Vicepresidente quiere cárcel sin proceso para periodistas (III)

De sábado a sábado 372

Remberto Cárdenas Morales*

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro Marcelo García Linera, ha dicho que deben ir a la cárcel los periodistas y dueños de medios (se supone) que han mentido en contra del Presidente del país, dentro del caso Gabriela Zapata-Evo Morales.

“Si esos medios de comunicación mafiosos y mentirosos, esos abogados mafiosos y mentirosos, esos políticos mafiosos y mentirosos fueron capaces de atacar a un Presidente, imagínense que harán con ustedes”, dijo el Vicepresidente en la inauguración del XX Congreso de Comunidades Interculturales (colonizadores) en Chimoré, Cochabamba, el 15 de este mes.

“Aquí no hubo inocentes, una mujer mentirosa, abogados mafiosos, medios mentirosos y políticos tramposos que juntos han hecho una conspiración política mediático contra Bolivia”, afirmó.

Remató su discurso así: “Hemos derrotado con la verdad y los responsables tienen que ir a la cárcel, no vamos a perdonar que se use así la ley, que se maltrate la dignidad de un niño, no vamos a permitir que se engañe a la población, por eso van huyendo como ratas porque la ley se va aplicar tarde o temprano con los mentirosos”, apuntó.

Aquel funcionario, que propaga afirmaciones para una antología de la estupidez política, con esa declaración pierde de vista —lo que no tendría que ignorar— garantías constitucionales como aquella que se presume la inocencia incluso de un inculpado mientras no se demuestre lo contrario. Ese principio tiene vigencia o debiera estar en vigencia en todos los más de 100 países afiliados en las Naciones Unidas. Es cierto que la ley antinarcóticos de nuestro país —mantenida por los actuales gobernantes— presume la culpabilidad de alguien culpado de narcotráfico hasta que éste no demuestre lo contrario.

Específicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que toda persona tiene derecho a un proceso debido si es sospechoso de haber cometido delito. Es decir, debe ser escuchado dentro del juicio que se le siga, tiene que contar con un abogado defensor, se debe reconocer su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, ningún funcionario público —como lo hace el Vicepresidente en el caso que comentamos— debe meter su cuchara para influir en el destino de un proceso criminal, un encausado tiene derecho a presentar testigos y pruebas escritas para demostrar su inocencia, la que tiene que ser determinada por un juez o jueza probos, es decir, que administre justicia, como muy rara vez ocurre en Bolivia, sobre todo el último tiempo.

Proceso debido entre nosotros, además, quiere decir que si se cree que un periodista cometió alguna falta en el despliegue de su labor debe ser demandado ante un tribunal de imprenta, éste debe estar integrado, asimismo, por jueces ciudadanos, juzgadores colectivos. Y las sanciones  dentro de un proceso de imprenta, para desconsuelo de García Linera, son pecuniarias, pago de multa con dinero, y nada de cárcel.

Sobre la cárcel para un enjuiciado ante cualquier tribunal legal es necesario mantener en el coco que es el juez, como autoridad competente, el que dictamina aquélla, como sanción, pero con el propósito de conseguir la rehabilitación el encarcelado.

El Vicepresidente, que propuso en nombre de los gobernantes, la cadena perpetua para sancionar a los violadores de niñ@s muestra sostener ideas marcadamente punitivas, vale decir que a ese funcionario que se cree portador de ideas incluso avanzadas, privilegia la punición, el castigo severo en alto grado para los delincuentes, a pesar de que lo verdaderamente contemporáneo es que en las prisiones se ponga el acento en la rehabilitación antes que en el castigo, con mayor razón en un país en el que se habla de cambios.

Cuando García Linera dice que los medios (implícitamente habla de periodistas) irán a la cárcel porque, según él, mintieron respecto del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, por el que se dijo nació y murió. Esa afirmación no es una metáfora, cuando menos habla de los deseos de aquel funcionario público.

Si acaso hubiera —lo que ya no debemos esperar— al menos lenguaje riguroso del Vice… éste sugiriera un proceso debido, de imprenta como se dice por costumbre, lo que no quiere decir, lamentablemente, precisión. Incluso dentro de un proceso como ése, un gobernante puede ofrecer pruebas destinadas a que se demuestre la culpabilidad de un periodista, supuesto infractor, procesado por un tribunal de imprenta.

A los que alegan, sin fundamentos, que la Ley de Imprenta tiene más de 90 años y que por ello es inaplicable o al menos inactual, les decimos que aquella norma tiene carácter especial (quiere decir que contiene su propio procedimiento), mantiene un tribunal colectivo (jueces ciudadanos), presume la inocencia de los encausados mientras no se demuestra su culpabilidad, no es punitiva en tanto establece penas pecuniarias (no cárcel). Esa ley contiene instituciones jurídico-legales burguesas, las cuales han sido apropiadas incluso por gente del pueblo, sobre todo por los periodistas. Ejemplo: la libre expresión que norma la Ley de Imprenta se la defiende desde los bloques empresariales y laborales, aunque son los dueños de los medios (privados y estatales) los que usan con mayor ventaja la libertad de pensamiento y de expresión. Este último término está mejor formulado en la Convención sobre Derechos Humanos o Convenio de San José de Costa Rica (1969), que es ley de Bolivia desde 1973.

