Sobre la destrucción de la memoria policial acaecida en los hechos del 22 de junio de 2012

A la opinión pública, a la comunidad académica, a los historiadores, bibliotecólogos, archivistas, documentalistas, oficiales de la Policía Nacional, oficiales de las Fuerzas Armadas, servidores públicos, Administradores del Estado y miembros de las organizaciones sociales:
Los archivistas, bibliotecólogos e historiadores, que suscribimos, reunidos el 25 de junio, hemos analizado las últimas acciones de protesta que han derivado en la lamentable destrucción de los Archivos de la Policía Nacional. Como es de conocimiento general, el viernes 22 de junio de 2012, La Paz y las principales ciudades de Bolivia amanecieron con un motín policial, protagonizado por un sector de la Policía Nacional, llamada a sí misma como "clase de baja graduación", comprendida desde suboficiales hacia abajo. Estos efectivos ejecutaron acciones de hecho respaldando a sus esposas, las que a tiempo de exigir la nivelación salarial, respecto de la misma clase en las FF.AA., se declararon en huelga de hambre y con ese fin tomaron instalaciones policiales.
Sus exigencias se refieren esencialmente a reivindicaciones corporativas, entre ellas un incremento salarial y la jubilación al 100% respecto al último salario, pero también otras como la derogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial de la Policía Boliviana y la creación de la Defensoría de la Policía.
En esa jornada se consumó un acto de depredación contra el Archivo de la Policía Nacional, un bien y recurso indispensable que forma parte integral del Patrimonio Documental del Estado boliviano. En el pasado se han suscitado hechos similares, generalmente como resultado colateral del desborde de masas enardecidas que asaltan instituciones y destruyen los archivos a su paso, sin medir las consecuencias del daño.
Sin embargo este caso en particular, tiene sus peculiaridades, pues fue resultado de una operación tipo comando, cuidadosamente planificada, perfectamente instruida, para tomar por asalto violentamente las dependencias de la Dirección General de Investigación Interna Policial, ubicada en la Plaza de la Merced y Calle Colón. Cumpliendo el plan, efectivos policiales tomaron por asalto, deliberadamente, el Archivo institucional del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, sacaron todos los expedientes, gaveteros y equipos de computación, todos bienes de propiedad del Estado, para prenderles fuego en vía pública, con el fin que las llamas consumieran la documentación, con la consecuente destrucción de su información.
Es la primera vez, en los anales de la Historia de la Archivística Boliviana, que un Archivo institucional es destruido por efectivos policiales, en operación tipo comando, como objetivo específico para destruir por fuego, antecedentes y procesos, aprovechando una reivindicación social legítima; ejecutado a la luz del día, en vía pública, ante la vista de la ciudadanía que transitaba por esas inmediaciones, que observó impotente y perpleja, como testigo involuntario de la destrucción de bienes públicos, que son pagados con dineros del pueblo. Llama poderosamente la atención que la institución asaltada sea la que investiga de transgresiones y delitos policiales.
En las mismas instalaciones se encuentra el Archivo y Museo Histórico de la Policía Boliviana, felizmente, la que no sufrió daño alguno, pues no formaba parte del objetivo. Se ha informado que en La Paz también fueron asaltadas las oficinas del Servicio General de Identificación Personal, entidad que hasta hace poco se encontraba bajo la administración policial. La prensa informó, que fueron destruidos archivos y computadoras en las ciudades de Cochabamba y Beni, igualmente de forma premeditada.
Ante estos hechos, los Archivistas, Bibliotecólogos e Historiadores que suscribimos:
• Denunciamos que esta es la primera acción premeditada y planificada para destruir un Archivo Institucional, en los anales de la Historia de la Archivística Boliviana.
• Repudiamos y reprobamos que, a raíz de una movilización de suboficiales, clases y efectivos de la Policía Nacional, para exigir reivindicaciones salariales y sociales, dichas acciones hubieran derivado en un nuevo atentado contra el Patrimonio Documental de la Nación.
• Expresamos nuestra indignación que sean precisamente miembros de la Policía Nacional, cuya misión constitucional es la de preservar los bienes públicos y garantizar la seguridad ciudadana, quienes hubieran asaltado deliberadamente —en una acción que riñe con lo que establece la Constitución Política del Estado— su propia institución para destruir por fuego, su propio Archivo institucional, que forma parte del Patrimonio del Estado.
• Informamos que los archivos policiales destruidos de manera irreversible, contienen información referida a investigaciones impulsadas por la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía, es decir denuncias de transgresiones y delitos policiales, atendidos por el Tribunal Disciplinario Policial, tanto de procesos ya extinguidos de las décadas del 70, como otros más recientes atendidos en el marco de la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial.
• Alertamos, sin embargo, que existen mecanismos legales para proceder a la reposición de los expedientes destruidos, en base a copias que cursan en instituciones e instancias administrativas e institucionales, por lo que la parte interesada en destruir antecedentes de delitos y transgresiones, debe saber que los hechos que pretenden sepultar saldrán de todas maneras a la luz de la verdad histórica.
• Denunciamos que los efectivos policiales, al haber obrado de manera premeditada y planificada para atentar contra su propia memoria institucional, han actuado al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico y por ello han vulnerado el Art. 237 de la Constitución Política del Estado, han incurrido en el incumplimiento de funciones y sus acciones caen en los delitos de "Destrucción y supresión de documentos públicos" (Art. 202 del Código Penal), con las agravantes de "Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional" (Art. 223), y "Daño calificado: cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor estimable" (Art. 358), sancionables con reclusión penal de uno a seis años.
• Exigimos a las instancias estatales, en el marco del ordenamiento jurídico-administrativo vigente, evaluar los daños causados a la documentación y velar que esta acción no quede impune, como otras tantas que ocurrieron en el pasado de destrucción de la memoria y del patrimonio documental.
• Instamos y exigimos a las organizaciones policiales, sindicales, gremiales, las agrupaciones políticas, y de la sociedad civil, dejar de buscar como objetivos políticos a los Archivos y Documentos públicos, pues son "bienes y recursos documentales indispensables para la administración pública, la información e investigación científica, la promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional", según lo establece el Decreto Supremo 22144, de 2 de marzo de 1989, y por ello mismo de Máxima Utilidad y Necesidad nacionales, que forman parte del mayor legado que puede dejar una sociedad civilizada y organizada a sus hijos y a las nuevas generaciones.
• Una Nación sin memoria está condenada a repetir sus errores históricos, a perpetuar su atraso y subdesarrollo histórico, y está condenada a la irremediable pérdida de su identidad.
• Los historiadores, archivistas y bibliotecólogos, recordaremos el 22 de junio de 2012, como el Día Ignominioso de la Destrucción de la Memoria Policial, a manos de sus propios interesados, miembros y titulares de su documentación.
Las entidades técnicas, la comunidad de archivistas e historiadores, bibliotecólogos y documentalistas de Bolivia, en particular; las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, tienen el deber y la obligación de pronunciarse.
La Paz, junio de 2012
Luis Oporto Ordóñez, historiador y archivista; Mary Money, historiadora y archivista; Fernando Chuquimia Bonifaz, historiador y archivista; Gonzalo Aguilar Dávalos, historiador y archivista; Raquel Lara Gómez, bibliotecóloga; Gabriela Lázaro Guerrero, historiadora.