No a los estatutos "autonómicos" centralistas al servicio de las transnacionales

De:La Protesta<Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >

Los denominados estatutos “autonómicos”, por los cuales se harán referéndums en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, son lo opuesto a la autonomía, son inconstitucionales porque no recogen las definiciones de la CPE para que los departamentos tengan fuentes de recursos y puedan tener empresas mineras e hidrocarburíferas departamentales. Son estatutos para permitir el atropello a los pueblos indígenas ordenados por el gobierno central como ocurrió recientemente con los guaraníes. Tampoco reconocen a la mayoría de los pueblos indígenas y a los afrobolivianos, por ejemplo. Son estatutos que permiten que el Estado descargue un ajuste antipopular, cuyo primer paso es el impuestazo antipopular e impide que los departamentos tengan herramientas para defender la producción nacional y la economía popular. Por el contrario, se les impone nuevos impuestos al pueblo para financiarse y hasta el mandato de “apoyar a la actividad minera e hidrocarburífera” (¡privada!).

Por otra parte, le transfiere a los departamentos la atención de los hospitales de tercer nivel, lo más caro de la salud. Sin recursos propios, sin un pacto fiscal que asegure ingresos departamentales, la autonomía es una burla. 

Son, además, antidemocráticos por no haberse discutido con la población los textos a votar. En los casos en que se hizo algún debate, como fue en Cochabamba, con 25 organizaciones, se llegaron a conclusiones de que, por ejemplo, había que crear empresas productivas de hidrocarburo y minería. Pero el estatuto que se somete a referéndum fue hecho en La Paz por un “consultor” y no tiene casi nada que ver con el que propusieron esas 25 organizaciones. 

Los estatutos consagran normas de elección de asambleístas totalmente antidemocráticas al sobrerepresentar al 30% de población campesina con el 70% de asambleístas y minirepresentar a las ciudades que con el 70% de la población sólo tienen el 30% de asambleístas. Cabe destacar que en el 70% de población urbana, la mitad son campesinos e indígenas migrantes que el MAS no puede controlar electoralmente, como se demostró en las elecciones en El Alto y Cochabamba.

Desde distintos sectores se denuncia a los estatutos. El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), denuncia al estatuto por centralista. Raúl Prada, exviceministro en la primera gestión de Evo Morales, señala que es “centralista y liberal”. También Felix Patzi, gobernador de La Paz, dice que no permiten que el departamento tenga ingresos propios, que el pueblo paceño seguirá pobre con ese estatuto.

El conflicto de Potosí, precisamente, mostró el contenido de clase del actual centralismo masista. La centralización es para defender y consolidar el poder personal de Evo Morales y su reelección, pero al servicio de sus “socios”: las transnacionales y su  Cosiplan de saqueo. En pleno conflicto de Potosí, Álvaro García Linera, fue a la mina San Cristóbal para prometer solemnemente a la Sumitomo que sería defendida su propiedad de cualquier nacionalización u ocupación por parte de los potosinos. Aunque el COMCIPO no formuló esa propuesta, el pueblo potosino con certero instinto de clase, en la primera movilización, al comienzo de su huelga, ocupó Manquiri.

Al pueblo de Potosí se le impide, por el Estatuto, recuperar sus recursos mineros y ponerlos al servicio del pueblo. Lo que hay ahora es un reparto, enormemente desigual entre los departamentos,  de una parte de la renta hidrocarburífera, el IDH, pero la mayor parte de las ganancias mineras se van a las transnacionales y grandes empresas denominadas “cooperativas” pagando miserablemente al Estado, y en cuanto a los hidrocarburos las transnacionales se llevan el 50% y ahora pretenden llevarse aun más mediante “incentivos”. 

Por esos motivos consideramos que no se deben hacer los referéndums y que, si se realizan, como es lo más probable,  llamamos a votar NO, para abrir un proceso constituyente en cada departamento en el que pueblo y sus organizaciones discutamos cómo aplicar la “Agenda de octubre”, cómo recuperar los recursos naturales y terminar con la pobreza, establecer salud pública y educación públicas gratuitas y de calidad, como manda la CPE.