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Informe de la ONU 2012 sobre DD.HH. en Bolivia es mentiroso*

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derechos humanos

La Paz, 12 de abril de 2013

Señor

Dennis Racicot

Representante de la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia

Presente

Señor:

Ref.: Para la APDHLP es desafortunado el Informe del Alto Comisionado

para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia 2012

Apelamos al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y al de réplica para decirle, como defensores de los derechos humanos en Bolivia durante más de 40 años, que el Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, correspondiente a 2012, incurre en evidentes contradicciones entre el informe sobre la situación de los derechos humanos y las recomendaciones derivadas de la desatención de esos derechos. Asimismo, se deduce de la lectura del informe que la fuente principal en la que se basaron sus redactores fue la del Estado y la del gobierno y cuando citan a otra fuente (como la Iglesia Católica y la APDHB) se hace una referencia genérica que dice casi nada. Quizá más grave que lo anterior es que ese informe reproduce imprecisiones difundidas precisamente por los que violan los derechos humanos, por ejemplo, de los pueblos indígenas del TIPNIS.

—Sobre el primer caso: El Informe asegura que se aplica la Ley sobre los discapacitados, pero en las recomendaciones solicita al gobierno que apruebe con la prontitud que sea posible el reglamento de esa Ley y que se destine recursos económicos sin los que es imposible la ejecución de los programas que contempla esa norma.

Ustedes saben que una ley no se aplica sin reglamento y sin dinero es nada lo que se puede hacer aunque una ley lo determine.

—Acerca de nuestra segunda afirmación: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó una sentencia constitucional mediante la que se dispone que la Ley 222, sobre la consulta a los indígenas del TIPNIS, que se iba a constitucionalizar si los gobernantes establecían un acuerdo con mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes para esa consulta.

Los gobernantes informaron de que ese acuerdo fue conseguido. Sin embargo, como se conoció, incluso por los medios de difusión, los que firmaron un acuerdo con los para esa consulta con los gobernantes fueron, básicamente, dirigentes de productores de coca que viven en el Polígono 7 (ex TIPNIS) y algunos indígenas, la mayoría de los que, en esa región, ya no son poseedores colectivos del territorio, en el que moran, sino de parcelas de tierras que se les reconoció por decisión de ellos.

De la lectura atenta que hemos hechos del Informe, que nos ocupa y preocupa, deducimos que sólo recoge los datos de los gobernantes y nada de los verdaderos interesados, los pobladores del TIPNIS que, el que recordamos, es reserva natural y territorio indígena a la vez.

—A propósito de la tercera apreciación que hacemos: En aquel Informe se busca mostrar como una “consulta sin precedentes” a un operativo ejecutado por los gobernantes para lo que, afirmamos, han violado la Constitución Política del Estado boliviano, el Convenio 169 de la OIT (que es ley de Bolivia) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos (también ley boliviana).

Esa consulta fue posterior, desinformada de mala fe, para nosotros tramposa, la que para ustedes no tiene precedentes. Nosotros no conocemos que en algún país de Latinoamérica se haya realizado una consulta a pueblos indígenas, como la ejecutada en Bolivia. Los precedentes, jurisprudencia aportan otros resultados, opuestos a los de la consulta sin precedentes para el Informe de marras y para los gobernantes bolivianos.

El Informe omite un dato esencial: en el TIPNIS, por disposición legal de hace más de dos décadas, existe un área intangible (el núcleo de esa reserva y territorio) lo que no impide, legal y realmente, el uso tradicional de las riquezas de allí existentes.

Quizá por excepción algún indígena se haya pronunciado en contra de la existencia del sector intangible que referimos. Sin embargo, la mayoría, casi todos o todos los indígenas respaldan la mantención de la intangibilidad de ese espacio. Lamentamos que el Informe de referencia ignore esa realidad que es parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Una lectura atenta del Informe de los gobernantes sobre la consulta, fraudulenta para nosotros, ayuda a establecer que no más de 8 comunidades apoyó la construcción del camino, sin precisar que varios de los consultados y que aceptan la vía, se oponen a que parta en dos el corazón del TIPNIS, entre otras cosas, porque una vía que divida el área intangible, no vinculará a la mayoría de las comunidades de los originarios.

Parece necesario rememorar que los mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes son dueños colectivos del TIPNIS, éste es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), conforme a leyes bolivianas.

Tenemos mucho más que decir sobre el TIPNIS, pero sólo añadimos que los usos y costumbres de los pueblos indígenas fueron burlados por los ejecutores de la “consulta sin precedentes” porque entonces pisotearon los derechos de los pueblos originarios. Ejemplo, varios de los corregidores inasistieron a reuniones que sólo excepcionalmente se realizaron con los miembros de la comunidad. En otros casos esa llamada consulta se realizó con dirigentes impuestos por autoridades del gobierno, como ocurrió en Alto Sécure.

Las recomendaciones del Informe, lo más verídico de ese documento, se contraponen a la primera parte de ese texto. Para nosotros, esperamos haber leído bien, esas recomendaciones muestran que varios de los derechos humanos, que el Informe dice que se atienden, evidencian que en esa parte el Informe de la ONU es mentiroso. Acepte, por favor, nuestra franqueza.

El Informe que motiva esta carta contiene, además, una deficiencia que si no la señalamos y callamos, sería como mentir:

En varios de los párrafos del Informe se da cuenta de que la ONU, en Bolivia, apoyó la elaboración, estudio y/o socialización de proyectos de ley, los que ahora son leyes bolivianas. De una lectura crítica se deduce que esas actividades, en las que participaron funcionarios de Naciones Unidas, sí que consiguieron buenos resultados. Advertimos en ese caso un autoelogio que debieron omitir.

Nos animamos a sugerir que los funcionarios de la ONU en Bolivia tomen en cuenta la información y las opiniones de los pueblos indígenas, de los discapacitados, entre otros, para que informen con ecuanimidad sobre los derechos humanos en Bolivia.

Para nosotros es desafortunado el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos en Bolivia correspondiente a 2012. 

Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz

 

María Amparo Carvajal Baños                      Remberto Cárdenas Morales

Presidenta                                                      Secretario de Prensa

*Este título es de la redacción de Aquí.

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