Alta Comisionada de la ONU dice que en Bolivia se violan derechos humanos

Transcribimos fragmentos del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de un documento suyo, distribuido en La Paz, referido a la gestión 2010. Ese Informe destaca los avances en la atención estatal de los derechos de los pueblos indígenas, afrobolivianos; así como en la lucha contra la discriminación racial para lo que se aprobó la Ley 45 contra el racismo y la discriminación. A pesar de esos avances, registrados por el Informe de la ONU, aquél anota:

—“Actualmente persisten manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia” [1].

—“El artículo 16 de la ley antirracista castiga “la autorización y publicación de ideas racistas y discriminatorias”. Sin embargo, el derecho internacional demanda que toda restricción a la libertad de expresión sea legislada sólo “cuado se justifique en la necesidad de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o en la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral pública (….)”

—“La situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables y en particular de los pueblos yuqui y ayoreo sigue siendo preocupante debido principalmente a problemas de salud, a las crecientes presiones sobre sus territorios, a la trata y tráfico de personas (…)”

—“(…) erradicación del trabajo forzoso y la reconstitución territorial para el pueblo guaraní.

—“(…) persiste una brecha importante de larga duración en el disfrute de sus derechos entre población urbana y rural, que afecta negativamente a los pueblos indígenas y afrobolivianos, particularmente a las mujeres y niñas en zonas rurales. (…)” 

—“El Estado debe garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos”[2].

—“Los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes inconstitucionales siguieron siendo seriamente perjudicados …”.

—En 2010 la oficina de la ONU en La Paz “(…) conoció algunos casos de uso excesivo de la fuerza que resultaron en posibles muertos extrajudiciales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (…)”. Nosotros añadimos: Entre esos casos se da cuenta de los dos muertos y 40 heridos en Caranavi; la tortura a un presunto delincuente, de la que se responsabiliza a policías, con la que le provocaron la muerte (David Olorio); los linchamientos de cuatro policías en el norte de Potosí, entre otros; Alfredo Vargas murió por castigos físicos indebidos de oficiales de la policía, en el Torno (Santa Cruz); crueles castigos inferidos a un conscripto en Challapata (Oruro), lo que fue mostrado en un video.

—A pesar de la ampliación de prisiones, “en julio de 2010 el entonces Director General de Régimen Penitenciario divulgó que en enero la población carcelaria  era de 7.500 internos y seis meses más tarde, de 8.700, frente a su capacidad carcelaria de aproximadamente 4.700 personas”.

—Se discuten normas y se aplican planes para contrarrestar la violencia contra la mujer.

—“(…) en dos ocasiones altos oficiales de la rama ejecutiva y la policía desacreditaron y estigmatizaron públicamente a defensores de derechos humanos que habían denunciado violaciones de derechos humanos o criticado la forma en la que el Gobierno había reaccionado ante algunas protestas sociales. Este fue en particular el caso de las declaraciones realizadas contra la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de La Paz y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)”.

—Se espera que avance la investigación sobre la muerte del periodista Carlos Quispe, como resultado de castigos físicos extrajudicialmente en Pucarani (cerca de La Paz, el 2008).

Completamos el inventario

El senador oficialista por La Paz, Eugenio Rojas[3], como quien confirma la denuncia sobre violación de los derechos humanos en Bolivia, propuso torturar a los delincuentes peligrosos para arrancarles confesiones.

Para un inventario de la violación de los derechos humanos en la gestión 2010 y de lo que corre de 2011, como complemento de este informe de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), es imprescindible citar otros casos de violación de los derechos humanos:

*Ni el Ministerio de Minería ni la Corporación Minera de Bolivia consultaron, a los pobladores de Coro Coro, antes de instalar allí una planta de tratamiento de minerales de cobre para lo que utilizaron agua destinada al consumo humano y de los animales de la región. Con esa omisión, las autoridades públicas, violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[4] que es ley en Bolivia.

*Emir Iskenderian Aguilera, experto en esta materia, a propósito de la falta de consulta gubernamental a los indígenas del parque Isiboro-Sécure, dice: El Gobierno boliviano implementa el proyecto carretero (…) Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Con un tramo de 305 kilómetros, este esfuerzo pretende integrar vialmente los departamentos del Beni y Cochabamba. La ruta trazada partiría en dos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS); ello provocaría su degradación ecológica y fragmentación territorial.  

