tribunal de Imprenta para que ese organismo conozca y procese al o a los presuntos responsables de la comisión de una falta de imprenta.

En el caso que nos ocupa y preocupa, aquel servidor público inventa el presunto espionaje y la también presunta difusión de secretos de Estado del periodista Aguilar Agramont. Sin embargo, para esta Asamblea, lo que hizo este trabajador de la prensa tiene respaldo del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —que es Ley de Bolivia desde el 11 de febrero de 1993— que dispone en su primer párrafo:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de suelección.”

Para la APDHLP el periodista Aguilar Agramont ha hecho —y bien ha hecho— lo que señala esta norma que las autoridades judiciales y el Ministerio Público deben respetar y aplicar.

Y el acopio de información fue realizado por el periodista Aguilar, ahora denunciado por un funcionario del gobierno y del Estado boliviano, sin utilizar ningún procedimiento reñido, por ejemplo, con el Código de Ética de los periodistas bolivianos.

Y la fuente o las fuentes no deben ser divulgadas por el periodista Aguilar Agramont, aunque existe una monstruosa orden judicial para que viole la Ley de Imprenta y la convención que estableció con su o sus fuentes. Además, según el artículo 9 de esta Ley de Imprenta, el juez debió emplazar a la editora y/o editor (Directora de La Razón y/o al editor del suplemento de este diario, Animal Político) para que revelen a la o las fuentes, y no al periodista Aguilar Agramont. Sin embargo, hubo cuando menos dos directores de medios de difusión bolivianos que dijeron, en otro momento, que antes que delatar a una fuente o el nombre de un redactor preferían ir a la cárcel.

Nosotros advertimos que no cabe la delación de la o de las fuentes que al parecer es lo que más preocupa a los gobernantes. Éstos tendrían que emprender una investigación, creemos, que les ayude a descubrir a los presuntos espías que, como ellos sugieren, estarían en sus filas. No obstante, afirmamos que los platos que rompieron otros, no le deben obligar a que pague el periodista Aguilar Agramont.

La APDHLP apoya a quienes proponen que si los gobernantes creen que el periodista Aguilar Agramont cometió alguna falta de imprenta deben plantear que sea un Tribunal de Imprenta el que le siga un proceso.

Sin embargo, el Procurador General del Estado ha dicho para los medios que no “retrocederá” y que, por tanto, buscará que el periodista Aguilar Agramont sea declarado culpable de espionaje y de divulgación de secretos de Estado. Y antes de eso (esperamos que el pueblo haga todo a su alcance para que eso no ocurra), aquel funcionario Público quiere nombres de la o de las fuentes de Aguilar Agramont.

Confiamos en que el pueblo boliviano defienda los derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar que, afirmamos, esta vez los viola el Procurador General del Estado, comportamiento que compromete a los gobernantes y, especialmente, al Presidente.

Esperamos que la Directora de La Razón, a la que aquel funcionario de Estado la considera cómplice del periodista Aguilar Agramont, junto con los periodistas de ese diario y con los del país, apoyados por el pueblo boliviano, defiendan sus derechos vulnerados y exijan que sean restablecidos.

La APDHLP, con los periodistas de La Razón y de Bolivia (incluida la gente del pueblo cuyos derechos constata que son avasallados), participará de las acciones en defensa de la libertad de pensamiento y de expresión de los periodistas y de los bolivianos.

Confiamos en que cerraremos el paso a los autoritarios que violan los derechos humanos en nuestro país, en un momento en que creímos (y nos equivocamos) que se respetarían, se difundirían y se promocionarían aquellos derechos. 

Junto a nuestros abrazos fraternales a los periodistas, en su día, les aseguramos que tendrán a la APDHLP como una aliada invariable en este tiempo en el que tenemos que ejercer y defender los derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar, los que son de todos los bolivianos y de los periodistas.

La Paz, 10 de mayo de 2014.

Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz

María Amparo Carvajal Baños

Presidenta