Elocuencia de la desfachatez

Raúl Prada Alcoreza
El Ministro del Gobierno ha llegado al colmo de la desfachatez, desconoce lo que se expresa en la Constitución, prefiere manipular una interpretación insostenible. Por ejemplo decir que la Constitución en el artículo 30 no establece la consulta previa. Para el que ha leído la Constitución esto queda claro, pues está impresa la condición de previa de la consulta a los pueblos indígenas. Pero el Ministro, como heredero de las prácticas leguleyas, prefiere hacer interpretaciones antojadizas, separando el texto del contexto, el artículo de la Constitución y, en la lectura del artículo, prefiere separar la consulta de la condición previa. ¿Por qué se hace eso? Se confunde al país con un escenario de juzgado ordinario. Se cree que se puede manipular, jugar con las interpretaciones, para conseguir un veredicto apropiado. Nada más alejado de la objetividad, de la interpretación integral, de una hermenéutica adecuada. Volvamos a la Constitución. El numeral 15 del artículo 30 dice expresamente que, uno de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios es:
Al ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
¿Proyectar una carretera, aceptar su diseño, llegar a compromisos con una empresa trasnacional constructora, con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil, llegar a convenios con el gobierno brasilero, avanzar dos trazos de una única carretera, por el lado norte y el lado sur, dejando el centro pendiente, presionar para que esta construcción del último tramo se efectúe, impulsar un cuestionario impuesto, no forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios? Decir que no, que no es una medida administrativa, que el artículo se refiere a los recursos naturales, es querer buscar cinco pies al gato. Confundir la cola con el pie. En palabras claras es pretender confundir a la opinión pública boliviana, suponiendo que es manipulable, que no está informada; por lo tanto, este supuesto no hace otra cosa que mostrar el poco respeto que tienen los gobernantes al pueblo boliviano. No hay dónde perderse, la consulta debe ser previa. La construcción de una carretera forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿qué es pues la construcción de una carretera que pasa por un parque y territorio indígena? El Estado es un monopolio administrativo, además de monopolio de la violencia simbólica y física, monopolio de las legalidades institucionales y de la homogeneización de la lengua, de la normalización de los sujetos, por lo tanto es un dispositivo supremo de la colonización y la civilización moderna. El Estado es el cartógrafo y el ingeniero de carreteras. Además de enarbolar desgastadamente el ilusorio discurso del progreso.
Ahora bien, que se pueda realizar una consulta previa, una vez detectado el error o la violencia estatal, depende del consentimiento de los pueblos indígenas. Consentimiento que no se ha dado. Este consentimiento es todo un proceso de consulta para efectuar la misma consulta. Lo que muestra también que nunca hubo buena fe, que es uno de los requisitos indispensables de la consulta, establecida por los convenios internacionales y consagrados en la Constitución. A pesar de las ambigüedades de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de lo intervenido que se encuentra por el Ejecutivo, sacó una sentencia que exige consensuar la consulta con los pueblos indígenas, es decir, acordar el consentimiento. Además de establecer que se requiere construir la consulta misma con los pueblos indígenas tal cual establecen los convenios internacionales, con participación de los pueblos y sus organizaciones matrices. Construir las preguntas, así como el protocolo conjuntamente, una vez que se ha informado sobre las consecuencias del proyecto, de manera objetiva y transparente, en lenguas propias. Todo esto además debe hacerse de forma libre, no impuesta. Como se puede ver ninguna de estas condiciones de la consulta ha sido cumplida por el gobierno y la Asamblea Legislativa, al contrario, ha violentado la estructura normativa y conceptual de la consulta imponiendo un cuestionario dirigido, cuestionario que hace de inducción de la aceptación de la carretera. Proponiendo un protocolo impostor, pues no tiene nada de protocolo, siendo una herramienta de imposiciones y de interpretaciones arbitrarias, desconociendo además a las organizaciones representativas indígenas.
Ahora el gobierno y la Asamblea Legislativa se hacen las desentendidas respecto a la sentencia constitucional. Pretende que la sentencia les avala en su sinuosa conducta y persisten en la insistencia del cuestionario impuesto llamado "consulta" por la ley 22. Hasta el Vicepresidente ha querido usar en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional expresando que es una sentencia sabia, que contempla la constitucionalidad de la consulta y pide acuerdo sobre la misma. Lo que no dice o no entiende el Vicepresidente es que la ley 222 no es de consulta aunque la llamen así, pues no cumple con las condiciones, con los requisitos, con la estructura normativa y conceptual de la consulta. Lo que sentencia el Tribunal es que se debe hacer una consulta como corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No de acuerdo a la interpretación forzada y mal intencionada del gobierno y la Asamblea Legislativa.
