La educación ganará la batalla*

Marchan por centenares de miles y semanas tras semanas chilenas y chilenos de las más variadas condiciones, para hacer pesar su opinión mayoritaria en torno a un problema de tanta trascendencia como la educación deficitaria y discriminatoria que impuso la dictadura. Y la respuesta del gobierno y de los partidos y personeros de la derecha va desde un silencio que denota indiferencia hasta la represión policial, pasando por maniobras, designación de otra “comisión de expertos”, descalificaciones y amenazas. 

Dice el presidente de la cámara de diputados que el parlamento es el espacio en que se debaten las leyes, y que eso sí es democracia.

No importa que ese parlamento sea una rara mezcla de “binominales” y “designados”. Pero menos importa que si algo es característico de una democracia digna de su nombre, es que la opinión mayoritaria sea al menos escuchada y respetada.

En las últimas horas se han reproducido las movilizaciones ciudadanas en apoyo a las demandas por cambios sustanciales en la educación pública. Se le pide al estado que se haga cargo de un deber que debiera serle esencial: educar. Y ello es presentado como un atentado a la razón y al derecho.

Se espera del estado que haga cumplir una ley que prohíbe expresamente el lucro en la educación, y desde el gobierno se postula como necesidad abrir a ese respecto un debate. Y son los mismos que apelan al “estado de derecho” cuando estudiantes hacen uso del recurso a las tomas de sus establecimientos para hacerse oír y que se cumpla la ley.

Es el mismo ministro del Interior que así actúa en el caso de las movilizaciones, el que se aparta del camino del derecho y la institucionalidad para entrometerse en los territorios jurisdiccionales de otro poder del estado y amenazar a los jueces y fiscales con una persecución política de no someter ellos sus juicios y actuaciones a la lógica del gobierno de turno. ??El debate, las controversias, la confrontación, se hacen cada vez más agudas ante plazos que se acortan y definiciones que las partes deben adoptar.

Que la querella de la educación es de la más alta importancia para el presente y futuro de Chile, como lo reconocen incluso desde la derecha y lo demuestra el que esté en el debate diario, es un argumento irrefutable para que la determinación de millones de ciudadanos que se involucran en ella sea, más aun que legítima, altamente deseable. Pero no es así como lo entiende un régimen que cada vez más se arrincona en sus posiciones, con la lógica que corresponde a su condición de minoría, ya adelantada por todas las encuestas.

De allí que aun más allá de su importancia y validez específicas, esta aguda controversia que tiene como centro a la educación pública adquiera a la vez la significación de alertar sobre la conducta que es lícito sospechar de los poderes públicos ante otras controversias que ya están instaladas y que, sin duda, conocerán un desarrollo a la par de las movilizaciones del último tiempo.

A descalificaciones como las que sugieren, o lo afirman abiertamente, que las propuestas y planteamientos de los estudiantes no les serían propios por su “falta de madurez” y de “juicio”, responde la adhesión mayoritaria que saluda ese pensamiento juvenil, agradeciendo su valentía y poniendo de relieve su validez conceptual.

Lo cierto es que las movilizaciones no terminan, que el ancho camino está abierto, que la lucidez y la decisión de tantas y tantos admirables jóvenes que piensan y debaten, marchan y luchan a lo largo del país, ya es un dato irrenunciable; y un hecho a vaticinar con alegría, que la batalla de la educación será ganada por el pueblo. ?

EL DIRECTOR

*Editorial de El Siglo, vocero del Partido Comunista de Chile, del 11 de noviembre de 2011.