*Empresarios en Pando se niegan a reconocer y devolver el territorio de los pacahuara, en riesgo de extinción y en autoaislamiento[5].

* Además de lo que dice el informe de la ONU sobre los ayoreo, pueblo que se encuentra en aislamiento voluntario, su realidad fue explicada en la Organización de Estados Americanos por una diputada de ese pueblo y con el respaldo de una organización que les apoya hace décadas y con el respaldo de una organización que les apoya hace décadas [6].

*El “desastre ecológico” que provocarían las empresas hidroeléctricas en el río internacional Madera, el más caudaloso de la región después del Amazonas, afectaría especialmente a los indígenas de esos lugares, lo se sumaría a una política errática que urge enmendar sin más postergaciones[7]. Y en Cachuela Esperanza está a punto de funcionar una hidroeléctrica.

Conscriptos también son víctimas

La violación de los derechos humanos de los conscriptos revela el comportamiento de los efectivos de las Fuerzas Armadas bolivianas, a pesar de que desde hace nueve años una materia de estudios son los derechos humanos, pero no hay cambios en el comportamiento de los miembros de aquella institución armada, como recordó el Defensor del Pueblo.

Se trata de los “ejercicios” a los que son sometidos los jóvenes que se enrolan en los cuarteles, léase tortura en Challapata, lugar en el que aquéllos fueron interrogados bajo la acción del llamado submarino: introducción de la cabeza, en el ejemplo, de un recluta a un río lo que provoca una sensación de asfixia o se siente una aproximación a ésta.

En la Escuela de Cóndores (Sanandita) el subteniente Grover Poma Guanto, a pocos días de su llegada a ese lugar, fue golpeado por colegas suyos en la cabeza. Como consecuencia le rompieron el cráneo y murió en un hospital de Santa Cruz, luego de que recibió atención en un nosocomio de Yacuiba. Una investigación de esos hechos continúa, pero como adelanto, tanto la Defensoría del Pueblo, como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia proponen emprender una campaña para conseguir el cierre de aquella Escuela en la que, se advierte, se violan derechos humanos de oficiales, clases y/o soldados de las FF.AA.

Una explicación por algún vocero  de aquella escuela militar de Sanandita es que esa pelea al que fue obligado Poma Guanto fue parte de una materia de estudios.

Sobre la violación de los derechos al trabajo, a la seguridad, entre otros de los abogados Jorge Quiroz y su esposa Claudia Lecoña, la APDHLP en carta al Presidente del Estado Plurinacional, dice:

“Los policías violaron en Caranavi los siguientes derechos: el de la vida, seguridad, salud, educación, libertad de expresión, trabajo, entre los principales. Estas afirmaciones que las reiteramos, son el resultado de una investigación resumida en un informe sobre aquellos hechos, de cuya redacción responde, en primer lugar, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), encabezada por Amparo Carvajal Baños, la compañera española (con cerca de 40 años de residencia en Bolivia) que asistió a los presos políticos, especialmente, de la dictadura fascista de Banzer.

“Los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, por encargo de las víctimas y, especialmente, de la Presidenta de la APDHLP y defensores de los derechos humanos, asumen la defensa de un grupo de presos de Caranavi, a los que se les sigue un proceso por presuntos 20 delitos y, ahora, son los profesionales que atienden el juicio criminal contra su Ministro de Gobierno, el Comandante de la Policía y los que resulten culpables, por la muerte de los estudiantes Hernani y Callizaya, luego de la investigación, la que no debe ser interferida por ninguna autoridad gubernamental y menos por usted, para lo que la nueva Constitución Política del Estado, que hemos ayudado a redactar y aprobar, no le concede facultad alguna.

“Usted tiene información de que los abogados, según ley, tienen garantías durante el ejercicio de sus tareas profesionales. En tal caso, su gobierno y usted, tienen la obligación de vigilar que se apliquen las leyes de Bolivia y jamás disponer que se las viole, como cuando usted ordena que se persiga a los dos abogados citados, bajo la sospecha infundada de que aquéllos participaron de los hechos de Caranavi.