Un juez obediente al gobierno a  instancia del Ministro de Obras Públicas pidió, judicialmente, nombres de periodistas que difundieron una conferencia de prensa de la otrora pareja de Juan Evo Morales Ayma, con certeza para enjuiciarlos criminalmente. Ese juez recurrió a normas penales en vez de exigir incluso un proceso según la “vetusta” Ley de Imprenta (1925), “despreciada” por los oficialistas.

A ese juez el actual presidente del Senado, Gringo González, le iba a enviar una copia de la Ley de Imprenta, se entiende, para que la aplique, antes que las leyes punitivas. Hace teatro de mal gusto el Gringo con indirectas porque —quizá sea pedir demasiado— debió solicitar que ese juez aplique la Ley de Imprenta  y que abandone su intención implícita de meter miedo y pleito a los periodistas y talvez a ciertos propietarios de medios de difusión.

El Ministro de Obras Públicas, en contradicción con ese juzgador y del Vicepresidente, a pesar de que a instancia suya aquel juez pidió nombres de redactores de noticias, afirmó que no habrá juicio en contra de ningún periodista.

Las ligerezas de los gobernantes son muchas en escaso tiempo. El presidente Morales, en su primer mandato, hablaba de que necesitaba aprender a gobernar y que gobernaría con el pueblo. Esas y otras, como las del Vicepresidente son ahora amenazas. Una de las claves es que los periodistas sin bajar la guardia, mejor dicho, redoblando la guardia ofrezcamos a los públicos, a los lectores, el mejor periodismo que seamos capaces de hacer.

La libertad de pensamiento y de expresión debemos defenderla y ejercerla todos los días, en nuestros medios, respecto de los dueños de éstos y frente a los funcionarios del Estado llamado plurinacional y ante el gobierno reformista burgués en funciones.

Sobre la cárcel anunciada por AMGL para los periodistas, que en realidad realizaron su trabajo, es aconsejable mirarlo con indiferencia y pasar, así como aconsejó Dante Alighieri, el primer exiliado político en el mundo, de acuerdo a datos de historiadores, que lo más probable es que no hayan tenido título de tales, pero que sí eran historiadores y qué historiadores.

Además, las lisuras teóricas y políticas del segundo funcionario de Bolivia no deben quedar sin respuesta. Es lo menos que debemos hacer.

Algo más, AMGL pretende que los periodistas dejemos de ejercer nuestro oficio, es decir, que informemos al gusto de los gobernantes, que dejemos de ayudar a que el pueblo se comunique, que para ellos es mejor que dejemos de opinar y que el análisis (de la noticia y del comentario) no lo emprendamos aunque hay necesidad cotidiana a hacerlo.

Tenemos que proclamar, ante los que nos amenazan para que nos autocensuremos, que no les tenemos miedo, que a nosotros —creyentes católicos o no— la verdad sí que nos hace libres.

Asimismo, tenemos que ejercer los derechos individuales y colectivos —que están inscritos en la Constitución Política del Estado, que ayudamos a redactar y que aprobamos en referéndum—, a informar con veracidad, a facilitar la comunicación de los más sencillos en especial, a opinar con responsabilidad y a interpretar con ética.

Acerca de estos derechos los gobernantes, como el actual gobernador de Cochabamba, periodista Iván Canelas, ha dicho sin sonrojarse que los periodistas en vez de informar, interpretamos la noticia. Tenemos derecho a interpretar-analizar la noticia y el comentario. La crítica nuestra es que los periodistas lo que menos hacemos es interpretar la noticia y el comentario.

Un constituyente del MAS, en ese momento en funciones, cuando conoció la propuesta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSUTPB) que incluía aquellos cuatro derechos para la nueva CPE confesó que no se nos debía conceder, a los periodistas, el derecho a interpretar. Atrevida ignorancia suya, no sabía que a pesar de todo algunos periodistas ya interpretaban antes de esa norma.

Al Vicepresidente es necesario recordarle algo elemental: nadie, por tanto, ningún periodista debe ser encarcelado, si es que no se investiga su presunta falta, se lo procesa y se dicta una sanción pecuniaria. El proceso debido, está planteado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en las normas del derecho universal, latinoamericano y boliviano; también en la CPE boliviano y en otros convenios.

Llama la atención que el funcionario de marras parece interesado en quebrar el estado constitucional de derecho. En el país que eso ocurre, en consecuencia en el nuestro, el pueblo tiene derecho a la rebelión, como se expresa en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El pueblo boliviano se ha rebelado varias veces en función de sus intereses. Sabe rebelarse contra sus opresores y explotadores.

La Paz, 18 de junio de 2016.

*Periodista