El gobierno no puede sentar presencia en Arcopongo, vuelve el conflicto

Claudia Angélica Villca

 (AquíCom/18-08-014). El gobierno no tiene presencia en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, donde hace poco más de dos meses se registraron tres muertes por la explotación ilegal de oro en el río Chaqueti. Ahora el conflicto resurge tras el retorno de las cooperativas que se disputan la explotación ilegal del metal precioso.

Representantes de la cooperativa Ullakaya Condorini denunciaron que la cooperativa Palma Flor es la que retornó al lugar para hacer la explotación, y se encuentran armados y atemorizan a la región para cumplir sus objetivos a pesar de la existencia de las prohibiciones de las autoridades pertinentes para tales acciones. Adicionalmente denunciaron la tala indiscriminada de árboles en la región.

Cuando el conflicto se inició, ambas partes se decían originarios del lugar y que el otro es el avasallador; además, que ambos iniciaron los trámites para la explotación del oro, solicitudes a las que algunas obtuvieron respuestas y que ocasionaron enfrentamientos entre ambos bandos, causando la muerte de tres personas.

Se denunció un amedrentamiento, violencia y agresiones de los avasalladores a tres poblaciones del lugar. La gobernación del departamento tenía una versión que según una de las partes era irreal. El onflicto fue denunciado ante el Ministerio Público de La Paz, en el cual no avanzó. Incluso se manifestó que dos diputados nacionales y un asambleísta departamental estaban implicados con una de las cooperativas, pero el tema no se aclaró. Incluso un periodista (Luis Alberto Glasinovic Rivamontán) y un chofer de la COMIBOL perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando retornaban del lugar, tras una investigación de los hechos.

Tras lo sucedido, las autoridades del ministerio de Minería, de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y de la gobernación del departamento, determinaron la inmovilización o paralización temporal de las actividades mineras, hasta resolver el conflicto sobre la explotación. Además, enfatizaron que se refuerza la presencia policial, así mismo que las instituciones involucradas realizarán inspecciones periódicas para vigilar el respeto a la inmovilización. Pero han pasado más de dos meses y la historia se repite, en todo lo que eso es posible, respecto de la explotación ilegal de oro en aquel lugar.

Según los últimos datos, nuevamente se denuncia la influencia de autoridades departamentales y nacionales para las actividades prohibidas, falta o insuficiente presencia policial, y lo peor de todo es que se recurre a la violencia y al amedrentamiento para continua esas actividades prohibidas.

¿Las autoridades esperan nuevos saldos lamentables para reaccionar como sucedió en la primera ocasión?, se alertan posibles hechos de violencia mucho antes de que sucedan, pero lo más seguro es que las instituciones involucradas sólo aparecerán cuando el daño esté nuevamente consumado  (AquíCom/18-08-014).