Flechas y yurakarés
Alejandro Almaraz
Es notable y extraordinaria la firmeza con que Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras, se sostiene en su importante cargo. Así lo vienen demostrando los desenlaces de los graves casos de corrupción que la involucran.
Dos casos gravísimos y vinculados de corrupción en el Gobierno central se han desvelado en las últimas semanas.
Por un lado, la comercialización ilícita, y presumiblemente destinada al narcotráfico, de una gran cantidad de coca incautada, realizada por las propias autoridades públicas encargadas de velar por el uso lícito y provechoso de la coca; y, por otro, el de la arbitraria y abusiva elevación del costo de los permisos para la comercialización de la coca, y el escuro e ilegal destinado de las respectivas recaudaciones, determinados por las mismas autoridades.
En ambos casos los directos responsables, altos e históricos dirigentes del partido de gobierno, han alegado que actuaron con el pleno conocimiento de la ministra cabeza del sector, la ministra Achacollo, y, para probarlo, han exhibido documentos firmados por ella.
Por su parte, la ministra se ha limitado a negar lacónicamente su conocimiento de los hechos, y, sobre su firma en los documentos que lo probarían, ha dicho que "podría” no ser suya.
Si dicho conocimiento existiera, constituiría una tácita pero innegable autorización, y la menor responsabilidad penal que le correspondería enfrentar, comprometiendo a las más altas esferas del Gobierno nacional, es la de encubrimiento de graves delitos vinculados al narcotráfico.
Pero, no obstante que hace ya varias semanas que se ha producido la denuncia contra Achacollo, ni el Órgano Ejecutivo, ni el judicial, ni el Ministerio Público parecen inmutarse. Sólo el fiscal asignado al caso, con la pachorra característica del estilo de investigación fiscal "Chaparina”, y ante la intensa interpelación de la opinión pública, ha dicho en las últimas horas que está "preparando algunas preguntas” para la ministra.
Pero estos acontecimientos no sorprenden porque recuerdan, para limitarse a sólo lo públicamente conocido, el caso del INRA clandestino de Santa Cruz. En este caso, el Ministerio Público obtuvo abundante evidencia señalando que un destacado asesor de la ministra Achacollo, de apellido Salas, era el centro de una organización criminal dedicada, por una parte a estafar a varios municipios rurales de Santa Cruz, todos administrados por el MAS, con la fallida ejecución de proyectos del programa Evo Cumple; y, por otra, a la extorsión a propietarios agrarios y a la falsificación, a escala industrial, de documentos públicos agrarios, destinada a facilitar la ocupación ilegal y el tráfico de tierras.
Más allá de la públicamente estrecha relación de Salas con Achacollo, durante el allanamiento de las oficinas de Salas, que éste quiso evitar invocando a la ministra, las autoridades de la Fiscalía encontraron en su computadora un detalle de distribución de dinero que incluía a "la ministra”.
A tres años de estos hechos, el mafioso asesor de Achacollo, después de guardar detención durante algunas semanas, está libre y activo. La investigación del Ministerio Público está absolutamente congelada y el caso olvidado y enterrado.
Para ello, en otra muestra del estilo "Chaparina” que viene consagrando el fiscal Guerrero, fue suficiente "relevar” al fiscal asignado a la investigación y no sustituirlo. Por lo demás, la gestión de Achacollo, independientemente de la discutible medida en que sea suya, ha merecido reiteradas y severas condenas de muchas organizaciones campesinas e indígenas, frecuentemente acompañadas de la exigencia de su renuncia.
Bien sabemos que una de las mayores carencias del Gobierno central es el rigor contra su propia corrupción; pero, cuidando su imagen, que le preocupa muchísimo más que la transparencia e integridad ética de su gobierno, Evo Morales ha defenestrado a más de un ministro, cuyas faltas lesionaban su imagen, bastante menos que la escabrosa trayectoria ministerial de Achacollo.
Es evidente que algo, especialmente efectivo e invisible para la opinión pública, interviene en la suprema voluntad de Evo Morales haciendo a Nemesia Achacollo inamovible, insospechable, inimputable e invulnerable.
Lo que sí está a la vista de todos es la causa del creciente apoyo que le brinda el otro gran poder concurrente a la "profundización del proceso de cambio”: el del latifundio y el agro-negocio.
No merece menos la reiterada y esmerada remisión a la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Pausa en la verificación de la FES, con la que Nemesia, además de todo, quiere liquidar la redistribución comunitaria de la tierra y redimir el latifundio.
Alejandro Almaraz es abogado y fue viceministro de Tierras.