¿Evo Morales se apoya en los jefes y en los oficiales de la Policía?

De sábado a sábado (305)

Remberto Cárdenas Morales*

La respuesta de los gobernantes, ante la demanda de aumento de sueldos de los suboficiales de la Policía Boliviana (PB), es que esa exigencia —que se la considera legítima en importantes sectores del pueblo— sería atendida el próximo año (2015).

Los policías “movilizados” no creen en la palabra, entre otros, del actual Ministro de Gobierno, así como dudan de los compromisos del Presidente, porque en la campaña electoral del 2010 les habría prometido soldar el Bono de Seguridad ciudadana al sueldo básico; sin embargo, también ahora dirigentes de ese movimiento reivindicativo sugieren conversar con él, así como aclaran que su movimiento no es en contra de la principal autoridad del país.

Además, como en otras ocasiones, sigue el acuartelamiento de los demandantes de aumento de sueldos, familiares suyos sostienen huelgas de hambre en más de un lugar del país, piden diálogo con los gobernantes y anuncian que si no son atendidos satisfactoriamente “radicalizarán” sus medidas: esas acciones, al menos en parte y por la forma, son propias de los sindicalistas de viejo cuño (casi todos los actuales han sido cooptados por Evo Morales).

Especialmente el Ministro de Gobierno respondió a los policías demandantes de aumento de sueldos que su comportamiento es una muestra de “indisciplina” en el entendido, suponemos, de que uno de los soportes armados del Estado llamado plurinacional debe permanecer, “siempre”, subordinado al poder político, a los gobernantes y, que cualquier demanda suya debe ser tramitada por “conducto regular”, es decir, por intermedio de sus mandos superiores… Ése es un camino de los oficialistas para desatender esas peticiones.

Las contradicciones entre los policías de mandos inferiores y que luchan por aquella reivindicación, otra vez, se ponen a la vista: los gobernantes aseguran que los ingresos de esos policías son más de lo que señalan los demandantes; éstos aseguran que el incremento salarial que piden no afectaría al Tesoro General de la Nación y que el dinero que se destinaría al aumento pedido provendría de ingresos propios de la Policía Boliviana; que los mandos inferiores sólo solicitan la fusión del bono, por la seguridad a la ciudadanía (Bs400 ¿?) que perciben actualmente, al sueldo básico y los gobernantes responden que no pueden atender favorablemente esa exigencia, pero que lo harán el próximo año; los solicitantes de subida de sus salarios recuerdan que esperan ser favorecidos con esa medida desde 2010 (con acuerdo firmado mediante) y que los gobernantes incumplen compromisos al respecto.

Para los policías movilizados, no obstante de que algunos han pedido apoyo del pueblo, al parecer es importante que tengamos claro que su accionar de estos días es reivindicativo (económico) y que no tiene alcance político alguno; en suma, que no es un motín policial, como hubo más de uno durante los mandatos de Evo Morales, así como antes de este tiempo de reformas que pierden su contenido más o menos avanzado que tuvieron.

Asimismo, es necesario que mantengamos en la memoria que los actuales gobernantes e inquilinos del Palacio de Quemado, respecto del anterior movimiento reivindicativo de los policías de baja graduación, aseguraron que ése fue un motín policial, antesala de un golpe de estado contra el presidente Morales y lo que ellos llaman revolución democrática y cultural, de la que parlotean sin fervor, en el último tiempo.

No se necesita mucha sabiduría para entender que la situación económico-social de los policías de baja graduación (con escasas excepciones) viven con marcadas limitaciones materiales, lo que contrasta con los buenos resultados económicos en beneficio de pocos, frente a las penurias económicas y sociales que afectan a la mayoría del pueblo boliviano y, por tanto, de la inmensa mayoría de los policías de baja graduación.

El conocimiento —seguro parcial— de esa realidad interna de los policías de los últimos escalones según los grados, jamás debe llevarnos a olvidar el comportamiento de los miembros de la PB: uno de los brazos armados de un viejo Estado y para la seguridad de éste, asimilado, sin reformas siquiera, como aparato de seguridad y mantenimiento del actual Estado que para el vicepresidente García  Linera es el Estado integral de Gramcsi. Pero ésta es una mentira.

Los integrantes de la PB, en su inmensa mayoría, están chapados de tal forma que a detenidos en celdas policiales, como al presunto delincuente Olorio, los torturan hasta provocarles la muerte, comportamiento que, en casi todos los casos, es encubierto y goza de impunidad. La corrupción, en todos los niveles policiales, es diferente por su forma y cuantía, pero es una realidad que corroe a esa fuerza, ante la vista cada vez más disconforme de los bolivianos. (Hay estudios sobre la corrupción en las filas policiales, uno de los cuales se conoció durante el primer mandato de Morales). La inseguridad existe incluso en las filas policiales: sólo en el último tiempo han muerto dos cadetes de la Universidad Policial, antes Academia Nacional de Policías (Anapol); casos que se “investigan”, mejor dicho, que también se encubren. El presidente Morales, en Anapol, exigió a los policías que dejen de entregar (¿o vender?) información a organismos de inteligencia extranjeros, como la CIA, suponemos. La lista de faltas podría continuar, pero la paramos aquí, porque además en este semanario varias veces nos hemos referido al comportamiento de los efectivos policiales.

Pese a esa realidad de los miembros de la Policía Boliviana, que tratamos de retratar otra vez, los actuales gobernantes, creemos, en ningún momento intentaron reformas en esa institución, las que debieron apuntar a la formación de otra policía que es lo que mucha falta nos hace. Nosotros informamos más de una vez que a Juan Evo Morales Ayma, incluso mientras organizaban la “transición” del anterior régimen al actual, entendidos en la materia, le aconsejaron que, sin deshacerse de los policías en funciones, se debía organizar otra policía. Pero se ve que, en esa materia, nada importante han hecho los gobernantes.

Sin embargo, convine precisar que, más allá de las reservas que podría tener, el Presidente se apoya, especialmente, en los jefes policiales, a varios de los que se los promovió, dos de los que son procesados en Estados Unidos, así como otros son enjuiciados por presunta comisión de delitos. La conducta de ellos, de acuerdo a lo poco que se conoce, no se los investiga aquí, para establecer de qué modo se apoyaron en el poder político para cometer sus fechorías. Además, para confirmar o desmentir lo dicho por uno de los cautivos en el país del norte: que él habría sugerido y/o asegurado que la protección que ofreció “vender” contaba con apoyo o cuando menos consentimiento de gobernantes en funciones. El otro, que fue jefe de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Gobierno, se supone, que utilizó el cargo para traficar con cocaína; además, ese General fue Director de la Fuerzas Especial de Lucha contra el Narcotráfico. 

Los policías de baja graduación, protagonistas de acciones que no son ni nuevas ni políticas que apunten contra el régimen de Evo Morales, advertimos que aspiran a “vivir bien” (vivir mejor es poca cosa para los gobernantes de este tiempo boliviano). Y tienen derecho o al menos no se les debe negar esa aspiración.

Aunque debemos reconocer que los aliados del Presidente, por los que tiene visible preferencia, son los medianos propietarios en alianza, cada vez más amplia, con empresarios criollos (como los de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO) y también con transnacionales, como los intocables de la Empresa Minera San Cristóbal.

Y para responder a la pregunta del título de esta nota: El Presidente se apoya en jefes y oficiales de la PB cuya mayoría, al parecer, vive bien (con sus fechorías incluidas), los que también son aliados del Jefazo.

La Paz, 5 de julio de 2014.

*Periodista