Investigaciones hechas desde el Estado sirven para ocultar (I)

De sábado a sábado 364

Remberto Cárdenas Morales

Durante las tres presidencias de Juan Evo Morales Ayma (JEMA), de 10 años, las investigaciones emprendidas desde instancias estatales, han servido para encubrir u ocultar. Es decir, el resultado de esas investigaciones o averiguaciones, han conseguido lo contrario de lo buscado.

Una investigación verdadera, en todo ámbito socio-político, y también en las ciencias naturales, abarca dos momentos: el descubrimiento o acopio del conocimiento obtenido hasta ese momento de la averiguación y, el momento más importante, el descubrimiento de un nuevo conocimiento. Éste es catalogado como subversivo por René Zavaleta Mercado, cuando transcurre entre las ciencias sociales.

Pasamos revista de los hechos y dichos más sonados en este tiempo de reformas, cada vez más burguesas, que tienen lugar en nuestro país.

Medios de difusión, como El Deber de Santa Cruz, hasta esta semana registran 110 muertos desde 2006 hasta lo que va de 2016. Sobre ninguna de estas muertes hubo investigación verdadera, todas las investigaciones para establecer móviles, autores y consecuencias siguen inconclusas. En varios casos ni siquiera ha empezado una averiguación que valga la pena. Veamos y leamos, por favor:

—Los 16 muertos en Huanuni y 100 heridos por explosiones de dinamita, resultado de enfrentamientos entre trabajadores mineros asalariados y cooperativistas mineros, por la posesión de áreas para la explotación minera, sigue sin un total esclarecimiento. Es cierto que medios de difusión han publicado resultados parciales de investigaciones periodísticas, pero nada más[1].

En este caso es imprescindible rememorar que el ministro de Trabajo, Alex Galvez, de entonces recibió información en la madrugada del 5 de octubre de 2006 sobre el riesgo de enfrentamientos en ese centro minero, pero no se movilizó a policías, como habían sugerido dirigentes sindicales del lugar.

—Las causas, actores (intelectuales y materiales), recursos, escenarios, y otros, de lo que los gobernantes denominaron golpe cívico-regional, con epicentro en Santa Cruz y Pando, no se esclarecen como se espera desde que empezaron esos hechos.

Específicamente, sobre las muertes que integraron un grupo civil armado, que comandó Eduardo Rozsa Flores, siguen sin esclarecerse. Las dudas han transcendido fuera del país, lo que ha llevado a que autoridades de Hungría y familiares de uno de los muertos de nacionalidad irlandesa anuncien, más de una vez, que en los países de origen de los muertos se investiga y que se lo hará aquí.

El cargo principal, difundido por autoridades bolivianas, es que ese grupo armado buscaba separar a Santa Cruz de Bolivia. Un antecedente que ayuda a creer en ese supuesto es lo ocurrido en la capital cruceña cuando gobernaba Juan José Torres (1971) y se culpaba a los trabajadores (con la complicidad del general gobernante) de dar pasos para convertir a nuestro país en otra Rusia soviética o en otra Cuba castro-comunista. Se difundió en ese tiempo que el principal dirigente cívico cruceño, Melchor Pinto Parada, habría dicho en una reunión con dirigentes cívicos que era preferible que Santa Cruz pertenezca a Brasil, antes de que Bolivia sea soviética.

Sobre los investigados por su presunta participación en el golpe cívico-regional, en Santa Cruz, añadimos que se dice que el hermano del actual Gobernador cruceño salió fuera de nuestras fronteras, con ayuda de los gobernantes, lo que sería consecuencia de un acuerdo de éstos con la principal autoridad de aquel departamento. Asimismo, un periodista fue excluido de la investigación y ahora ejerce el oficio sin más restricciones que las legales.

