Iguala, nuevo escenario del horror de la narcoviolencia

El fin de semana se encontró una fosa con 28 cuerpos

El 26 de septiembre un grupo de estudiantes normalistas que viajaban en buses en la localidad mexicana fueron atacados tanto por policías como por sicarios del narcotráfico

Domingo, 12 de octubre de 1014

Juan Eduardo Araos y agencias / Aldea Global 

Un grupo de universitarios retorna en buses hacia su localidad. De pronto, en medio de la vía, policías y pistoleros ligados al narcotráfico atacan a los vehículos, matan a tres estudiantes y 43 se dan por desaparecidos. Días  después, investigadores hallan una fosa común con decenas de cuerpos, de los cuales se cree que al menos 18 pertenecen a los jóvenes.

Lo narrado no es parte de una truculenta película de violencia. Es lo que pasó hace unos días en la zona de Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero (a unos 200 kilómetros de Ciudad de México) donde la narcoviolencia campea de sol a sol y el crimen organizado se incrustó entre las autoridades y la Policía.

Los estudiantes pertenecían a la escuela Normal de Ayotzinapa, de Chilpancingo, conocida por su tendencia de izquierda y carácter combativo, y que retornaban al centro educativo el 26 de septiembre luego de recaudar fondos. De pronto fueron atacados por policías municipales y sicarios  del cártel Guerreros Unidos, surgido en 2010 ante el debilitamiento del poderoso clan de los hermanos Beltrán Leyva. Es una muestra más del terror de la narcoviolencia, que ha dejado desde 2006 una estela de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.

Autoridades acusadas

En sus declaraciones, algunos sicarios, de una treintena de detenidos, aseguraron que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, fue quien dio la orden de interceptar el vehículo; Flores le habría encargado la operación a El Chuky, uno de los cabecillas de Guerreros Unidos.

Versiones de prensa dan cuenta además de que Flores habría cumplido a su vez órdenes de María de los Ángeles Pineda, la esposa del alcalde José Luis Abarca, que buscaba evitar así que los universitarios interrumpieran un acto público y para escarmentar a un sector especialmente politizado y rebelde de su región. El edil y su director de seguridad se dieron a la fuga.

Según el periódico El Universal se sospecha que Abarca está vinculado, a través de la familia de su esposa, con el cártel. Además, otra de las autoridades involucradas es el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares.

Testigos informaron que luego del ataque muchos de los jóvenes fueron vistos por última vez en las patrullas policiales; los sicarios detenidos dijeron que ellos recibieron a los normalistas de manos de los policías para que los ejecuten y los dejen luego en las fosas clandestinas en las que fueron hallados el sábado en una zona montañosa a dos kilómetros de un camino cerca a la comunidad de Pueblo Viejo.

Para llegar ahí se debe caminar al menos una hora y media por una zona inhabitada, llena de lodo, con tupida vegetación tropical en un monte escarpado por el que parece imposible el paso de un automóvil.

Un reporte de AFP grafica que el aire puro que suele respirarse en el lugar se ha impregnado de un hedor a putrefacción emanado de las fosas. Muchos cuerpos están irreconocibles debido a que los criminales los quemaron; algunas fuentes señalan también que fueron descuartizados.

Violencia y medidas

Debido a la violencia y a la relación del narcotráfico con las autoridades, Guerrero es una zona de intensa actividad del narcotráfico,  de extrema pobreza y conflictividad social. Es una de las primeras cinco regiones con mayores índices de homicidios y secuestros del país.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que recibió múltiples pedidos de que se haga justicia en este caso, tomó cartas en el asunto y ordenó intervenir Guerrero. El Ejército y la Gendarmería mexicana, nueva división de la Policía Federal, asumieron el control de la seguridad de Iguala.

También fueron detenidos más de 20 policías municipales acusados de trabajar para el cártel y se investigan a otros que fueron enviados a un centro de adiestramiento militar en el estado de Tlaxcala para su evaluación.

Lejos de acobardarse, los criminales desafiaron a las autoridades. El lunes se encontró un afiche en una zona de Iguala en el que presumiblemente los Guerreros Unidos escribieron un mensaje en el que le daban 24 horas a las autoridades para liberar a los policías municipales detenidos.

"Ya empezó la guerra”, se leía en el letrero, informó  el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Y mientras siguen las investigaciones, los habitantes de Guerrero intentan también continuar con sus vidas en medio de esa zona de alta conflictividad. Uno de ellos es José García, quien busca conciliar el sueño cuando en las noches escucha desde su casa el motor de las camionetas que van y vienen de Pueblo Viejo. Cree que en camionetas como esas fueron transportados los estudiantes.

Él ni se asoma cuando ve a lo lejos alguna que otra fogata que encienden los presuntos delincuentes. Dice que las calles y las montañas de su región "son territorio de los malos”. Más que malos son asesinos desalmados.