Jonatan Condori Roque
(AquíCom 16-08-14). El Movimiento Al Socialismo (MAS) y los partidos opositores con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que carguen con el “muerto”, que se responsabilicen de la crisis galopante de la justicia boliviana, porque su parlamentarios seleccionaron a los “magistrados electos” al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.
La ciudadanía, el 16 de octubre de 2011, ya manifestó su posición al respecto, con el 60 por ciento de los votos nulos y blancos frente al 40 por ciento de los votos válidos; es decir, seis de cada 10 personas, que acudieron a las ánforas, manifestaron su rechazo o duda con los abogados elegidos por la mayoría oficialista en la ALP.
Es más, la exministra de Justicia, Nilda Copa, el 14 de octubre de 2011, aseguró que el “proceso de (la) revolución judicial empieza aquí, continuará mañana y será un éxito”, pero el mismo Gobierno, tras dos años y medio de ejercicio de las máximas autoridades del Órgano Judicial dijeron que preparan una estrategia para revocarlos porque “no responden a las expectativas”.
La Real Academia Española define el término revocar: “Dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. Arreglar o pintar de nuevo por la parte exterior las paredes de un edificio”. ¿Será que el oficialismo quiere quitarles el mandato a los magistrados para arreglar superficialmente la crisis judicial o hacer una trasformación mediante la meritocracia?
De acuerdo con el parágrafo I, del Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, los interesados en revocar a los magistrados preguntaran al soberano “sobre la continuidad o cese de funciones de las autoridades electas”, pero ¿acaso también preguntarán a la ciudadanía para las alternativas de solución a la crisis o nuevamente decidirán entre las cuatro paredes? (AquíCom 16-08-14).