Libertad de pensamiento, de expresión y de acción se complementan

De sábado a sábado (253)

Remberto Cárdenas Morales*

La libertad de expresión es una herencia de la humanidad. Su proclamación durante la revolución burguesa de Francia (1789), junto con la igualdad y la fraternidad, es una referencia que señala que entonces se manifestaba como posibilidad real y que empieza su materialización, luego de constantes luchas, las que muestran que la libertad de expresión es un derecho por cuya realización plena nuestros pueblos siguen luchando, para perfeccionarla y/o para que su vigencia sea cada vez más plena.

Esa libertad, de manifestar nuestras ideas sólo con las restricciones marcadas por los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales —en nuestro caso— está señalada en la CPE, en base a una propuesta formulada por los trabajadores de los medios de difusión, investigadores en comunicación, docentes universitarios, dirigentes sindicales y de las organizaciones profesionales, entre otros ciudadanos, como una demanda de todo el pueblo y de la sociedad boliviana.

Ese derecho a la libre expresión o derecho a la opinión responsable, integra un conjunto de los derechos de la misma generación y/o de similar naturaleza: los derechos a informar, comunicar e interpretar; derechos individuales y especialmente colectivos, de modo que ese conjunto de derechos es de todos los bolivianos. Por esos cuatro derechos, individuales y colectivos, han sido distintas y prolongadas las jornadas de lucha. En rigor, como todo derecho, los cuatro (a informar, comunicar, opinar e interpretar), especialmente desde las trincheras de los trabajadores de los medios, se han librado distintas batallas socio-políticas.

Entre esas acciones de los trabajadores de los medios (junto con otros agrupamientos de asalariados y no asalariados), una de las más visibles fue contra el intento de convertir las “faltas de imprenta” en delitos y éstos supuestos delitos, como otros, tendrían que haberse procesado ante tribunales de sentencia en materia penal y sancionado según normas penales. Eso pretendió un senador banzerista, seguro como exigencia de la derecha y del fascismo, antes más y ahora todavía, vivitos y coleando.

Desde esa victoria de los trabajadores de la prensa y del pueblo boliviano, los primeros definen como patrimonio suyo a la Ley de Imprenta (LI), una ley burguesa que deviene en disposición avanzada por las instituciones jurídico-legales que contiene, como la libertad de opinión, el derecho de los periodistas a guardar en reserva su fuente informativa, la prohibición a clausurar imprentas (y o medios de difusión, añadimos nosotros) y que tribunales de imprenta —nominados por los concejos municipales— procesen y sancionen, con penas económicas y el consiguiente descrédito como consecuencia, a los trabajadores de los medios de difusión que hayan incurrido en faltas de imprenta o que se presuma que las cometieron. (Cuando se aprobó la LI, el 19 de enero de 1925, en Bolivia sólo existían publicaciones impresas).

La LI, que es una norma especial porque contiene una parte dispositiva (sustantiva) y su procedimiento al mismo tiempo, en este tiempo muestra con mayor claridad sus insuficiencias como, por ejemplo, el pago de “a mitad de la tarifa” que debe hacer el que se sienta afectado por una publicación y pida una rectificación —según la LI—, es decir, que demande el derecho a réplica, pero por la que se debe pagar. En cambio, en la CPE ese derecho es gratuito, como es gratuito según los códigos de ética de los periodistas bolivianos, latinoamericanos y caribeños.

En realidad lo que defendemos los periodistas, especialmente, son las instituciones avanzadas de la LI, defensa que la hacemos desde nuestras trincheras: los trabajadores de los medios de difusión y los dueños de éstos. Más aún, los derechos que reconoce aquella Ley, son usados y abusados por los empresarios; mientras que los trabajadores de los medios, en este momento, ni siquiera emplean, como manda una norma, un espacio equivalente al que ocupan los editoriales de los patrones, para decir las opiniones de los asalariados de esos medios; hablamos de la “columna sindical”, escamoteada por los propietarios de los medios desde que se instituyó durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia.

La liberad de expresión, formalizada en Francia en 1789, es parte de todas o de casi todas las legislaciones de los países de nuestra América o Patria Grande. Desde 1969, en esta región y desde 1993 en Bolivia, ese derecho ha sido ampliado, para decirlo de una vez, por la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica. Esa Convención establece para latinoamericanos, caribeños y los otros americanos, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Esa Convención, vale recordar, es ley de Bolivia desde aquel año (1993).

A la libertad de pensamiento y de expresión, en nuestra opinión, esas libertades sólo serán plenas, cuando se las ejerza con responsabilidad y cuando se reconozca el derecho a la acción, a la materialización del pensamiento y de la expresión o manifestación de las ideas.

Si se tuvieran en cuenta esas normas y la práctica boliviana respecto del derecho a la opinión, a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión se entendería que sólo cae en el ridículo la prohibición hecha por la diputada Flora Aguilar (jefa de la Brigada de Diputados del partido de gobierno) a la  diputada Delgado, también masista, para que ésta evite opinar sobre el Presidente, el Vicepresidente y los movimientos sociales.

Nosotros sospechamos que esa prohibición, que manifiesta autoritarismo, es sugerida, inducida o impuesta por los inquilinos del Palacio Quemado y/o de los llunk’us que, también con anticipación, se recomiendan ante el Jefazo para que éste dicte candidaturas y/o premios en dinero o en halagos.

En tiempos de las dictaduras militares y fascistas en nuestro país se imponía por la fuerza el silencio y otros por miedo callaban.

Ahora los autoritarios del MAS están desbocados y andan sueltos. Pero es mejor que se presenten de cuerpo entero y con el alma ya en penas. Así creemos que los más sencillos (que nos importan más) por sí mismos descubran lo que son los gobernantes por los que votamos, pero que ahora gobiernan con y para los propietarios medianos, en alianza con los empresarios grandes y transnacionales.

Si diputadas como Rebeca Delgado hablan, “porque callar es lo mismo que mentir” respecto de su gobierno, al menos es respetable lo que dice y diga.

Nadie, nadie, nadie con aires de dictadorzuelo conseguirá expropiarnos el derecho a la palabra. Este medio ejercerá el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; más aún, materializará los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar e interpretar y luchará, en frente único, con los que defiendan y asuman esos derechos. A propósito, la mejor manera de la defensa de esos derechos es su ejercicio sin más límites que los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales.

La Paz, 22 de junio de 2013

*Periodista