"Por la Defensa de la Vida y Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la Democracia"
AL PUEBLO PACEÑO Y BOLIVIA TODA
Después de 63 días de iniciada nuestra sacrificada caminata, con nuestros hijos e hijas a cuestas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, después de haber atravesado montes, ríos, pampas, cerros y laderas, habiendo sufrido amenazas, insultos, discriminación, calumnias e injurias de sus escasos adherentes, así como también respaldo, adhesiones, aplausos y mucha solidaridad, los pueblos indígenas de tierras bajas y naciones originarias de tierras altas, arribamos a la ciudad de La Paz. Con mucho coraje y firmes en la defensa de nuestros derechos, al pueblo paceño y a Bolivia toda, expresamos lo siguiente:
1. Agradecemos infinitamente al pueblo paceño por la solidaridad y el apoyo expresado en un contundente recibimiento y resguardo de la columna de la IX Marcha Indígena Originaria, que a pesar de las amenazas, amedrentamiento y la violencia generada por grupos intolerantes progubernamentales, han demostrado valientemente una vez más su compromiso inquebrantable con la vigencia del estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la defensa de nuestros derechos, el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales.
2. Pocas veces en la historia de nuestro país un sector social como el nuestro ha sido tan humillado e injustamente tratado por un gobierno, como éste: tendríamos que remontarnos a las épocas de la colonia, la explotación del caucho o del apogeo de la hacienda tradicional pre-1952, para encontrar tal grado de discriminación y racismo descargado en contra nuestra. Ahora esto se manifiesta en exclusión e intolerancia cuando reclamamos el cumplimiento y defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.
3. Si el año pasado fuimos reprimidos salvajemente un 25 de septiembre, este año, antes y durante su caminata la IX Marcha fue objeto de una estrategia gubernamental, dirigida a evitar el cumplimiento de las conquistas de la VIII Marcha del año 2011, ahogar la IX Marcha y, propinar a los pueblos indígenas una derrota política. La mencionada estrategia contempló: a) la intromisión del gobierno en las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y originarios para dividirnos, valiéndose del chantaje, soborno, el amedrentamiento y la criminalización de líderes y las organizaciones indígenas representativas. b) Hostigamiento sistemático por grupos organizados del gobierno, quienes, en San Ignacio de Mojos por ejemplo, comandados por el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, nos humillaron y discriminaron negándonos el derecho de transitar por nuestra propia casa. c) Prebenda y soborno a dirigentes y comunarios de comunidades indígenas del TIPNIS, buscando doblegar su voluntad para que acepten la construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari y desconozcan a sus estructuras orgánicas representativas. d) Campaña millonaria por medios masivos de comunicación orientada a la desinformación sobre la consulta ilegal y calumnias a líderes de la IX Marcha Indígena Originaria. e) finalmente, la acción política bajo título de sentencia constitucional del 18 de junio, ilegalmente nos impone consensuar de forma obligatoria el protocolo de esta consulta con terceros ajenos a nuestro territorio.
4. Deploramos la insensibilidad de este gobierno ante el luto de nuestra Marcha, el pasado martes 19 de junio sufrimos el trágico fallecimiento de nuestra hermana Silvia Otilia Cunay y nuestro hermano Alejandro Cayuba, así como la muerte del compañero Justo Illanes, paramédico de la Alcaldía de La Paz, quien solidariamente nos apoyaba. Insensibilidad recientemente reiterada ante la muerte de nuestra pequeña Karen Yessenia Fabricano Gutiérrez, muerte a la que el Estado le debe la continuidad de la democracia, porque los hermanos marchistas decidieron quedarse en la intemperie de Urujara con sus niños y niñas a fin de no mezclarse con el motín policial en absoluta convicción y apego a estos valores y poniendo en riesgo su integridad física. Este sacrificio, esta muestra de apego a la democracia y esta convicción pacifista, no tiene ningún valor para el gobierno, porque en lugar de promover, defender y garantizar los derechos ni siquiera nos ha permitido ingresar a la Plaza Murillo bajo fundamentos racistas esgrimidos por el Viceministro Jorge Pérez al más claro estilo colonial y patronal.
5. Manifestar que antes y durante de la actual marcha se ha invitado al gobierno a entablar un diálogo en el marco de la sinceridad y el respeto. Como respuesta recibimos insultos, menosprecio, calumnias y provocaciones de los ministros Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz y el Vicepresidente de Estado Plurinacional Álvaro Marcelo García Linera. El no atender nuestros planteamientos ni solicitudes se debe a que no aceptan lo que en el fondo expresa nuestra movilización y en concreto nuestra plataforma de demandas: una clara interpelación a su política desarrollista que contradice el paradigma del "vivir bien" y respeto de la Madre Tierra establecido en la CPE y las leyes. En este paradigma el "desarrollo" no se logra destruyendo el medio ambiente, ni provocando la desaparición de pueblos, violando los derechos humanos, o imponiendo proyectos que responden a exigencias de potencias extranjeras, empresas transnacionales o sectores capitalistas informales.
6. Manifestar que nuestra plataforma recoge las demandas de los pueblos indígenas de las tierras bajas y naciones originarias de tierras altas expresadas en nueve puntos. Como primer punto demandamos la abrogación de la Ley Nº 222 promulgada por el Presidente el 10 de febrero de este año, que definió arbitrariamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atraviese el TIPNIS, contraviniendo su propia decisión del 24 de octubre de 2011, establecida en la Ley Nº 180 de protección del TIPNIS que dispone que la carretera mencionada, ni ninguna otra, pasaría por nuestro territorio, en concordancia con la CPE y las leyes vigentes. La Ley Nº 180 fue la principal conquista de la histórica VIII Marcha Indígena, la cual expresó la voluntad de los habitantes del territorio tantas veces exigida por sus comunidades y nunca escuchada por el Estado.
7. Denunciamos el sistemático ensañamiento contra los principales líderes de nuestra movilización dirigido a evitar su presencia en la mesa de diálogo e imponer dirigentes de bolsillo afines al MAS, pretendiendo negociar consigo mismo. En este sentido, la IX Marcha antes de referirse a los actos de contrabando de camiones en zonas fronterizas o de actos terroristas en el pasado de algunas autoridades gubernamentales en ejercicio, plantea un diálogo incondicional y abierto con los únicos y definitivos titulares del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según reza el título ejecutorial de propiedad colectiva Nº TCO-NAL 00029/09, firmado y entregado por el presidente Evo Morales, es decir, la Subcentral TIPNIS además de los delegados y dirigentes designados por la 9a. Marcha en coherencia con las distintas demandas planteadas en nuestra plataforma.
8. No es posible que el gobierno intente imponernos en la mesa de diálogo y en todo el proceso que definirá el destino de nuestro territorio a terceros que nada tienen que ver con nuestro territorio y que han renunciado a ser parte de la TCO-TIPNIS, como las 11 comunidades del CONISUR misma que está afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Federación Única de Trabajadores del Trópico de Cochabamba. Comunidades que persiguen intereses liberales de propiedad individual y relación mercantil que sólo buscan el enriquecimiento a costillas de los recursos naturales que son de todos los bolivianos y bolivianas en absoluta contraposición a la visión de los pueblos indígenas.
9. Convocamos a la población urbana rural de todo el territorio nacional y a las organizaciones gremiales, juntas vecinales, estudiantes, obreros y demás sectores sociales, a sumarse a nuestras justas demandas y la constante lucha por defender la vida, la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la CPE y respeto de la democracia.
Es dado en la ciudad de La Paz, el 30 de junio de 2012.