Buenas señales*

En medio de la tensión creada por la protesta del departamento de Potosí, el vicepresidente Álvaro García Linera optó por dar plenas garantías a la empresa Sumitomo de que el Gobierno respetará el contrato de explotación del yacimiento San Cristóbal, ubicado en Uyuni. El apuro del vicepresidente se debía a que la protesta potosina había llegado a ocupar por la fuerza la mina Manquiri, ubicada al pie del Cerro Rico, con la intención de presionar al Gobierno para que cumpla antiguos compromisos. Y esos mismos dirigentes habían dicho que el próximo paso de la protesta sería la toma de San Cristóbal, a lo que le siguieron versiones sobre una presunta intención del Órgano Ejecutivo de nacionalizar esa explotación.

Pues ahora, por boca del señor vicepresidente, se sabe que el Gobierno nacional ha decidido dar todas las garantías a las empresas extranjeras que deseen operar en el país, porque, según dijo, Bolivia las necesita. La explicación puntual fue dicha de la siguiente manera: “El revolucionario Lenin, socialista, comunista como nosotros, planteaba la necesidad de que un gobierno revolucionario tuviera acuerdos con empresas extranjeras para producción en gran escala”.

La mina San Cristóbal, que cuenta con un sistema ferroviario propio para llevar el mineral hasta Chile, es ahora controlada por Sumitomo después de haber pertenecido a otros empresarios, como el señor George Soros. Después de dar estas seguridades a San Cristóbal, es probable que el Gobierno nacional considere la necesidad de extender las garantías a todos los empresarios, no solamente a los extranjeros, para que puedan hacer sus inversiones sin temor a nacionalizaciones y menos a invasiones o avasallamientos.

Las organizaciones de empresarios mineros estuvieron pidiendo con insistencia que el Gobierno expulse a los avasalladores de minas en todo el altiplano y seguramente ahora, con el gesto del vicepresidente, esas garantías van a ser concedidas. Lo importante, dijo el segundo mandatario, es crear el clima propicio para dar estabilidad económica al país, por lo que ahora la intención es evitar cualquier provocación que pueda ser considerada un atropello a la libre empresa y a la propiedad privada.

 Con las limitaciones anunciadas por el presidente al trámite de la ‘consulta previa’ a los indígenas que habitan zonas de interés empresarial, el Gobierno se propone llevar garantías también a las petroleras. Son señales alentadoras.

*Editorial del diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra, del 2 de agosto de 2015.