La investigación hecha por un director y su elenco de teatro estableció, en la primera etapa de la investigación, que hubo masacre en Porvenir (Pando), como consecuencia del golpe cívico-regional mencionado, hipótesis de la que se empoderaron los gobernantes. El mismo grupo, en la segunda fase de aquella investigación, aportó con otro elemento: que además de la matanza en Porvenir, hubo enfrentamiento entre dos grupos, en ese período enfrentados a muerte: el que dirigía el otrora prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el encabezado por “Chiquitín” Becerra. Éste simpatizaba, en ese tiempo, con los gobernantes.

A José Villavicencio Amuruz, ex presidente del Senado y militante del MIR hace tiempo, se lo culpa de haber interrogado y torturado a campesinos que demandaban respeto a sus tierras que les habían sido dotadas durante este gobierno y antes. Sin embargo, al poco tiempo de la masacre (y enfrentamiento) en Porvenir, aquel ex parlamentario hizo campaña electoral para el MAS y, ahora, cuando menos es amigo de los gobernantes, según se sabe. Asimismo, varios de los operadores de Leopoldo Fernández trabajaban, y probablemente lo sigan haciendo, en la Gobernación de Pando. Éste confirmó que gente que participó de la matanza en Porvenir trabajaba con él durante su primer mandato.

 —Los dos jóvenes muertos en Caranavi, Mario Fidel Hernani y David Calisaya, en mayo de 2010, siguen sin que la justicia procese y castigue a los responsables intelectuales y materiales de esos crímenes. La investigación del Ministerio Público sobre esas dos muertes, para decir lo menos, sigue inconclusa. Más aún: uno de los principales sospechosos, al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Solis, ya no se lo investiga por decisión de las autoridades que administran el proceso. En cambio, los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, que defienden a los familiares de Hernani y Calisaya, han sido perseguidos y amenazados con proceso y, también, con la expulsión del país de Quiroz, que es peruano de nacimiento, pero que desde hace un tiempo tiene nacionalidad boliviana.

En aquella ocasión habitantes de Caranavi bloquearon el camino de esa capital de provincia a La Paz para exigir que se instale una planta procesadora de cítricos en Caranavi, promesa electoral del presidente Morales. Luego de la muerte de los dos jóvenes citados, JEMA, aseguró que se instalarían dos procesadoras de cítricos: una en Caranavi y la otra en Alto Beni. Ninguna de las dos industrias se instaló hasta este momento.

Para explicar y/o justificar la represión a los bloqueadores y sobre todo para explicar las muertes de Hernani y Calisaya, el entonces Ministro de Gobierno difundió cuatro mentiras: que en esa región operaba un grupo político armado, que contra los dos jóvenes estudiantes dispararon infiltrados, que uno de éstos murió en el Hospital de Clínicas de la sede de gobierno y no en Caranavi y que policías desbloquearon el camino La Paz-Caranavi para evitar un enfrentamiento entre bloqueadores y cooperativistas auríferos de Guanay. Nunca se investigó a los inventados miembros de ese también supuesto grupo político armado y tampoco se hizo una investigación nacional e internacional de esos hechos, tal como se dice en un acuerdo firmado entre el presidente Morales y dirigentes de movimientos sociales caranaveños.

Uno de los dirigentes de los colonizadores de Caranavi, Richard Aliaga, que ayudó a organizar el bloqueo señalado, desde hace tiempo es uno de los operadores de los gobernantes, en aquel movimiento social. Se trata del mismo que dijo que les “romperían” a los indígenas que integraron la IX marcha en defensa del TIPNIS y que ellos querían tierra en esta reserva nacional y territorio indígena.

Cuando funcionarios del Estado actual intentaron investigar los hechos luctuosos anotados, ocultaron o encubrieron los hechos, en vez descubrir autores, causas  y otros. Además, los gobernantes, a posibles testigos de esos hechos los han quebrado y/o los han reclutado, suponemos que con malas artes, para su bloque, es decir, los inquilinos del Palacio Quemado han conseguido el silencio de los reclutados o quebrados, o que declaren en favor suyo o de sus cómplices.

La Paz, 12 de marzo de 2016.

*Periodista