secreto de fuente informativa
Redacción de AquíCom
(AquíCom/25/05/14) Una vez más el gobierno del presidente Evo Morales actúa de forma desmedida y por los canales equivocados —recordemos el juicio contra ANF, Página Siete y El Diario— para hacer un reclamo a los periodistas por una publicación que no fue de su agrado.
Esta vez la víctima es el periodista de La Razón, Ricardo Aguilar Agramont, por la nota que escribió en el suplemento Animal Político: “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’.”
El gobierno, en esta ocasión, utiliza la exagerada y gravísima acusación de “espionaje” y “difusión de secretos” del Estado, contra Aguilar, la máxima sanción penal (30 años) conocida en las leyes bolivianas. La intención, con esta medida, es profundizar el efecto de autocensura que ya existe en muchos periodistas, quienes ahora tendrán que pensarlo al menos cinco veces antes de escribir sobre un tema que involucre al gobierno.
Decimos desmedida porque no hay indicio alguno en el escrito de Aguilar que revele un secreto de Estado que ponga en riesgo al Estado Plurinacional o a la demanda marítima, interpuesta por Bolivia contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Prueba de esto es que el escrito tampoco fue observado por al menos tres filtros de ese medio, al tratarse de un tema sensible: el editor de área, el jefe de informaciones y el editor general.
Si el gobierno quiere dar con el “traidor” dentro de su despacho, que proporcionó los datos a Aguilar, pues que trabaje y no pida al periodista, mediante amenaza de proceso (que desde ya significa tortura sicológica), que viole el inviolable secreto de la fuente (artículo 8 de la Ley de Imprenta), principio fundamental en el ejercicio periodístico.
El procurador del Estado, Héctor Arce, que interpuso la demanda contra Aguilar, dice en tono amistoso que no se trata de atacar al medio o al periodista, sino conocer el nombre del funcionario infidente, pero al mismo tiempo sostiene la daga en la espalda del periodista.
De darse esta situación, porque el gobierno hará uso de todos sus recursos si se empeña en arrebatar el nombre a Aguilar, sería un precedente nefasto principalmente para el gobierno, que una vez más demostrará su actitud intolerante y su vocación antidemocrática (AquíCom/25/05/14).