
Editorial Aquí 358
La modificación en el esquema de precios de los carburantes en Bolivia, precipitada por un levantamiento parcial de las subvenciones estatales en diciembre de 2025, ha dejado de ser un ajuste técnico para revelarse como el síntoma más crítico de una crisis energética integral. Lo que durante casi dos décadas fue presentado como un pilar de estabilidad macroeconómica y justicia social —el subsidio generalizado a los hidrocarburos— hoy se manifiesta como una arquitectura financiera insostenible que amenaza con socavar los cimientos de la economía nacional. Bolivia no solo enfrenta un problema de precios, enfrenta el agotamiento de un modelo de gestión que postergó lo estratégico por lo coyuntural, manteniendo el modelo de estado productor de materias primas. La política de subsidios a los derivados del petróleo si bien mantuvo precios relativamente bajos en los pasajes de transporte de pasajeros, en realidad benefició más a sectores privilegiados, como a agroindustriales, cooperativistas mineros, transporte pesado, los que se convirtieron en tenaces opositores al régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) en cuanto se acentuó la escasez de los carburantes.
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La similitud de hechos es un género de la historiografía, pues así se trata de argumentar que las glorias y los desastres actuales también los vivió la humanidad y que antes como ahora no todo fue un jardín florido o un infierno en la tierra, con la salvedad de las circunstancias existentes y reafirmando que la historia nunca se repite.
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Bolivia enfrenta actualmente una crisis que va más allá de las cifras económicas. La escasez de carburantes, el encarecimiento del costo de vida, la falta de dólares y la creciente incertidumbre social llevaron al Gobierno a declarar la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social mediante el Decreto Supremo N.º 5503. La medida que pretende estabilizar la economía abre un debate de fondo sobre quién asumirá el costo de la crisis y cuáles serán sus efectos inmediatos sobre la vida y los derechos de la población.
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A lo largo de la historia muchos autócratas se han hecho erigir palacios, monumentos, pirámides, obeliscos, arcos de triunfo e incluso museos (uno de ellos para sus prendas de vestir), sin que faltaran en sus colecciones los títulos honoríficos.
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El ejercicio de un cargo en cualquier Estado demanda cumplir varios requisitos, según señalan las leyes vigentes en el país determinado; en el nuestro, para acceder a una función pública se requieren determinadas condiciones que están señalados en la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada mediante referéndum en enero de 2009 y promulgada al mes siguiente.
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