De sábado a sábado (302)
“Recibimos llamadas anónimas
que nos dicen que nos cuidemos,
que se van a llevar a mi esposo,
pero yo voy a estar con él siempre”.
Elisa Semo, esposa del suboficial Lorgio Cartagena
Remberto Cárdenas Morales*
Lorgio Cartagena, suboficial de la Armada Bolivia, es perseguido por la Policía Militar, de acuerdo a la denuncia suya y de su esposa, y según evidencias recogidas por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y de medios de difusión, como el diario Página Siete (PS).
Cartagena fue uno de los dirigentes del movimiento de suboficiales y sargentos que pidió (¿y pide?) la “descolonización” de las Fuerzas Armadas del país, que en ésta acaben la discriminación y los malos tratos y que sus integrantes, más allá de las jerarquías, en los hechos, tengan igualdad de derechos y de obligaciones.
Los dirigentes de ese movimiento informaron que presentaron un proyecto de ley, a una comisión de diputados, en el que se contempla la descolonización, considerada la demanda esencial por propios y extraños a la institución castrense.
La descolonización, dijimos en este y en otros espacios periodísticos, tendrían que haber sido apoyada, con fervor, por los gobernantes, particularmente, por el Capitán General de las FF.AA., el presidente Morales. Sin embargo, eso no sucedió porque, creemos, 1ue el primer mandatario prefirió apoyar a los “altos mandos” castrenses (y apoyarse en ellos) en vez de respaldar a los suboficiales y sargentos que integraron un movimiento con rasgos avanzados.
Como una expresión del colonialismo que buscó enfrentar ese movimiento, con apoyo del Presidente, se denunció malos tratos, como castigos físicos que, sólo los llamados “gorilas”, defienden como necesarios en la formación de los uniformados. La discriminación, asimismo, se demuestra con la atención empeñosa a oficiales y jefes (incluidos sus familiares) en los centros de salud dependientes de COSMIL, en tanto que para suboficiales y sargentos (comprendidos sus hijos y esposas) la atención hospitalaria es de segunda categioría.
Suboficiales y sargentos denunciaron que ellos no pueden acceder, por ejemplo, a la carrera de ingeniería, como sucede con oficiales y jefes. Los primeros, a lo sumo, estudian hasta conseguir títulos como técnicos medios.
Según los que impulsaron y protagonizaron aquel movimiento (marchas, proclamas y concentraciones), a todos los uniformados se les debe reconocer el derecho a los ascensos permitidos, ahora, según los demandantes, a oficiales y jefes; ascensos que deben depender de los méritos y de los estudios realizados. Esa reivindicación, probablemente, está entre las más discutibles entre ellos mismos.
Cartagena, también, confirmó que es procesado ante un tribunal militar y que el 12 de este mes debió concurrir a una audiencia de un proceso, dentro del cual al parecer buscan detenerlo sin que exista orden de aprehensión extendida por autoridad competente. Él informó que no fue a esa audiencia: “No fui porque no quiero volver a las Fuerzas Armadas, ya que el maltrato, la discriminación y otros atropellos continúan. Quizá por eso me quieren detener.”
Ante la situación que enfrenta, Cartagena, junto con su familia, pidió refugio en oficinas de la APDHB. Yolanda Herrera, presidenta de esta instancia declaró, a medios de difusión, que velarán por los derechos del suboficial, dado de baja de la Armada Boliviana.
Johnny Gil, también suboficial y miembro de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Asinalss), tal como Cartagena, sigue detenido en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en la zona Miraflores de la sede de gobierno. Ese suboficial es procesado por la justicia militar y sobre ese proceso un vocero de la Defensoría del Pueblo dijo que, esta institución velará los derechos humanos de Gil, y que constató que los procesos a los dos suboficiales, dados de baja de la institución armada, no son transparentes.
Para nosotros, una reforma, a la que apunta como necesidad la demanda de suboficiales y sargentos, es lo menos que tendría que siquiera iniciar el actual gobierno… Más aún: Desde este espacio hemos dicho que si hubiera en Bolivia una verdadera revolución democrática y cultural, al menos se sentarán las bases para articular nuevas fuerzas armadas.
El presidente Morales, varias veces, dijo que tenemos en el país un ejército anticolonial y antiimperialista, desde la Batalla de Aroma (1810). Ésta es una de las mentiras difundidas desde el Palacio Quemado.
Un botón que pone en duda e incluso muestra la falacia presidencial —aunque jefes militares quizá digan que ése es un hecho aislado— es el degüello y destripamiento de un perro (mascota de un menor), por un subteniente, ante estudiantes de un curso de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), a los que un ese oficial pretendía instruir.
“Hace unos días, una persona que quiere guardar su nombre en el anonimato nos contó que el sábado (7de junio) un perro que solía pasear por la EMI fue torturado por el instructor, subteniente J.M., quien agarró el perro vivo, lo degolló y lo destripó”, dijo Susana Carpio, de Animales SOS, también al matutino PS.
La misma fuente añadió que el subteniente, que sacrificó al animal, se “untó” su cara con sangre del perro e hizo algo similar en el rostro de los estudiantes, por lo que éstos estarían “traumados”.
El Tcnl. Javier Espinoza, jefe de Operaciones de la EMI, que dijo estar informado de ese suceso, agregó que se investiga el caso y que “De comprobarse el hecho, él (instructor) recibirá sanciones, porque habría infringido las directivas militares vigentes. (Y) los estudiantes tendrán un asesoramiento psicológico.”
En la Escuela de Cóndores de Sanandita, en la que los militares aseguran que se forman oficiales de élite (los mejores), se sacrificaba perros, y quizá se lo sigue haciendo. Cada oficial ingresaba con un animal considerado de su propiedad y luego de un tiempo, mejor dicho, después de encariñarse con “su” can, sacrificaba a éste, al estilo de lo que hizo el instructor de la EMI, frente a estudiantes. En la Escuela de Cóndores, con un añadido: en vez de untarse la cara con la sangre del animal, los oficiales, como parte de su entrenamiento, debían comer crudo el corazón de “su” perro.
Recordemos que el actual presidente del Senado, Eugenio Rojas, con otros comunarios, colgó perros en Achacachi, lo que se entendió como una advertencia a los cruceños alzados en contra del gobierno de Evo Morales durante el primer mandato de éste. El mismo Rojas fue el que sugirió torturar a presos para arrancarles confesiones, como único camino para que lo hagan. Ese funcionario, profesor y sociólogo, hasta este momento no se autocriticó por esos sus errores sin atenuantes.
Los procesos no debidos a los suboficiales, Gil y Cartagena, son una evidente violación de los derechos humanos de ambos, así como son una transgresión de los derechos colectivos de los 714 suboficiales y sargentos retirados de la institución armada. Es cierto que casi todos volvieron a sus cuarteles, pero varios de ellos fueron cambiados de destino.
Los oficiales que sacrifican perros, acción criminal, ayudan a constatar que siguen en filas de las Fuerzas Armadas bolivianas, uniformados que fueron formados a imagen y semejanza de la Escuela de Cóndores de Sanandita, la que funciona según inspiración del ejército de Estados Unidos y de acuerdo a manuales de instrucción de la Escuela de las Américas, apropiadamente llamada escuela de criminales.
La Paz, 14 de junio de 2014.
*Periodista