editorial
En una revolución socialista —transformación a la que también denominamos segunda y definitiva independencia de Nuestra América y de Bolivia— la salud es un servicio para todos los habitantes de un país, así como en Bolivia: lo que aquí tendría que haber ocurrido en el curso de los casi 13 años del agotado proceso de cambios. Sin embargo, aquí no hubo ni hay ni habrá —en un año más— revolución democrática y cultural.
Ministros del actual régimen hablaron sobre una irreal revolución en salud de este último tiempo. Los que están informados y/o conocen el tema aseguran que no hay tal revolución en salud y que las deficiencias de este servicio son ahora más visibles.
Reproducimos datos que explican esta afirmación:
—El presupuesto es insuficiente para atender las enfermedades crecientes, en número y gravedad, entre los bolivianos.
—En nuestro país no existen ni recursos humanos ni materiales destinados a la prevención, es decir, al cuidado de los ciudadanos para evitar que se enfermen (y nos enfermemos).
—Hospitales, equipos, médicos, enfermeras y otros profesionales paramédicos son tan pocos con relación a los requerimientos que limitan enormemente al posible servicio universal de salud (SUS).
—La inexistencia de una ley, que regule el SUS, acentúa las dudas respecto de la ejecución, de ese servicio, con buenos resultados.
Los que se niegan a escuchar y no quieren ver, destacan la necesidad de la salud para todos, aunque admitan, sin decir nada o hablando poco, que con tan limitados recursos es imposible contar con aquel servicio el que, se advierte, se lo propone, en tiempos electorales, con el propósito de ganar votos que se sumen en favor de los anticonstitucionales candidatos a la reelección: Evo Morales y Álvaro García.
Con fundamentos, no hay opositores al SUS, a pesar de que, entre otras cosas, por el SUS nada pagarán los que lo reciban; en cambio, por el seguro de salud de las cajas del ramo, los beneficiarios suyos son descontados de sus sueldos y de sus salarios. Esa es una desigualdad.
Un médico, alineado con los gobernantes y que ostenta un cargo sindical, hizo una confesión: tras que empiece a funcionar el SUS —dijo— serán los beneficiarios los que defenderán el servicio y no habrá médico alguno que se anime a rechazar esa demanda de la gente. Esa es otra carga contra los médicos.
La exigencia de los médicos para que el SUS se ejecute con recursos económicos, profesionales, hospitales y equipos suficientes e indispensables (con los paros incluidos), también son contrarrestados por los gobernantes, incluso con operadores a su servicio: un periodista, que se presenta como dirigente sindical alteño, presentó una acción popular, la que ha sido declarada procedente, de modo que los médicos deben garantizar la atención a los pacientes, sin paros ni huelgas de hambre; sin embargo, el mismo fallo reconoce el derecho que tienen los médicos a la protesta con acciones que las emprendieron, con buenos resultados, contra el Código Penal que los gobernantes quisieron imponer.
Ante aquélla resolución, los médicos responden que no tienen miedo y que seguirán la lucha, como ya lo han hecho.
Nosotros sostenemos que en la confrontación entre gobernantes y médicos, que involucra cada vez más a bolivianos y a bolivianas, debemos tener claro que la lucha no es entre médicos y población que cuenta con seguro de salud, frente a los que se beneficiarán con el SUS.
Es cierto que hay contradicciones entre aquellos sectores sociales respecto del SUS; contradicciones que deben ser resueltas sin rupturas.
A la vez, al tiempo de superar esas contradicciones (o tensiones), la gente del pueblo debe utilizar el sentido común y todas sus fuerzas para forjar una nueva unidad del pueblo, en este momento, para defender los servicios de seguros de salud, sin lastimar en lo más mínimo el derecho a la salud, con el SUS, del 70 por ciento de los bolivianos.