“Más todavía, Jorge Quiroz, peruano nacionalizado boliviano, fue sobreseído, es decir, liberado de pena y culpa en un juicio sobre narcotráfico en Perú, según documentos que leímos. Además, él renunció a la policía peruana de la que fue oficial.

“Las denuncias de proxenetismo contra Quiroz y Lecoña, son una mentira monstruosa. Lamentamos que un gobierno del pueblo recurra a esa técnica que conocimos durante las dictaduras, la que a Eduardo Galeano le hizo decir que en ese tiempo las policías del Cono Sur de América (los del Plan Cóndor) “encontraban lo que ponían” para luego presentar esos inventos como pruebas en contra de los militantes de la resistencia antifascista de nuestros pueblos”.

Ahora suman seis los procesos en contra de los abogados Quiroz-Lecoña. Respecto de la querella contra de éstos, presentada el actual Viceministro de Seguridad Interior del Estado, en otra carta, la APDHLP dice:

“Le decimos, sin embargo, que si tiene algún cargo de conciencia debe abandonar aquel juicio contra los abogados Quiroz y Lecoña a los que se les viola, sabe usted, los derechos al trabajo, a la seguridad, al ejercicio de la profesión, al debido proceso, a defenderse a sí mimos, entre otros.

“Sobre los abogados Quiroz y Lecoña le avisamos, una vez más, que ellos defienden a pobladores de Caranavi en un juicio penal por cerca de 20 supuestos delitos y lo hacen a pedido de la APDHLP. Y, también, son abogados de los papás de Mario Fidel Hernani y David Callisaya, jóvenes muertos en Caranavi por disparos de policías, según testimonios; patrocinio jurídico que fue solicitado por aquellos ciudadanos caranaveños, el que la APDHLP respalda sin ser parte de este último juicio ni del primero. No obstante, le pedimos tomar nota, otra vez, de que ambos abogados pertenecen a la APDHLP. Por sí no tenga el dato, el abogado Jorge Quiroz Quispe es peruano de nacimiento, nacionalizado boliviano.

“En la APDHLP nos queda cada vez más claro que lo que quieren gobernantes, como usted, es conseguir que los abogados citados abandonen aquellos procesos por cuenta propia o por imposición del Estado y del gobierno.

“La APDHLP, le aseguramos, seguirá luchando contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos, preferentemente, de los humildes”.

Como una conclusión de esta parte de este informe subrayamos que en nuestro país, actualmente, junto con la violación del derecho al debido proceso, se violentan el acceso a la justicia, a la defensa, a la presunción de inocencia. Asimismo, se recorta el derecho a la integridad física y psicológica de las personas, es decir, se tortura. Y entre los derechos civiles: el secreto de las comunicaciones, al domicilio, privacidad, intimidad, honra, reputación y dignidad de la gente.

Límites a la libertad de expresión

El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral vigente en Bolivia viola cuatro derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE): a informar, comunicar, opinar e interpretar[8]. Incluso en ésta[9] es evidente la contradicción entre esos cuatro derechos y la prohibición de campañas electorales de los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

La Ley Antirracista, implícitamente, establece la censura previa [10], prohibida por la CPE, en tanto que el Reglamento de aquélla vulnera la CPE y la Ley que reglamenta [11].

Existe un decreto supremo que reglamenta el funcionamiento de las radios comunitarias que limita aquellos derechos constitucionalizados[12]. Tras que se promulgó aquel DS, trabajadores de medios de difusión rechazaron esas normas y pidieron que se las modifique porque violan esos cuatro derechos, a los que se deben sumar el derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa, parte de la CPE y que son complementarios de los cuatro derechos citados.

Los derechos citados le han sido violados a la directora de Radio Deseo, María Galindo, porque sin que medie ningún acto suyo que perturbe un matrimonio colectivo al que asistía el Presidente del Estado Plurinacional y el momento en el que periodistas la entrevistaban fue detenida por varios policías, es decir, sin orden alguna de autoridad competente. Se sabe, ahora, que  la Ministra de Cultura dijo que las autoridades encargadas de la seguridad y aquella Ministra (también comunicadora social y feminista) temían que M. Galindo desencadene algún desorden. La sospecha bastó para que le violen sus derechos de alguien que también ejerce el periodismo en el diario Página Siete y en la radioemisora Deseo.

