La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) denuncia la conformación de una entidad pro gubernamental, al margen de su vida orgánica e histórica, que pretende arrogarse la representatividad de la comunidad de defensores de los derechos humanos. El grupo gubernamental, que tiene como asesores a Teresa Zubieta, Víctor Vacaflores y Sonia Brito, se reunió el pasado 8 de febrero en un supuesto “congreso de unidad”, con el respaldo del gobierno en sus lineamientos políticos y su logística material.
El grupo gubernamental ha hipotecado públicamente su independencia ante el gobierno de Evo Morales, en una posición diametralmente opuesta a los principios de la APDH que tiene un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de la violación de esos derechos por parte del Estado y sus circunstanciales administradores. El estilo de trabajo de la APDH se sustenta en el voluntariado de sus militantes y en su independencia, nunca en el apoyo de un partido político, ni en una administración gubernamental, menos en la contratación de personal o apoyo de funcionarios públicos como está sucediendo con el grupo gubernamental.
Si bien todas las personas tienen derecho a una militancia política, en los 38 años de existencia de la Asamblea ningún gobierno había intentado subordinarla a sus intereses utilizando no sólo los aparatos represivos del Estado, sino también constituyendo grupos dependientes del Ministerio de Gobierno, con la etiqueta de organizaciones sociales, para entrometerse y desbaratar la lucha por los derechos humanos.
El grupo gubernamental ha ocupado por la fuerza parte de las oficinas de la “Casa de los Derechos Humanos”, con apoyo policial, ha usurpado los símbolos de la Asamblea y utiliza los membretados ilegal e ilegítimamente para generar confusión en la población y lograr su objetivo de tomar la APDH-Bolivia. Sus acciones provocadoras pretenden impulsarnos a una reacción violenta que no van a lograr por respeto al espíritu de nuestra militancia.
El conflicto que atraviesa la APDHLP, provocado hace cuatro años por Vacaflores-Brito-Zubieta, está en directa relación con la denuncia de graves hechos de violación a los derechos humanos: caso Caranavi en el año 2010, donde fallecieron dos personas y muchas fueron heridas; caso Cantoral con la expulsión de refugiados sin derecho a defensa; caso Chaparina con la represión a mujeres, niños y niñas indígenas; y caso Apolo con la represión y persecución política a campesinos pobres. El grupo gubernamental se negó a denunciar esa violación de derechos y más bien trató de encubrirlos.
La tarea de la APDHLP es luchar por la vigencia de los derechos humanos, denunciar su vulneración y convocar a los entes estatales a cumplirlos y respetarlos. Sí, somos celosos de nuestra independencia ideológica y política en defensa de los derechos humanos porque sólo esa autonomía puede darnos claridad en el análisis y en la acción cuando el Estado emplea violencia, discrimina y hace abuso de poder contra las personas más pobres y vulnerables en nuestro departamento y en el país.
La Paz, 12 de febrero de 2014
Amparo Carvajal Baños Verónica Sánchez Barrera
Presidenta Secretaria General