Otra cosa que llama la atención de las declaraciones del Ministro de Gobierno son sus apreciaciones sobre quiénes representan a la TCO del TIPNIS. Dice que son los corregidores. Desconoce taxativamente, sin rubor alguno, a la Subcentral del TIPNIS y a la CIDOB, que es la organización matriz de los pueblos indígenas de tierras bajas. Apuesta a su manipulación, a sus cooptaciones de dirigentes medios, aunque las comunidades terminen desconociendo a sus representantes comunales vendidos. Trae a los dirigentes del CONISUR, aunque estos no tengan nada que ver con el territorio de la TCO del TIPNIS, pues se encuentran en el polígono siete, en la zona de avasallamiento, donde se asentaron los cocaleros excedentarios, recibiendo títulos individuales. La Subcentral del TIPNIS recibió el 2009, por parte del mismo presidente Evo Morales Aima, el título colectivo de reconocimiento de la propiedad comunitaria de la TCO del TIPNIS de los pueblos chimane, moxeño y yuracaré. La Subcentral es administradora, representante, sino titular de esta propiedad comunitaria. Empero el gobierno se empeña en desconocer estos hechos jurídicos y constitucionales, diciendo que los que deben decidir son todos los pueblos que habitan el TIPNIS, apuntando a su impuesto cuestionario, que es una consulta espuria, apostando a su cooptación de corregidores y dirigentes comunarios, saltando a las legitimas representaciones indígenas. ¿Qué es esto, si no se llama cinismo?
El poder, la ubicación en los tronos del poder, coloca a las personas que acceden al gobierno en una burbuja política, en escenarios ceremoniales del poder, donde se produce un particular condicionamiento psicológico, efectuando un comportamiento ególatra de tal magnitud que, los gobernantes creen que desde donde están pueden recrear la realidad a su gusto y antojo. Creen que lo que se dice ya es como un decreto, entonces la realidad debe obedecer como un animal domesticado a sus designios. Este capricho muestra el alcance de esta psicología del gobernante, de su desconexión de la realidad, de su alucinante imaginario. Los gobernantes confunden a la mayoría de las personas, que viven su vida cotidiana, con sus allegados, con sus entornos, con sus "llunc'us", creyendo que todos deben comportarse como sus aduladores, que siempre les dan la razón en todo, hasta en sus más crasos errores. Nada más equivocado. Empero, es difícil que se den cuenta de su desconexión con la realidad, están tragados por los escenarios de ceremonialidad del poder donde se pierden e inflan sus egos. Sólo podrán encontrarse con la realidad de los hechos y los acontecimientos cuando se estrellen contra ella, cuando el dramatismo de la política los estrelle contra el suelo de las evidencias.
La torpe manipulación persiste cuando la IX marcha llegó a la ciudad de La Paz. Se apresuró un arreglo con los policías amotinados, se cerró férreamente la plaza ante los marchistas. No se los dejó pasar a pesar de que los del CONISUR daban una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Se sigue intentando desbaratar a los marchistas alojados en el Coliseo de la UMSA, buscando contar con los dirigentes medios, firmando convenios con ellos, desconociendo que la máxima autoridad ahora es la marcha, los dirigentes de la marcha. Esta desesperación deriva en la repetición anecdótica de formas represivas denostadas, develadas y cuestionadas por la ciudadanía. El gobierno intentó, como en Chaparina, de nuevo llevarse en buses a los indígenas de la vigilia en los alrededores del Banco Central y de la Vicepresidencia. Esta maniobra fue descubierta infraganti, maniobra descarada que involucra al mismo Ministro de Gobierno, a sus viceministros, a buses de YPFB usados para semejante tarea. No hay miramientos ante lo que se pueda hacer, el fin justifica los medios. Este maquiavelismo vulgar ha calado en los huesos de los gobernantes.
Otro recurso utilizado por el Ministerio de Gobierno es la descalificación sistemática de la dirigencia de la marcha. Se ha blandido en contra de Bertha Bejarano, dirigente de la marcha, la acusación de que fue detenida en el Brasil por narcotráfico y después absuelta por la consideración de indigencia. La dirigente expió la condena y fue condescendida por el gobierno brasilero con un perdón, bajo consideraciones humanitarias. El gobierno brasilero distingue bien lo que son los narcotraficantes de las personas que se ven circunstancialmente a llevar cargas menores, esto debido a su condición de miseria, buscando salidas económicas a su pobreza. El gobierno boliviano es desalmado y descarga su furia sobre el cuerpo de una mujer castigada por la vida. Esta pose moral cae por su propio peso; el mismo Ministro de Gobierno dice desconocer el archivo de dirigente cocalero David Herrera a favor de la carretera, quien tiene antecedentes de narcotráfico, que ahora agita a favor del gobierno, de la carretera y en contra la IX marcha[1]. Eso sería poco, el gobierno se hace al desentendido frente a la declaración de zona roja del polígono siete por su detectada producción de cocaína, también oculta que en el TIPNIS se encuentran muchas fábricas de cocaína, sólo algunas han sido supuestamente descubiertas. Todas estas fabricas están relacionadas con la producción de coca en el Chapare. Por otra parte, oculta que todas las fronteras del país se hallan comprometidas con el narcotráfico y se ha extendido estrepitosamente por toda la geografía la economía política de la cocaína. Todo esto oculta el gobierno y persiste en descalificar a la dirigente Bertha Bejarano, persiste en la insistencia de construir la carretera para favorece la extensión del cultivo de coca excedentaria, además adecuada de usarse para la exploración hidrocarburífera, contando con las concesiones que ya hizo a empresas trasnacionales del petrolero. ¿Qué clase de conducta es esta sino es la elocuencia del mismo cinismo descarnado y el poco apego que se tiene a la ética y a la moral?