Contradicciones entre la ONU y la CIDH

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos —reiteramos— asegura que los avances en materia de los derechos humanos en nuestro país son de tipo legal. Nosotros añadimos que incluso el Estado Plurinacional, aprobó un Plan para los derechos humanos con apoyo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Contrariamente a esa apreciación La Corte Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), tal como informa el diario La Razón (LP-15-V-11), cuando menos 18 artículos de seis nuevas leyes, aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional “vulneran normas sobre DDHH”, específicamente, esos artículos (18) se contraponen a similar número de normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969 y que es Ley de Bolivia del 11 de febrero de 1993.

Por su parte la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la OEA afirma que los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracista viola la libertad de expresión, contenida en la CPE, así como el artículo 20 de la Ley del Tribunal Cosntitucinal.

Asimismo, La Razón da cuenta de que ante la CIDH han sido presentadas 50 denuncias de violación de los derechos humanos por el Estado boliviano.

Requerimos una información, lo más precisa posible, para establecer de qué manera se busca atender otros derechos humanos como: agua potable, alimentación, vivienda, trabajo, seguridad, salud, educación, supresión del trabajo infantil, es decir, derechos insatisfechos y que son una herencia de regímenes pasados.

El porqué de esas violaciones de los DDHH

En el XVIII Congreso de la APDHLP sostuvimos que en las condiciones del actual gobierno, en su primer mandato, había condiciones materiales y subjetivas para que se respeten, promuevan, protejan y realicen los derechos humanos.

En ocasión de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fuimos parte de la propuesta en la que se proclamó que la APDHB debía defender, preferentemente, los derechos de los empobrecidos, sin perder de vista la universalidad de aquéllos.

En una sesión destinada al debate promovida por la APDHLP se introdujo una precisión pertinente: se dijo que los cambios actuales (para algunos reformas) es algo por lo que, cada quien desde su trinchera, aportamos para su advenimiento.

En aquella discusión concluimos en señalar que apoyaremos al gobierno en su lucha contra el imperialismo, el capitalismo, el racismo, el sionismo, el fascismo, el neofascismo, la discriminación…

Con esos antecedentes resulta pertinente ensayar algunas respuestas sobre el porqué de la violación de los derechos humanos en Bolivia de la transición.

Derechos como al trabajo, seguridad, agua potable, alimentación, vivienda, etc., para todos los bolivianos, es algo que abarcará un período de tiempo. Además, esos derechos sólo serán satisfechas plenamente cuando se cambien radicalmente las formas de producir y las de distribuir. Es decir, sólo en las condiciones de otra sociedad, justa y humana, el socialismo, serán satisfechos esos derechos.

Sin embargo, mientras no exista esa otra sociedad, justa y humana, deben buscarse al menos  aproximaciones en la atención de esos derechos.

Otros derechos han  sido violados desde los organismos armados y/o de seguridad, básicamente, porque aquéllos no han cambiado de modo que mantienen su vieja esencia, su naturaleza propia del viejo Estado, al que custodiaron largo tiempo.

La burocracia (por la que algún momento se dijo que vivía indolente y satisfecha) aporta en la violación de ese grupo de los derechos humanos.

Desde el gobierno lo más visible es la negligencia como uno de los factores que, asociados a otros, determina la violación de los derechos humanos.

Advertimos que en la medida en la que el actual gobierno cambia su contenido democrático, popular y antiimperialista y se imponen en el escenario boliviano formas autoritarias de gobierno la violación de los derechos humanos quizá continúe.

Por ello, en las actuales condiciones del gobierno actual la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad son una tarea irrenunciable.

 La Paz, 20 de mayo de 2011.

*Este documento fue aprobado por el XIX Congreso de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que encabeza María Amparo Carvajal Baños, realizado en esta ciudad los días 20 y 21 de mayo de 2011.